Por mucho que un más que dudoso equipo de verificación contra noticias falsas de Canal Sur y el propio Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla se hayan afanado al unísono estos días en articular una teoría conspirativa de presuntos bulos informativos en torno al plan de legalización de regadíos en el entorno de Doñana que PP y Vox están tramitando en el Parlamento autonómico, nadie cree a día de hoy este discurso que el PP a nivel nacional ha armado para hacer frente a la avalancha de críticas a todos los niveles recibidas, que por primera vez han hecho ver a la opinión pública andaluza el verdadero rostro irascible del presidente andaluz al encararse directamente con una periodista enarbolando un artículo inexistente de la proposición de ley de su gobierno.
El PP se ha quedado prácticamente solo en la defensa del plan de Moreno Bonilla, que ya el propio presidente andaluz lo aparcó a finales de la pasada legislatura ante la posibilidad más que probable de que le restara votos potenciales ante la inminente celebración de los comicios autonómicos del pasado junio. El número 3 del Partido Popular, Elías Bendodo, se ha sumado junto al propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en la defensa de este proyecto del ejecutivo andaluz, con el único apoyo de la ultraderecha, pese a las atronadoras oposición encontrada en la Unión Europa, las organizaciones científicas y la oposición parlamentaria andaluza casi en pleno a excepción de Vox.
La posibilidad real de que desde Bruselas se impongan contundentes multas millonarias por contravenir las normas comunitarias para la defensa de este entorno natural único en el continente europeo, que debería abonar el Estado español en su conjunto, sólo ha aflojado en parte el ímpetu que mantiene Moreno Bonilla y su equipo con este proyecto, que sólo con la boca pequeña se ha abierto a realizar “modificaciones”, en un claro síntoma de marcha atrás en toda regla que el Gobierno andaluz pretende articular al tiempo que tanto la televisión autonómica como los miembros del ejecutivo autonómico montan un discurso oficial de supuestos bulos procedentes de la oposición parlamentaria, las organizaciones ecologistas, las instituciones científicas e incluso los máximos responsables a nivel comunitario europeo.
La marcha atrás del proyecto de ley que comienza a ensamblar el Gobierno andaluz intenta camuflarla con la ofensiva de supuestas noticias falsas en torno a la amnistía a los regantes de Doñana
La pasada semana, la Junta de Andalucía respondió de forma oficial a las advertencias de la Unión Europea con un escrito en el que aseguraba que con la iniciativa parlamentaria el acuífero de Doñana “ni se toca ni se afecta”. El informe enviado por el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, José Enrique Borrallo, es la respuesta del ejecutivo andaluz a una carta de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, en la que advertía de los posibles incumplimientos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que, en junio de 2021, condenó a España por no proteger el acuífero de Doñana.
Además, este lunes 24 de abril, el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, ha viajado hasta Bruselas para explicar in situ el proyecto andaluz al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. Fernández-Pacheco ha vuelto a insistir en la marcha atrás que ya avanzó el propio Moreno Bonilla días antes sobre la idea de que la proposición de ley que tramita la Cámara autonómica no es un tema cerrado, que depende de la negociación parlamentaria. A día de hoy, solo Vox apoya el proyecto del PP, y el resto de formaciones con representación en el Parlamento andaluz se oponen frontalmente al mismo.