El equipo de abogados del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene preparada una batería de iniciativas en contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no sólo de tipo jurídico. También diseña una ofensiva política y social cuyo punto culminante será el próximo congreso de Junts Per Catalunya donde su formación decidirá su política de pactos, entre otros, si apoya al gobierno de Pedro Sánchez o, por el contrario, empieza una política de oposición que desembocaría en el final de la legislatura.
De momento, el trabajo de los letrados que representan al dirigente independentista se centra en la batalla contra el juez Pablo Llarena. Han presentado una denuncia contra el magistrado en el Consejo General del Poder Judicial por el "retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución" de los recursos a la aplicación de la ley de Amnistía. Consideran que el juez del Tribunal Supremo ha incurrido en una infracción disciplinariade la ley orgánica del Poder Judicial al haberse "excedido con creces el plazo previsto" en el ordenamiento para resolver los recursos, y piden que se investigue si ha cometido una falta muy grave que podría suponer la suspensión de sus funciones. Lo más probable es que el máximo órgano de los jueces rechazará la admisión a trámite de la denuncia. No está el Consejo para ese tipo de acciones en un momento en el que la división en su seno no les deja elegir a un presidente.
Una cosa sí parece clara a decir de los expertos juristas. Este “retraso injustificado” puede ser, en realidad “un retardo malicioso”. Ya que es que es imposible que este asunto no llegue al Tribunal Constitucional, hay una forma de retrasar su llegada a la corte de garantías. La estrategia del Tribunal Supremo puede consistir precisamente en eso: “retrasar lo más posible el momento del debate en el TC con la esperanza de que haya alguna vía de reventar la legislatura, antes de que esto ocurra “. Esa es la opinión del catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, pero también la sensación de otros analistas quienes creen que los jueces de la sala de Lo Penal van a utilizar todas las herramientas a su alcance para que, al final de la manera que sea, incluso con cambio de gobierno, la ley acabe por decaer, o, al menos, sus artículos más polémicos como es el perdón al delito de malversación.
Gonzalo Boyé, el abogado que coordina el equipo de letrados de Puigdemont, cree que los recursos presentados contra la negativa de Pablo Llarena de amnistiar al expresident por el delito de malversación deberían de haberse resuelto en la primera quincena de julio. Se da por descontado que Llarena va a desestimar estos recursos por lo que deberán acudir en súplica a la sala donde saben, con seguridad, que Marchena también los rechazará. Por eso quieren que se agilice antes de que finalice el año porque sólo entonces estarán en condiciones de presentar la petición de amparo en el Tribunal Constitucional donde esperan un fallo positivo. No es que la corte de garantías vaya a amnistiar a los que no se han podido beneficiar de la ley por el delito de malversación. Pero ocurrirá algo parecido a lo de los ERES de Andalucía. Que obligará al Supremo a reformular su resolución.
No todo queda ahí. El equipo jurídico de Puigdemont va a presentar una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TEDH con sede en Estrasburgo, porque consideran que, con la negativa de amnistiar al dirigente independentista se están vulnerando varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos. El TEDH forma parte de la batalla legal que van a llevar a cabo en el viejo continente y en la cual no entra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque tienen claro que los jueces españoles ya se encargan de plantear la “cuestión prejudicial” sobre la ley de amnistía por lo que dan por asegurado el pronunciamiento de la justicia europea que están convencidos que fallará a favor de la ley aprobada por el parlamento.
Mientras tanto, Carles Puigdemont ha tomado medidas de seguridad para evitar contratiempos. Sus abogados temen que, como respuesta a esta ofensiva jurídica, Pablo Llarena acabe por dictar la orden europea de captura y detención, ahora circunscrita al territorio nacional. Y en estos momentos, no está claro que países como Francia o Alemania no la vayan a aplicar después de las repercusiones de su segunda fuga. Y la reactivación de la euroorden puede acabar por coincidir con algún viaje del expresident. De ahí que haya decidido no salir de Waterloo porque sólo confía en el garantismo de las autoridades judiciales belgas.
Eso sí. Dentro de unas semanas viajará a Suiza, otro territorio que considera seguro, para celebrar una reunión con los dirigentes del PSOE bajo la mediación del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. Puigdemont considera fundamental su presencia en esta reunión en la que se deberá analizar la continuidad del apoyo de Junts al gobierno de Pedro Sánchez, tras las dificultades en la aplicación de la ley de amnistía y de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Junts va a exigir una posición más contundente y activa contra los jueces del Supremo por parte del ejecutivo español.
Pero el gobierno progresista está atado de pies y manos. La ofensiva de la derecha judicial está dando resultados. Han logrado paralizar el llamado “proceso de normalización” y la total aplicación de la ley de amnistía. Y no hay un plan b por mucho que se quiera. Todo va a depender del TC y del TJUE, unas instituciones que tardarán más de un año en pronunciarse. Y ahí la estrategia conservadora está clara. Creen que Puigdemont acabará por impacientarse y sin el dirigente catalán las posibilidades de supervivencia de la legislatura son escasas. Unas elecciones anticipadas, un triunfo del PP y la ley de Amnistía será papel mojado. Eso es lo que debe pensar Puigdemont antes de lanzarse al vacío.