La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha anunciado que presentará una denuncia contra la Junta de Castilla y León, acusándola de enaltecer el fascismo y de humillar a las víctimas de la dictadura franquista. Esta polémica surge en torno a la decisión del gobierno regional de proteger la llamada Pirámide de los Italianos, un monumento en la provincia de Burgos que glorifica a los soldados italianos enviados por Mussolini durante la Guerra Civil Española para apoyar el golpe de Estado y colaborar en el establecimiento de una dictadura fascista en España.
La ARMH argumenta que esta acción por parte de la Junta de Castilla y León constituye un acto de prevaricación, ya que, según ellos, se está celebrando el triunfo de una ideología que atentó contra la democracia y contribuyó al asesinato y represión de miles de ciudadanos que defendían un gobierno elegido democráticamente. Emilio Silva, presidente de la ARMH, ha criticado duramente al gobierno regional por intentar convertir a Castilla y León en un "vertedero de monumentos fascistas" bajo la falsa premisa de su valor como bienes de interés cultural. Silva enfatiza que este acto no solo constituye una prevaricación y una incitación al odio, sino que también representa una grave humillación para las víctimas del franquismo, quienes continúan siendo tratadas con indiferencia y sin el debido reconocimiento de sus derechos.
La Pirámide de los Italianos, según la ARMH, carece de valor artístico significativo y su única función ha sido servir como símbolo de la violencia fascista y del desprecio hacia los principios democráticos. La organización considera que proteger un monumento que celebra actos de asesinato y represión es un ataque directo a la esencia de la democracia.
Este conflicto pone de manifiesto las tensiones aún presentes en España respecto a la memoria histórica y el legado de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La decisión de la Junta de Castilla y León ha generado una amplia controversia, no solo por lo que representa en términos de memoria histórica, sino también por lo que implica en el contexto actual de la política y la sociedad españolas. La denuncia de la ARMH busca no solo revertir esta decisión, sino también abrir un debate más amplio sobre cómo España enfrenta y procesa su pasado.