La historia del expolio franquista del patrimonio artístico español sigue escribiéndose en los márgenes de la desmemoria. A pesar de que se confiscaron más de 20.000 obras solo en la zona centro de la antigua República, apenas quince han sido devueltas a sus legítimos dueños o herederos. El resto se encuentra desperdigado en museos, ministerios y universidades, bajo el peso de una opacidad que, como denuncia el experto Arturo Colorado, convierte la justicia histórica en una promesa incumplida.
Un expolio sistemático que nunca se reparó
Los datos que aporta Arturo Colorado, catedrático de la Universidad Complutense y uno de los mayores expertos en el estudio del patrimonio durante la Guerra Civil y la posguerra, son demoledores: 20.000 obras incautadas en Madrid, Toledo, Guadalajara o Cuenca, y apenas tres entregadas a la familia de Ramón de la Sota y once a los herederos del alcalde republicano Pedro Rico. La familia de este último espera todavía otras tres piezas que permanecen, sin explicación, en el Museo de Bellas Artes de Asturias.
El resto de las obras, miles y miles, sigue atrapado en una madeja de desidia administrativa y complicidad institucional que ha permitido que ministerios, universidades y museos construyan parte de su patrimonio a partir del expolio.
Colorado advierte que esta cifra parcial ni siquiera refleja la magnitud del problema: en comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Andalucía o Comunidad Valenciana la investigación está aún en sus inicios, y se estima que la cifra final podría alcanzar las 40.000 piezas confiscadas. Su diagnóstico es tan preciso como inquietante: «O la administración asume la globalidad de la investigación o jamás se llegará a una evaluación completa del desastre que supuso la posguerra franquista».
Opacidad, resistencia y un silencio que protege el expolio
La gravedad no se limita al número de obras sino a la actitud de las instituciones. “Existe una especie de opacidad deliberada”, denuncia Colorado. Museos, ministerios e incluso universidades se niegan a facilitar datos, o directamente impiden el acceso a sus depósitos. El catedrático apunta con nombres propios: el Ministerio de Cultura, el de Hacienda, el de Justicia y varias universidades, incluida la Complutense, albergan obras confiscadas y se resisten a la transparencia.
Los datos son claros: más de la mitad de las 20.000 piezas documentadas acabaron desviadas a organismos públicos, museos o a la Iglesia, sin rastro de un plan serio para su restitución. De las nueve universidades que recibieron obras incautadas, solo Barcelona y Oviedo han abierto investigaciones internas.
La opacidad no es solo institucional, sino política. Colorado denuncia que la investigación dirigida por el Ministerio de Cultura en los nueve Museos Estatales se ha hecho a puerta cerrada, sin expertos externos, y con cifras “hinchadas” que buscan más un titular que un compromiso real. Tras ese gesto, el experto teme que el ministerio considere “cubierto el expediente” y cierre la puerta a seguir investigando.
El riesgo es evidente: confundir la gestión del patrimonio con propaganda política, cuando lo que está en juego son derechos vulnerados y memoria histórica.
El mapa del expolio: 2.000 obras desaparecidas y decenas de museos en entredicho
Colorado advierte que más de 2.000 obras están directamente desaparecidas, sin rastro alguno. Otras muchas duermen ocultas en los depósitos de más de 40 museos repartidos por toda España, como el Museo San Telmo de San Sebastián o el Museo de Bellas Artes de Valencia. La lista, dice, “es interminable”.
Y no se trata solo de grandes museos estatales: museos provinciales, autonómicos y hasta parroquias locales conservan obras que fueron arrebatadas a sus dueños tras la guerra. Frente a esta realidad, el silencio de la Administración se convierte en una forma de revictimización.
Una cuestión de justicia, no de ideología
Para Colorado, la restitución de las obras expoliadas no es un asunto ideológico, sino de justicia histórica. “No creo que nadie pueda oponerse a que se devuelva lo que fue robado. Es una cuestión de voluntad política”. Su advertencia, sin embargo, resuena con fuerza en un país donde el debate sobre la memoria democrática sigue siendo rehén de la crispación.
La conclusión de este investigador, tras décadas de trabajo, es clara: sin voluntad institucional, sin transparencia y sin un compromiso serio, la herida del expolio franquista seguirá abierta, y las familias continuarán esperando, ochenta años después, que se les devuelva lo que nunca debió ser arrebatado.
La restitución del patrimonio expoliado es mucho más que una cuestión cultural: es un termómetro moral de la democracia. Y hoy, a la luz de los datos, España sigue suspendiendo.