El Plan Vive, promovido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se presenta oficialmente como una apuesta por la vivienda pública en régimen de alquiler asequible. Sin embargo, la realidad que enfrentan muchos de los adjudicatarios de estos inmuebles es muy distinta: precios elevados, viviendas con desperfectos y un sistema que complica enormemente abandonar los pisos cuando surgen problemas.
En varias promociones del Plan Vive, especialmente en municipios como San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Getafe y Alcalá de Henares, los alquileres de pisos de una habitación superan los 800 euros, mientras que la Comunidad exige un ingreso mínimo de alrededor de 2.000 euros al mes para acceder a ellos. Esta barrera económica deja fuera a gran parte de la población que realmente necesita vivienda pública.
Los vecinos que han logrado mudarse a estos pisos denuncian que los inmuebles presentan problemas graves desde el principio: goteras, instalaciones eléctricas defectuosas, paredes agrietadas, baños mal acabados, tuberías obstruidas y zonas comunes sin mantenimiento. Además, muchos de estos apartamentos incluyen cargos extra que normalmente deberían asumir los propietarios, como IBI, tasas de basura o gastos de comunidad que incluyen servicios como gimnasio, piscinas o portero automático.
Salida complicada y fianzas retenidas
El principal problema surge cuando los inquilinos intentan abandonar los pisos. A pesar de entregar la vivienda limpia y vacía, la mayoría se enfrenta a descuentos arbitrarios sobre la fianza y la garantía adicional, con justificantes poco claros o inexistentes. Casos recientes han revelado descuentos que superan los 1.300 euros, pese a que los desperfectos alegados son mínimos o incluso inexistentes.
Júlia Trullà y Jorge Infer, una pareja que se mudó al Plan Vive de San Sebastián de los Reyes, relatan en El País que tras seis meses en la vivienda tuvieron que pagar casi 1.300 euros por “repasos de pintura” de daños apenas visibles. La empresa gestora, Sogeviso, no proporcionó facturas ni desgloses detallados. “Es como una secta: una vez entras, salir se convierte en un juego de desgaste. Se quedan con la fianza y tú terminas pagando de más”, denuncian.
Otros inquilinos han tenido que asumir incluso gastos de luz correspondientes a meses en los que ya no vivían en la vivienda porque las gestoras no realizaron el cambio de titularidad. La sensación de indefensión es generalizada: comunicaciones que tardan días en responderse, excusas sin fundamento y la sensación de que los vecinos son simples números en una hoja de cálculo.
Vivienda pública o negocio privado
El Gobierno de Ayuso se limita a inaugurar nuevas promociones y señalar a las empresas concesionarias como responsables de cualquier incidencia. Los vecinos denuncian que, detrás de la fachada de “vivienda pública”, se esconde un modelo que beneficia a fondos privados y especuladores, más que a quienes necesitan un techo asequible. Alejandro, un veterano de este tipo de promociones, asegura que los pisos no están destinados a jóvenes vulnerables sino a crear barrios con votantes cautivos, con chalés de medio millón de euros a la vista y coches de lujo en los garajes.
Recientemente, la presencia de inversores extranjeros inspeccionando varias promociones ha reforzado la percepción de que el Plan Vive se ha convertido en un instrumento de negocio y especulación, más que en una solución habitacional para la ciudadanía.
El Plan Vive sigue creciendo en número de pisos inaugurados, pero la falta de control sobre las gestoras y los problemas estructurales de las viviendas ponen en entredicho la supuesta apuesta por la vivienda pública “asequible” de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, quienes confían en estas viviendas se enfrentan a un laberinto de gastos, trabas y reclamaciones que convierten el sueño de un hogar accesible en una auténtica pesadilla.