Salomé Pradas, exconsejera de Interior del Gobierno valenciano, ha contestado sobre su imputación al juzgado de Catarroja, que investiga la nefasta gestión de la Generalitat durante la riada del 29 de octubre. Lejos de asumir la responsabilidad, el abogado de Pradas ha reclamado a la jueza Nuria Ruiz que archive la causa y de paso ha atribuido la culpa de lo ocurrido al Ejecutivo central por no haber acometido las obras de acondicionamiento en el barranco del Poyo. Además, la exconsellera califica de “absolutamente inadmisible” que se le haya tratado como “cabeza de turco”, cargándole los 228 fallecimientos y los miles de heridos. Eso sí, de Carlos Mazón ni media palabra.
Resulta extraño que Pradas asuma “comerse el marrón” de tanta negligencia, la más grave que nadie en el gabinete de crisis fuera capaz de decretar, a tiempo, la orden de enviar los mensajes de alerta telemática a la población, unos avisos que podrían haber salvado numerosas vidas. Ella era la competente para apretar ese botón rojo y, cuando lo hizo, miles de valencianos estaban ya atrapados bajo el agua en sus casas, en las carreteras, parkings, centros comerciales y puestos de trabajo.
Según su recurso de apelación presentado a la jueza de Catarroja (Pradas figura como imputada en la causa), la causa del desastre fue la “inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo, obras no ejecutadas por decisiones de Administraciones anteriores”. Y añade el escrito: “Nadie ha atentado contra la vida de los fallecidos” y la causa fundamental de esas muertes fue “la magnitud de una catástrofe natural”. Esta, “por sus características y velocidad de su curso”, constituyó “un fenómeno de imposible previsión o en su defecto, de evitación”, por lo que “lo procedente es el archivo”, afirma el recurso.
No opina lo mismo la jueza de Catarroja, para quien está claro que hubo una gravísima negligencia al no lanzarse a tiempo ese mensaje de alerta a la ciudadanía. La línea de investigación de la instructora va directamente dirigida a tratar de encontrar a los responsables de la tragedia entre los integrantes del Consell, de ahí que sorprenda el hecho de que los letrados traten de desviar la atención poniendo el punto de mira en el Gobierno central. Si la gestión de la catástrofe fue un despropósito, la defensa jurídica de Pradas no lo es menos. Va por mal camino la línea defensiva, entre otras cosas porque la instructora ya ha dejado claro que la Generalitat Valenciana era la administración competente para atender la emergencia y que “conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva” tres horas antes de la alerta emitida a las 20.11 horas. Es decir, las autoridades autonómicas alertaron tarde, mal y nunca, tal como consta en la abundante documentación que obra en poder de la titular del juzgado valenciano. Y esa desidia provocó desgracias personales.
Así las cosas, llama la atención que los abogados de Pradas no disparen contra quien tienen que disparar, en este caso el presidente de la Generalitat como máximo responsable del dispositivo de emergencias, sino contra Pedro Sánchez. Sin duda, se trata de un constructo argumentativo ciertamente frágil y que con el paso del tiempo, a medida que vaya avanzando la instrucción, se irá desmoronando o diluyendo. Poco a poco irá aflorando la verdad y ni cien comisiones de investigación en el Senado controladas por el PP podrán tapar lo que es un secreto a voces: que Mazón no estaba donde tenía que estar aquella tarde, que se dio a una comida en el restaurante El Ventorro mientras sus paisanos se ahogaban, que desertó gravemente de su responsabilidad. La jueza de Catarroja no va a desviarse ni un milímetro de su sospecha principal, que no es otra que la Generalitat fue la responsable directa de las muertes por no haber avisado a tiempo de la riada. Y en ese terreno, Pradas está perdida. Más tarde o más temprano tendrá que contar las cosas que pasaron aquella tarde, sus conversaciones con Mazón, las órdenes paralizadas, los teléfonos apagados o fuera de cobertura y el pantallazo a negro en el Cecopi (durante un largo tiempo los valencianos estuvieron abandonados a su suerte y sin nadie al mando).
Pradas tuvo su parte de responsabilidad (ella misma se inculpó al reconocer que desconocía la “existencia de un mecanismo que se denomina ES-Alert”), pero por encima de ella estaba el jefe, a quien ahora trata de tapar por alguna extraña razón que se nos escapa. ¿Por qué la exconsellera cesada por Mazón como cabeza de turco, como muy bien ha dicho ella, no le ha contado toda la verdad a la jueza de Catarroja? ¿Está dispuesta a asumir la responsabilidad en la muerte de 228 personas? ¿Están los letrados de la defensa en estrecha coordinación con Génova 13? ¿Qué le han prometido a Salomé Pradas si calla? Mucho nos tememos que sus abogados irán modulando la estrategia defensiva a medida que la instrucción vaya progresando. Hoy les conviene seguir manteniendo la teoría de la conspiración (el contexto político y las órdenes de Feijóo les marca la pauta a seguir), pero dentro de no demasiado tiempo, cuando la jueza haga aflorar toda la verdad y la posición de la exconsellera sea insostenible, a Pradas no le quedará otra alternativa que soltar todo lo que sabe. Hoy la imputada es un enigma encerrado en un misterio, o sea mutis por el foro; mañana quizá sea una caja de Pandora abierta que airee las vergüenzas de aquella tarde en la que se hundió todo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.