La sentencia del Tribunal Supremo no deja lugar a dudas: el Ayuntamiento de Madrid actuó de forma ideológica, arbitraria y sin respaldo legal al suprimir del callejero los nombres de dos figuras históricas del movimiento obrero. Ni la Ley de Memoria Democrática ni el sentido común amparaban esa decisión, que ahora deberá ser revertida con urgencia. UGT exige la restitución inmediata y denuncia el uso del poder institucional para reescribir la historia al servicio de intereses partidistas.
Una decisión sin fundamento jurídico, solo político
El fallo del Tribunal Supremo, firme y sin posibilidad de recurso, confirma lo que ya habían dictado instancias judiciales previas: el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid para eliminar los nombres de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto fue nulo de pleno derecho. El Consistorio, entonces dirigido por José Luis Martínez-Almeida con el respaldo de Vox y Ciudadanos, no aportó ni una sola prueba objetiva que justificara esa retirada más allá de un impulso ideológico de revancha histórica.
Ambos dirigentes, pilares del socialismo democrático español, habían sido reconocidos décadas atrás por gobiernos de todos los colores, incluidos los del PP, como figuras clave de la lucha obrera y de la legalidad republicana. El Supremo desarma así el argumentario del actual gobierno municipal, que pretendía enmascarar bajo una falsa neutralidad institucional un ataque directo a la memoria de quienes lucharon contra el fascismo y por los derechos sociales.
UGT denuncia un intento de manipulación institucional
La Unión General de Trabajadores, que ha sido parte activa del proceso judicial, ha celebrado la sentencia como una “victoria de la memoria frente al revisionismo autoritario”. El sindicato exige al Ayuntamiento que cumpla de inmediato el fallo, reinstale los nombres de las calles y reponga la placa conmemorativa en la Plaza de Chamberí, incluso si hay que reconstruirla tras su vandalización.
Para UGT, lo ocurrido no es un simple error administrativo, sino “un acto deliberado de manipulación política que vulnera los valores democráticos”. Acusan al PP madrileño de plegarse a la agenda ultraderechista de Vox y utilizar las instituciones públicas para reescribir la historia reciente. “Es indigno borrar del espacio público a quienes defendieron la democracia frente al golpe de Estado de 1936 y al régimen franquista que lo siguió”, ha señalado el sindicato en su comunicado.
La sentencia del Supremo no solo obliga a rectificar: retrata al Ayuntamiento como partícipe de una operación de blanqueo del franquismo y de desprecio hacia la memoria de los represaliados y luchadores sociales.