Con un respaldo parlamentario casi unánime, el Senado ha dado luz verde definitiva a una reforma histórica del Estatuto de los Trabajadores que suprime el despido automático por incapacidad permanente. Esta modificación sitúa a España en sintonía con los estándares internacionales en derechos de las personas con discapacidad y redefine el equilibrio entre protección social y obligaciones empresariales.
El Pleno del Senado ha aprobado de forma definitiva el Proyecto de Ley que reforma el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social, eliminando así la posibilidad de despedir automáticamente a un empleado tras el reconocimiento de una incapacidad permanente. La medida, que refuerza los derechos laborales de las personas con discapacidad, fue respaldada por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, y aplaudida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Con esta reforma, el trabajador o trabajadora afectado por una incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez tendrá derecho a permanecer en su puesto si así lo desea. A partir del reconocimiento de la incapacidad, contará con un mes para comunicar su decisión de continuar en la empresa. En ese caso, la empresa dispondrá de un plazo máximo de tres meses para adaptar el puesto, cambiar al empleado de función o, excepcionalmente, extinguir el contrato si demuestra que las medidas necesarias implican una “carga excesiva”.
Durante este proceso, la persona afectada seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal, lo que garantiza la cobertura económica sin interrupciones. Este aspecto fue subrayado por el Ejecutivo como un elemento clave para evitar desprotección durante la transición.
Una de las enmiendas clave introducidas en la tramitación legislativa establece que una empresa no podrá alegar “carga excesiva” si el coste de la adaptación no supera la indemnización por despido o el salario de seis meses del trabajador. Esta precisión, impulsada por Podemos, busca frenar posibles abusos empresariales y asegurar la efectividad de los ajustes razonables.
El texto también incluye un mandato al Gobierno para que, en el plazo de un año, impulse una legislación que permita adaptar los puestos de trabajo de guardias civiles, policías y militares con discapacidad, ampliando así el alcance de la protección.
Otro aspecto pendiente es la modificación del régimen de compatibilidades entre trabajo e incapacidad permanente, exigido por una disposición de la nueva norma. El Ejecutivo deberá ajustar esta normativa para evitar contradicciones con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que podrían derivar en conflictos judiciales.
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, destacó que la reforma coloca al ordenamiento jurídico español “en línea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y con las directivas europeas sobre no discriminación. Además, celebró el consenso alcanzado: “La discapacidad ha sido puente de entendimiento, incluso en un contexto de polarización extrema”.
Esta ley, aseguró, podría convertirse en “la norma laboral más relevante de toda la legislatura para las personas con discapacidad”, al garantizar su derecho a seguir contribuyendo al mundo laboral en condiciones de igualdad y dignidad.