El juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha rechazado la petición de la defensa de la primera dama para que se protejan con el “anonimato” los datos personales obrantes en la causa y que no sean objeto de investigación, alegando que esa solicitud es inconcreta y que en el estado actual de la causa no puede conocerse cuáles serán necesarios para el desarrollo de las pesquisas y cuáles no, según informa Europa Press.
De esta manera, el juez Peinado permite que los datos económicos y fiscales de Begoña Gómez puedan circular libremente por las redacciones de los medios de comunicación de la caverna, cuyos reporteros buscan hasta debajo de las piedras cualquier indicio que pueda llevarlos a encontrar dinero negro en las cuentas de la esposa de Sánchez. Hasta el momento, eso no ha ocurrido. Todas las gestiones realizadas por el juez han resultado inútiles y no se le ha podido encontrar a Gómez ni un solo euro obtenido mediante el enriquecimiento ilícito. Se da la circunstancia de que incluso los diferentes informes de la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) arrojan un resultado negativo en este sentido, ya que los agentes no han hallado prueba alguna de que la mujer del presidente esté canalizando, a través de sus cuentas corrientes, dinero procedente de algún tipo de corrupción.
Pese a todo ello, el juez Peinado sigue permitiendo el linchamiento moral de una mujer que no ha hecho más que tomar parte en un máster para la Universidad Complutense de Madrid, como hacen cientos de profesionales de este país. El instructor, en otra decisión arriesgada, va a permitir que los datos bancarios y fiscales de una ciudadana que hasta el momento no ha podido ser acusada de nada pasen de una mano a otra, de un político ultra a otro y de un periodista a otro. Es evidente que si en lugar de tratarse de la cónyuge del líder del PSOE, Gómez fuese pariente o familiar de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya le habrían abierto expediente disciplinario a Peinado, como se le ha abierto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de los presuntos delitos tributarios del novio de la lideresa madrileña del Partido Popular. Una vez más, estamos ante el doble rasero de la Justicia española.
Investigación prospectiva
En la última providencia de Peinado, el magistrado explica que la defensa de Gómez interesaba esa “anonimización respecto de los datos que no sean necesarios a efectos de investigación”, pero el juez le responde que tal solicitud de amparo es inconcreta. La “anonimización” es una técnica de tratamiento de datos que elimina o modifica los datos personales identificables para obtener datos anónimos que no se pueden asociar con ninguna persona.
“La propia inconcreción de la solicitud, añadiendo que los datos obrantes y que hacen referencia a terceros, así como los que puedan obtenerse, pueden tener repercusión penal y ser, por tanto, necesarios a los efectos de investigación, así como la imposibilidad apriorística de determinar cuáles serán o no necesarios para la instrucción de la causa, conlleva que, en el actual estado de la misma, no sea procedente acceder a lo peticionado”, recoge la providencia en el habitual estilo enrevesado y algo farragoso del instructor.
Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga a Gómez por, entre otros delitos, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, interesó el pasado diciembre que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil verificara que las cuentas bancarias que tiene localizadas a nombre de la investigada “son todas las que le constan (...) o pudieran existir alguna más”.
Adoptó esta decisión después de que a principios de diciembre recibiera del Punto Neutro Judicial una lista “incompleta” con 11 cuentas bancarias en las que figura la esposa del presidente del Gobierno con un saldo total de 40,25 euros. La defensa de Begoña Gómez advirtió entonces al juez de que la información bancaria que recibió del Punto Neutro Judicial era “absolutamente errónea”, al tiempo que le instaba a proteger sus datos personales para evitar que cayeran en manos de “terceros”, incluida la prensa de la extrema derecha.
En otra providencia, el magistrado responde a la representación letrada de la empresa Arsys Internet SLU que su comparecencia como testigo ante el juzgado debe ser presencial, máxime dadas las buenas comunicaciones entre su sede y el juzgado, ubicado en Plaza de Castilla. Esta empresa había solicitado comparecer por videoconferencia, pero Peinado considera “conveniente” la presencialidad y acuerda denegar esta petición.
Peinado ha programado para el próximo 22 de enero la testifical de los representantes de Google Spain, Indra, Telefónica, y Arsys Internet SLU para interrogarles sobre sus inversiones en el software del que sospecha que se habría apropiado la investigada. Cita también para ese día a quienes fueran vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal. Precisamente en la declaración del pasado 18 de diciembre de Begoña Gómez sobre esa rama de la investigación, descartó a preguntas de su abogado que se apropiase de marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva y el software de la cátedra, que había sido financiado por empresas.