Isabel Díaz Ayuso afirmó antes del verano que recurriría ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía y hoy ha cumplido su amenaza. Durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, la presidenta madrileña ha indicado que la Comunidad de Madrid no puede quedarse «de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia». Es una ley «escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, es arbitraria y obscenamente inconstitucional», ha dicho.
Además, según ha sentenciado Ayuso, «supone otro paso más del presidente Sánchez en su operación de destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima. ¿Cómo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia si sabemos que todos los socialistas abominaban de la amnistía por ser claramente inconstitucional?».
Además, Ayuso ha señalado que consideran que «en la tramitación parlamentaria de esta ley se han infringido preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados y esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución Española… esto ni en las dictaduras». Esta indicación de Isabel Díaz Ayuso coincide con lo señalado por la Comisión de Venecia de la Comisión Europea, quien hizo mucho hincapié en su informe en que la Ley de Amnistía debió haberse aprobado por mayoría cualificada, como cualquier reforma de la Constitución, y no por mayoría absoluta.
Recurso de inconstitucionalidad
Tras la aprobación de la ley en el Congreso, el gobierno de Ayuso solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Los servicios jurídicos emitieron un dictamen que avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma. En su argumentación, denuncia que la Ley de Amnistía afecta a los pilares básicos sobre los que se asienta la Constitución y defiende que el Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales.
El gobierno de Ayuso considera que no se puede admitir una ley que crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma en concreto, amparando conductas contrarias a derecho y rompiendo con el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución.
Además, según el recurso, la Ley de Amnistía supone una ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Por último, también recoge que la Ley de Amnistía ha sido aprobada sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso.