El Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, ha desmontado las acusaciones de corrupción lanzadas por el empresario Víctor de Aldama, quien denunció presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de carreteras durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro. El informe, que analiza 21 expedientes, determina que no se encontraron irregularidades ni en las adjudicaciones ni en las modificaciones posteriores.
Este segundo informe se suma al análisis previo realizado sobre Adif y su división de alta velocidad, donde tampoco se hallaron indicios de delitos en los 373 expedientes revisados. En esta ocasión, la auditoría aborda específicamente 39 actuaciones vinculadas a la Dirección General de Carreteras, de las cuales solo 21 corresponden a contratos formalizados, y únicamente seis se firmaron bajo la gestión de Ábalos.
Un análisis exhaustivo y concluyente
El documento, de 42 páginas y al que ha tenido acceso la prensa, descarta cualquier tipo de actuación irregular en los procedimientos analizados. Según el informe, los mecanismos de control implementados por el Ministerio de Transportes dificultan de forma significativa la posibilidad de fraude o corrupción.
Los técnicos destacan que una parte significativa de las actuaciones mencionadas por Aldama ni siquiera corresponde a contratos de obras, sino a partidas presupuestarias o proyectos en fase de planificación. Los epígrafes subrayados por el empresario en su denuncia son, en muchos casos, instrumentos de ordenación administrativa y no indicios de preadjudicación, como él aseguró.
Además, el informe recalca que, de las 39 actuaciones señaladas, 15 se licitaron antes de la etapa de Ábalos, durante los mandatos de ministros tanto del Partido Popular como del PSOE. En otros 17 casos, los proyectos aún no han sido objeto de licitación, lo que refuerza la conclusión de la auditoría: las denuncias de Aldama carecen de fundamento.
Las acusaciones de Aldama, desmontadas
El empresario, vinculado al conocido 'caso Koldo', aportó al Tribunal Supremo un extenso dossier en el que señalaba presuntas adjudicaciones amañadas y pagos de comisiones ilegales. Según su versión, estas operaciones incluían la transferencia de propiedades de lujo como garantía. Sin embargo, las auditorías realizadas por el ministerio han desmentido una tras otra sus afirmaciones.
Aldama también aseguró que los contratos subrayados en color rosa en los anexos correspondían a obras preadjudicadas. No obstante, el informe de Transportes aclara que estos epígrafes son herramientas técnicas que no implican la existencia de irregularidades.
Un patrón que no existe
El análisis técnico destaca que no hay un patrón común que permita sostener la acusación de corrupción. Los proyectos señalados por Aldama abarcan obras de diversa índole y, en su mayoría, los contratos fueron adjudicados a las ofertas más económicas. Incluso, en algunos casos, las empresas mencionadas por el empresario ni siquiera participaron en los concursos o no resultaron adjudicatarias.
El informe también revisa las modificaciones contractuales, es decir, aquellos ajustes realizados por circunstancias imprevistas en la ejecución de las obras. Según Transportes, este tipo de procesos cuenta con un amplio sistema de garantías que prácticamente elimina la posibilidad de irregularidades.
El contexto político
El actual ministro Óscar Puente, quien encargó las auditorías tras las denuncias, ha defendido la transparencia en la gestión de los contratos públicos. En el Congreso, Puente destacó que solo una pequeña parte de las obras denunciadas por Aldama corresponde a la etapa de Ábalos, mientras que muchas otras fueron gestionadas por gobiernos anteriores.
Este segundo informe refuerza la posición del ministerio frente a las acusaciones del empresario. Además, evidencia la complejidad de los procesos de contratación pública y los numerosos controles establecidos para evitar irregularidades.
Por el momento, el caso sigue abierto en el Tribunal Supremo, pero los informes preliminares de Transportes dejan claro que las denuncias de Aldama, lejos de estar sustentadas por pruebas, presentan numerosas inconsistencias.
Con este nuevo informe, el Ministerio de Transportes cierra la puerta a una de las acusaciones más mediáticas contra la gestión de Ábalos, reforzando la idea de que el sistema de contratación pública español, aunque no exento de críticas, cuenta con mecanismos sólidos para garantizar la legalidad de sus procedimientos.