En agosto de 2013, el Partido Popular borró los discos duros de los ordenadores de su tesorero, Luis Bárcenas, cuando dejó el partido. El PP remitió un escrito a la Audiencia Nacional avisando de que los discos duros de los dos ordenadores que el contable tenía en la sede de la calle de Génova se borraron cuando el contable abandonó la formación. El Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia había emplazado a las partes a asistir al volcado de la información de las computadoras que el PP entregó al magistrado del caso Gürtel, para que se cotejara con los archivos que el investigado puso en manos del juez Pablo Ruz sobre la supuesta contabilidad B en la formación. La prueba nunca se llegó a practicar. Los discos duros habían sido destruidos, probablemente a martillazos, de forma que se destruyeron pruebas fundamentales para aclarar el turbio asunto de los pagos en B a altos cargos del partido. Hoy, doce años después, ha vuelto a ocurrir.
Los grupos parlamentarios del PSPV-PSOE y Compromís en Les Corts Valencianes han denunciado el borrado de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat del día de la dana, el 29 de octubre, tanto del interior como del exterior del edificio. Así consta en el escrito que el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Santiago Lumbreras, ha remitido a la Presidencia de Les Corts en respuesta a la petición del PSPV y Compromís de que se les facilitara una copia de las imágenes para comprobar la versión del president, Carlos Mazón, sobre qué hizo el día de la dana entre las 14.00 y las 20.28 horas, cuando él dijo que llegó al Cecopi.
Estamos probablemente ante un asunto de destrucción de pruebas de un sumario, el de la dana, que planea peligrosamente sobre la cabeza de Mazón. Por lo visto, es el sello de la familia, la marca de la casa, una práctica que empieza a ser demasiado habitual. Es cierto que en las sentencias relacionadas con el caso Bárcenas no aparece ninguna referencia concreta a los supuestos martillazos a los ordenadores, pero se reconoce como hechos probados la sobrescritura en los discos duros y su posterior rayado. El martillo ha quedado como una metáfora de que en ese partido pasan cosas raras cuando se trata de colaborar con la Justicia, cosas como que, por ejemplo, los balances contables de Bárcenas, en su día fundamentales para comprobar la financiación del partido, desaparecen como por arte de magia. Y ante semejante escándalo, ¿qué hace la Justicia? Pasa palabra. El Poder Judicial de este país actúa con demasiada lentitud y da demasiado tiempo a quién está siendo investigado para que haga desaparecer todo aquello que le pueda perjudicar ante un tribunal. Unas veces porque la Justicia carece de recursos, otra porque reacciona de forma exasperantemente pausada, el caso es que en este país se da todo tipo de facilidades a quien planea quitarse encima todo rastro que le incrimine en algo.
El caso de la dana es especialmente sangrante. El secretario autonómico informa en un escrito, remitido a Les Corts el pasado 11 de abril, de la destrucción de las grabaciones en cumplimiento del artículo 8 de la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de cámaras de vídeo por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos. Dicho artículo establece que las grabaciones serán borradas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.
¿Es legal lo que se ha hecho? Sí. ¿Podría la Justicia haber pedido antes ese testimonio audiovisual? También. Ambas cosas son ciertas y sumadas arrojan una sombra de sospecha sobre el sistema, demasiado laxo con este tipo de asuntos. De momento, el síndic del PSPV, Joan Muñoz, ha acusado a Mazón de “destruir pruebas a martillazos” al reconocer el borrado de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat del día de la dana y ha lamentado que con ello “no respeta las pruebas que podrían dar luz sobre lo ocurrido el 29 de octubre”.
Muñoz, en declaraciones en rueda de prensa tras la Junta de Síndics de Les Corts, ha lamentado asimismo que “más de cinco meses después seguimos sin saber qué hizo Mazón el 29 de octubre entre las 14.00 y las 20.28 horas, que es cuando dice que llegó al Cecopi” (Centro de Coordinación Operativa Integrado).
A su juicio, Mazón “es un mentiroso compulsivo que está intentando salvarse a sí mismo y se olvida de trabajar para dar respuesta a las víctimas de la dana” y le ha reprochado que no sea capaz de asumir ningún tipo de responsabilidad. Muñoz ha advertido al PP y al president de la Generalitat que “no todo vale” y ha considerado que lo que tiene que hacer es “irse a su casa y convocar elecciones. Los valencianos y valencianas necesitamos votar”. Todo son cantos de sirena y brindis al sol. Lo único cierto es que una prueba fundamental se ha perdido. ¿Ha dejado escapar la araña a su presa a través de los agujeros de la red? El sistema, una vez más, ha fallado. El escándalo está servido.