La Conferencia de Presidentescelebrada en Santander puso de manifiesto, una vez más, la postura de Isabel Díaz Ayuso frente a temas tan sensibles como la sanidad, la vivienda y la inmigración. Sus propuestas, centradas en la agilidad burocrática, el control de fronteras y el rechazo a la intervención estatal, han generado un encendido debate. Detrás de una retórica que apela a la libertad y a la eficiencia, se esconde una agenda neoliberal que mina las bases del estado del bienestar y perpetúa desigualdades estructurales.
Un modelo sanitario que ignora las raíces del problema
Ayuso criticó duramente la lentitud en la homologación de médicos extracomunitarios y la burocracia asociada a la aprobación de nuevos fármacos. Sin embargo, evitó mencionar cómo su propia gestión ha contribuido a precarizar la sanidad pública en Madrid. Bajo su mandato, se han priorizado los conciertos con empresas privadas en detrimento de la inversión en hospitales y centros de salud públicos. Mientras denuncia la falta de recursos, Ayuso omite que Madrid destina un porcentaje inferior de su presupuesto a sanidad en comparación con otras comunidades autónomas.
La "agilidad" que reclama no es más que un eufemismo para justificar recortes y externalizaciones. De poco sirve homologar médicos extranjeros si no se les ofrecen condiciones laborales dignas ni un sistema que garantice su integración profesional. Además, la demora en la disponibilidad de tratamientos oncológicos y otros fármacos innovadores no se solventa con discursos; requiere un compromiso real con la financiación de la investigación y el desarrollo.
Vivienda: la falacia de la "libertad" en el mercado
En materia de vivienda, Ayuso se reafirmó en su oposición a la intervención de los precios del alquiler, una medida que, según ella, "hundiría la oferta". Este argumento se alinea perfectamente con el dogma neoliberal que sostiene que el mercado es el mejor regulador. Sin embargo, los datos desmienten esta narrativa. En Madrid, la "libertad" de mercado ha llevado a un encarecimiento desorbitado de los alquileres, expulsando a miles de familias de sus hogares y agudizando la crisis habitacional.
Lejos de proponer soluciones estructurales, como un parque de vivienda pública robusto o mayores incentivos para la construcción de viviendas sociales, Ayuso apuesta por medidas cosméticas que benefician principalmente a los grandes tenedores de inmuebles. Al mismo tiempo, su única receta para combatir la ocupación es endurecer las leyes, ignorando que la verdadera raíz del problema está en la falta de alternativas habitacionales accesibles.
Inmigración: el discurso del miedo y la saturación
El tema migratorio también ocupó un lugar central en la intervención de Ayuso, quien denunció una "inmigración masiva y descontrolada" que, según su versión, está saturando los servicios públicos de Madrid. Este discurso, que apela al miedo y a la insolidaridad, resulta profundamente irresponsable en un contexto donde la inmigración es clave para sostener el crecimiento económico y paliar el envejecimiento poblacional.
Ayuso no dudó en criticar al Gobierno central por su gestión de las fronteras, pero evitó mencionar cómo su administración ha fallado en integrar a los migrantes que llegan a la región. Los "56 millones" que aseguró haber destinado a la atención migratoria palidecen frente a los recursos necesarios para garantizar una integración efectiva, que incluya acceso a la educación, la sanidad y el empleo.
Además, la referencia a los "desequilibrios" que supuestamente genera la inmigración en los pueblos de España no es más que un intento de dividir a la opinión pública. En lugar de fomentar la solidaridad interterritorial, Ayuso elige instrumentalizar el tema para apuntalar su discurso.
El ataque al "cupo catalán": un pretexto para eludir responsabilidades
Ayuso también cargó contra el llamado "cupo catalán", calificándolo de "ilegal e inconstitucional" y acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de favorecer a Cataluña en detrimento del resto de las comunidades autónomas. Aunque su crítica pueda encontrar eco en ciertos sectores, su intervención estuvo plagada de contradicciones. Mientras denuncia una supuesta "infrafinanciación" de Madrid, omite que la región que lidera disfruta de una de las mayores capacidades recaudatorias gracias a su modelo fiscal ultraliberal.
El verdadero problema no es el "cupo catalán", sino la ausencia de un modelo de financiación autonómica justo y solidario. Ayuso, en lugar de contribuir a ese debate, prefiere alimentar la confrontación entre territorios para desviar la atención de sus propias carencias como gestora.
Un proyecto que erosiona el estado del bienestar
La visión política de Ayuso, centrada en la "libertad" individual y la minimización del papel del Estado, no es una respuesta adecuada a los retos que enfrenta España. Al contrario, representa una amenaza para el estado del bienestar y para la cohesión social. En lugar de apostar por una fiscalidad progresiva que permita reforzar los servicios públicos, su modelo prioriza los intereses de las grandes fortunas y corporaciones.
Sus propuestas en la Conferencia de Presidentes son un claro ejemplo de cómo el neoliberalismo, disfrazado de eficiencia y modernidad, perpetúa las desigualdades y sacrifica el bien común en favor de unos pocos. Ante este panorama, resulta imprescindible que la sociedad civil, los partidos políticos y las instituciones democráticas defiendan con firmeza un modelo basado en la justicia social y la solidaridad.
Una visión que divide en lugar de unir
La intervención de Díaz Ayuso en la Conferencia de Presidentes no es solo una declaración de intenciones; es un recordatorio de los riesgos que implica permitir que el discurso neoliberal domine el debate público. Frente a la crisis de la vivienda, la saturación de la sanidad y los desafíos de la inmigración, lo último que necesita España es una política que privilegie a los más poderosos y abandone a quienes más lo necesitan. Es hora de apostar por un futuro en el que la solidaridad y la justicia sean las verdaderas guías de la acción política.