Isabel Díaz Ayuso vuelve a demostrar que su prioridad no es garantizar el bienestar de la ciudadanía, sino alimentar el negocio de las empresas privadas a costa de los servicios esenciales. Su último movimiento: la construcción de 40 nuevas residencias de mayores en la Comunidad de Madrid sin asegurar que serán de gestión pública. Una decisión que ha encendido las alarmas de sindicatos, asociaciones de familiares y partidos políticos, que denuncian un nuevo intento de hacer caja con la vejez.
Para frenar esta maniobra, colectivos como UGT Madrid, CCOO de Madrid, Amnistía Internacional Madrid, la Marea de Residencias y la asociación 7.291 Verdad y Justicia se convocado se han concentrado en la Puerta del Sol. Su exigencia es clara: que todas las nuevas residencias sean de gestión 100% pública y que se acabe con el modelo de concesiones que ha demostrado ser un fracaso.
El modelo de Ayuso: privatizar la vida y la muerte
Bajo el disfraz de la "colaboración público-privada", el Gobierno de Ayuso ha convertido la atención a los mayores en un lucrativo negocio para empresas privadas. Actualmente, solo el 6,72% de las plazas en residencias de la Comunidad de Madrid son de gestión directa pública. El resto están en manos de fondos de inversión y grandes corporaciones que anteponen el beneficio económico a la calidad del servicio.
Las cifras hablan por sí solas. Durante la pandemia, la mortalidad en las residencias privatizadas alcanzó el 21,9% entre marzo y abril de 2020, mientras que en las públicas fue del 7,4%. La diferencia no es casualidad: en los centros privatizados, las condiciones laborales del personal son precarias, los recursos son escasos y la atención es deficiente. A pesar de estos datos escalofriantes, Ayuso se empeña en seguir favoreciendo a las empresas privadas en lugar de reforzar el sistema público.
Residencias como negocio: fondos buitre al acecho
El plan de Ayuso prevé que estas 40 residencias sean construidas con dinero público, pero gestionadas por empresas privadas. Es decir, el Gobierno regional pagará la factura inicial, pero serán las compañías quienes se lucren durante décadas con la explotación de estos centros.
"Es un modelo diseñado para garantizar beneficios empresariales, no para mejorar la vida de los mayores", denuncia José Ángel Gómez Chamorro, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Según sus cálculos, la inversión pública se amortizará en unos 12-14 años, dejando otros 36 años de ganancias aseguradas para las empresas privadas.
Mientras tanto, la lista de espera para conseguir una plaza en una residencia pública sigue disparada. Actualmente, hay más de 8.000 personas esperando un lugar donde poder ser atendidas en condiciones dignas, pero la Comunidad de Madrid sigue apostando por la privatización en lugar de reforzar el sistema público.
Un plan sin transparencia ni participación
Los ayuntamientos han recibido una petición del Gobierno regional para ceder terrenos públicos para la construcción de estas residencias, pero sin información clara sobre cómo se gestionarán ni si tendrán voz en el proceso. "Nos piden ceder suelo público sin garantías de que esas residencias vayan a ser públicas. Es una trampa", advierte un portavoz de la Federación de Municipios de Madrid.
Además, la falta de transparencia es absoluta. No hay estudios previos sobre la ubicación de los centros ni un plan para garantizar que realmente cubran las necesidades de la población. "Esto no es planificación, es propaganda. Un intento de Ayuso de vender humo y de aparecer como la gran defensora de los mayores, cuando en realidad está favoreciendo un modelo que los convierte en mercancía", denuncia Laura Muñoz, secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid.
La respuesta: movilización y exigencias claras
Los colectivos convocantes de la protesta en Sol no solo exigen que las nuevas residencias sean de gestión 100% pública, sino que reclaman un modelo que garantice:
- Personal suficiente y con condiciones laborales dignas.
- Unidades de convivencia reducidas para ofrecer una atención individualizada.
- Supervisión real para evitar los abusos y el deterioro del servicio.
- Participación de residentes, familiares y trabajadores en la gestión de los centros.
"No se trata solo de construir más residencias, sino de garantizar que sean espacios donde los mayores puedan vivir con dignidad, no almacenes donde se les aparque hasta su muerte", sentencia María Jesús Valero, presidenta de la asociación 7.291 Verdad y Justicia, que agrupa a familiares de víctimas de la COVID-19 en residencias.
Ayuso y su historial: la muerte como política de Estado
Este nuevo intento de privatización se suma a la larga lista de despropósitos en la gestión de las residencias madrileñas. Durante la pandemia, el Gobierno de Ayuso bloqueó la derivación de ancianos a hospitales, provocando la muerte de miles de personas sin recibir atención médica. Un escándalo que sigue impune y que la presidenta pretende enterrar bajo anuncios de nuevas residencias, sin cambiar ni una sola de las condiciones que provocaron aquella tragedia.
"No olvidamos que Ayuso dejó morir a 7.291 residentes sin asistencia sanitaria mientras su Gobierno protegía los intereses de las empresas privadas. Ahora intenta lavar su imagen con este proyecto, pero sabemos que su único objetivo es seguir enriqueciendo a los mismos de siempre", denuncian desde la Marea de Residencias.
Una oportunidad para frenar el expolio
La movilización del 19 de marzo es una oportunidad para poner freno a este nuevo pelotazo privatizador. La ciudadanía madrileña ya ha demostrado en el pasado que no está dispuesta a permitir que los servicios públicos sean vendidos al mejor postor. Ahora, toca volver a la calle para exigir que las residencias sean 100% públicas y que la dignidad de nuestros mayores no sea un negocio más para los amigos de Ayuso.
El mensaje es claro: 40 residencias, pero públicas. Ni un euro más para el negocio de la miseria.