A primera hora de la mañana del pasado sábado, un incendio devastador arrasó el asentamiento de chabolas conocido como “El Sevillano” en Lucena del Puerto (Huelva), dejando a decenas de jornaleras y jornaleros migrantes sin hogar. El fuego destruyó cerca de 120 chabolas sin que se produjeran víctimas. Según declaraciones de las propias personas afectadas, en torno a 100 personas se verán obligadas a pasar los últimos días del año al raso ante la falta de alternativa habitacional.
Alcaldes que no están al servicio de todos los ciudadanos
Los colectivos sociales han condenado, especialmente, la falta de acción del consistorio de Lucena del Puerto, cuyo alcalde "se ha negado a habilitar instalaciones municipales para el realojo de emergencia de las personas afectadas". Asimismo, denuncian que la única propuesta ofrecida por el ayuntamiento ha sido "que estas personas ocupen chabolas vacías”.
Por su parte, voluntarios de la Asociación ‘La Carpa’, quienes estuvieron repartiendo agua embotellada durante la mañana del sábado, ha expresado su "indignación ante la actitud de la delegada de Asuntos Sociales del ayuntamiento". Según los voluntarios, la delegada recriminó a las personas afectadas diciendo: “como tiréis los papeles al suelo no voy a volver a traeros nada y tampoco voy a dejar que entre nadie aquí a traeros nada”.
Entre 2.000 y 4.000 personas malviven en 40 asentamientos
En la provincia de Huelva existen más de 40 asentamientos como este, donde malviven entre 2000 y 4.000 personas dependiendo de la estación del año. A pesar de las reiteradas denuncias de las organizaciones sociales sobre las condiciones infrahumanas en estos asentamientos, las Administraciones Públicas siguen sin actuar de manera efectiva. Los ayuntamientos continúan negando el derecho a empadronamiento de estas personas, mientras que la Junta de Andalucía lleva meses difundiendo un "plan para la erradicación de asentamientos” que no está aún elaborado y del que sólo se conocen declaraciones en prensa.
Abandono institucional y empresarial en una crisis humanitaria
Las organizaciones sociales, ONG y colectivos denuncian la "falta de responsabilidad y humanidad: las instituciones y el sector empresarial han demostrado una falta de empatía, humanidad y responsabilidad hacia las personas migrantes que sostienen la economía de la región. Estas personas jornaleras son fundamentales para el éxito de unas campañas agrícolas que genera millones de euros anualmente y que se considera “el motor económico” de Huelva y Andalucía".
Asimismo, apuntan a la vulneración de derechos humanos y laborales: "durante más de 25 años, miles de personas trabajadoras han habitado chabolas insalubres sin agua, sin electricidad ni recogida de basura, perpetuando un ciclo de exclusión social incompatible con un estado de derecho"-
Y respecto a la situación de las mujeres jornaleras, dicen que "llama la atención que en este incendio se han quedado sin techo decenas de mujeres. La mayoría de ellas cuentan que han estado trabajando varios años bajo la Orden GECCO. Sin embargo, todas ellas decidieron quedarse de forma irregular en España porque el salario que ganaban no era lo que les prometían. Es decir, ese contrato en origen, que las autoridades venden como una forma de migración ordenada, deja en la estacada a unas trabajadoras que terminan en los asentamientos de la vergüenza como única salida para poder mantener a sus familias", argumentan.
Exigencias urgentes
Las asociaciones instan a las autoridades a tomar medidas inmediatas respecto al alojamiento de emergencia, pues "las administraciones competentes y, en especial el Ayuntamiento de Lucena del Puerto, deben garantizar una alternativa habitacional inmediata para las personas afectadas, ya que se encuentran ante una situación de emergencia humanitaria y proporcionar una solución habitacional digna a largo plazo".
Sobre la erradicación del chabolismo consideran que "es imprescindible implementar un plan serio para acabar con los asentamientos y ofrecer alternativas habitacionales adecuadas para las trabajadoras y trabajadores que sostienen el sector agrícola".
Asimismo, exigen compromiso institucional: "Las administraciones deben abandonar el racismo institucional y priorizar políticas que respeten los derechos humanos y laborales de estas personas", señalan.
Una llamada a la acción
"El incendio en este asentamiento es una prueba más de la desidia institucional ante una situación que se prolonga desde hace décadas", lamentan las organizaciones sociales, que han avanzado que no cesarán en su lucha "por la dignidad y los derechos de las personas jornaleras migrantes, quienes con su trabajo diario contribuyen al desarrollo económico de la región, mientras enfrentan condiciones de vida inaceptables impropias de un estado de derecho".