Hoy se ha hecho público el acuerdo alcanzado entre el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y EH-Bildu para desencallar la Ley de la Vivienda, en el que se incorporarán medidas para topar el precio de los alquileres, una de las medidas defendidas por Unidas Podemos.
La cercanía de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo ha provocado que se alcance este pacto, sobre todo porque es un golpe a la línea de flotación del Partido Popular, de Vox y, sobre todo, de Isabel Díaz Ayuso. La derecha española está constantemente lanzando el bulo de que ellos son los únicos defensores de la Constitución española. Eso sí, sólo cuando no afecta a los intereses de millonarios, especuladores, grandes empresas y multinacionales. Entonces, la Constitución queda a un lado y es interpretada de manera torticera en beneficio de las minorías que acumulan riqueza y poder.
El artículo 47 de la Constitución es claro: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."
Sin embargo, el Partido Popular, en general, e Isabel Díaz Ayuso, en particular, son defensores a ultranza de la libertad de mercado y de no realizar nada que vaya en contra de los intereses especulativos en materia de vivienda. No hay más que recordar cómo, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, vendieron decenas de miles de viviendas públicas a fondos buitre, lo cual es claramente contrario a lo que señala la Constitución.
El acuerdo alcanzado para la aprobación de la Ley de la Vivienda incorpora medidas que pretenden impedir las subidas indiscriminadas a los precios del alquiler, sobre todo en una situación en la que los salarios son absolutamente precarios para las clases medias y trabajadoras. Esta es la España que quieren tanto el PP como Isabel Díaz Ayuso: sueldos de un país del tercer mundo, pero alquileres de una potencia económica mundial.
De cumplirse los plazos parlamentarios, la tan anhelada Ley de la Vivienda entrará en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales. Ahí es donde se le da un golpe durísimo a Isabel Díaz Ayuso, puesto que la presidenta madrileña se opondrá frontalmente a una ley que lo que hace es cumplir con la Constitución. Esto es difícilmente defendible de cara a unas elecciones.
Ayuso reconoció que en su espectacular victoria electoral de mayo de 2021 tuvo mucho voto prestado. Así se comprobó en los resultados de barrios y pueblos obreros. Sin embargo, la lideresa del Partido Popular sabe que para lograr su añorada mayoría absoluta necesita mantener esos votos de las clases medias y trabajadoras. La oposición radical que hará a la Ley de la Vivienda la hará muy difícil mantenerlo cuando muchos de los que confiaron en ella pasan por muchas dificultades para poder pagar el alquiler o la hipoteca.
Aquí no se trata de un gobierno bolivariano marxista estalinistas, como dirá Ayuso, sino de cumplir la Constitución y, la oposición a esta Ley de Vivienda es más grave que un referéndum ilegal.