El juez Peinado ha ordenado reabrir el rescate de la compañía aerolínea Air Europa, una operación del Gobierno de Sánchez por casi 500 millones de euros en el marco de la estrategia para reflotar grandes empresas afectadas por la pandemia. Sin embargo, más allá del impacto y la propaganda que para las derechas ha reportado el último auto del magistrado (que ordena indagar en la supuesta participación de Begoña Gómez, esposa del presidente, en la operación), cabe preguntarse qué hay de sospechoso en una medida que fue adoptada por el Ejecutivo de coalición con todas las garantías legales y con luz y taquígrafos. Y, cuando bajamos al detalle, comprobamos que este asunto no es más que otro montaje, humo propalado por PP y Vox dentro del plan para derrocar a Sánchez por cualquier medio. Esto es, hasta donde se sabe, todo lo que hay sobre un presunto escándalo que no es tal.
Nada sospechoso para la Fiscalía Anticorrupción. Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha detectado nada raro en la decisión del Gobierno de rescatar la aerolínea. El juez Peinado ha atacado a la Fiscalía por no abrir causa por este tema. Desde el inicio de la investigación, Anticorrupción ha cuestionado la validez de la causa abierta por el magistrado, argumentando que se trata de una “investigación prospectiva” sin fundamentos sólidos. Fiscalía incluso ha acusado al instructor de querer “salir de pesca” con la esposa de Sánchez, es decir, de abrirle un caso tras otro hasta ver qué encuentra (el último sería Air Europa).
Tirón de orejas de la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal ha sentenciado en varias ocasiones que no hay elementos suficientes para abrir una investigación sobre el rescate de Air Europa. Incluso ha advertido al juez Peinado que si sigue por ese camino puede incurrir en una causa “prospectiva” y anular todo lo que lleva avanzado sobre el caso Begoña Gómez, abierto por un episodio que nada tiene que ver con la aerolínea: la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, el juez Peinado ha decidido seguir adelante con la investigación, argumentando que existen “nuevos indicios” que justifican continuar con las pesquisas. La defensa de Begoña Gómez ha solicitado a la Audiencia que tome medidas para frenar la investigación, calificándola de prospectiva y sin fundamento legal.
Conclusión del Tribunal Supremo. Los magistrados del Alto Tribunal aseguran que no hay “indicio alguno” de delito contra el exministro José Luis Ábalos por el rescate de Air Europa. En un auto reciente, el magistrado Leopoldo Puente admite que el que fuera titular de Transportes llevó a cabo “gestiones” para que la aerolínea obtuviera esas ayudas “con la mayor rapidez posible”, pero afirma que su concesión ni dependía ni correspondía a sus competencias y, mucho menos, a la de su asesor Koldo García, también investigado por el cobro de comisiones en la venta de mascarillas durante la pandemia. Con esta argumentación, el juez rechaza la petición de las acusaciones de que se solicitara diversa información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre el expediente de Air Europa. Por si fuera poco, la UCO de la Guardia Civil ha emitido informes sobre el asunto de Air Europa y tampoco aprecia indicios de delito. A este respecto, todas las investigaciones sobre supuestos incrementos patrimoniales de Begoña Gómez han dado negativo. Ni comisiones por el rescate de la compañía aérea, ni cuentas en negro en paraísos fiscales, ni sociedades pantalla o instrumentales. Hasta la fecha, nada hace pensar que la familia de Moncloa se ha enriquecido con este ni con ningún otro asunto turbio.
Informe del Tribunal de Cuentas. En 2024, este organismo concluía que el rescate financiero de Air Europa y otras 29 compañías llevado a cabo por la SEPI durante la pandemia se ajustó a la normativa en la tramitación del apoyo financiero a empresas estratégicas. La decisión del organismo fiscalizador no afecta a otro tipo de cuestiones judiciales, pero sí deja claro que las ayudas públicas se concedieron en base a 13 criterios de elegibilidad prefijados por la Comisión Europea, criterios que la sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda “aplicó adecuadamente”.
El veredicto de la Justicia Europea. El Tribunal General de la UE ha avalado el rescate de la SEPI a Air Europa, así como el reflotamiento de empresas en dificultades por la pandemia a través del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas españolas que gestiona la SEPI. El fallo, motivado por un recurso de Ryanair, considera la operación conforme al Derecho de la Unión Europea. La justicia ha considerado que esta ayuda de Estado, por la que el Gobierno prestó hasta 10.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a diferentes compañías que cumplían con una serie de requisitos, es proporcionada y no discriminatoria. Al soporte financiero que ofrece el fondo se han acogido Air Europa, Plus Ultra, Duro Felguera o Avoris, y lo tienen solicitado otras empresas como Abengoa, Air Nostrum o Grupo Villar Mir.
Lo que ha dicho Bruselas. En 2021, la Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para examinar la propuesta de adquisición de Air Europa con arreglo al Reglamento de concentraciones de la UE. A la Comisión le preocupa que la operación propuesta pueda reducir la competencia en los mercados de servicios de transporte aéreo de pasajeros en las rutas nacionales españolas y en las rutas internacionales con origen y destino en España. Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de la política de competencia, declaró: “IAG, que opera con Iberia y Vueling, entre otros, y Air Europa son las principales compañías aéreas de España. También son proveedoras fundamentales de conexiones entre España, el resto de Europa y América Latina. Examinaremos cuidadosamente si la operación propuesta afectaría negativamente a la competencia en las rutas nacionales, de corta distancia y de larga distancia con origen y destino en España, lo que podría dar lugar a precios más elevados y a una menor calidad para los viajeros”. Hasta donde se sabe, Bruselas no ha reprendido al Gobierno español ni lo ha sancionado por este asunto, lo que validaría la operación de rescate.
El papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El caso Begoña Gómez llegó también a este organismo. La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) denunció a la esposa del presidente –según publicó The Objective, un digital próximo a la derecha madrileña–, por haber tomado parte en las intermediaciones con diferentes empresarios para cerrar la operación. Nada de eso se ha demostrado. El regulador tampoco ha visto nada ilícito que altere el buen funcionamiento de la competencia en los mercados.
Peinado a la suya. El juez que está investigando a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la organización de un máster ha traspasado el Rubicón al reabrir el caso Air Europa. En su auto, el magistrado rechaza los recursos presentados por Gómez y por la Fiscalía y defiende que “existen hechos que, aunque desconocidos inicialmente”, avalarían la investigación pese a que se han revelado en un procedimiento distinto. ¿Cuáles son esos hechos o nuevos indicios? ¿Supuestas amistades de la primera dama con empresarios que han salido rana, llamadas telefónicas de contenido desconocido, viajes a Rusia cuyo objetivo se desconoce? Todo es puro humo, nada concreto, ni definitivo, ni sólido para poder hincarle el diente en un juzgado. Sin embargo, Peinado continúa a la suya. El show debe continuar.