Este jueves se desarrollará una importante reunión para debatir la propuesta de reducción de la jornada laboral en España. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno, busca disminuir la semana laboral de 40 a 37.5 horas para 2025, manteniendo intactos los salarios. La discusión, liderada por el Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, no contará con la presencia de los líderes sindicales y empresariales, sino con sus negociadores.
La Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha resaltado esta medida como clave en la actual legislatura, enfocada en la mejora de salarios y la gestión del tiempo laboral. A pesar de la falta de apoyo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, el gobierno persiste en su plan, que además contempla una fase intermedia de reducción a 38.5 horas en 2024.
España, con una jornada laboral que no ha cambiado en 40 años, busca a través de esta medida otorgar más tiempo de vida a los trabajadores y elevar la productividad nacional. La ministra Díaz afirma que esta reducción laboral es ampliamente respaldada por la población, incluyendo votantes de tendencia derechista.
Sindicatos
Unai Sordo, secretario general de CCOO, menciona que la reducción a 38.5 horas en 2024 tendría un impacto mínimo, ya que la jornada actual ya ronda ese promedio. Sin embargo, el cambio a 37.5 horas en 2025 sí afectaría significativamente a más del 90% de los trabajadores con convenio colectivo. Sordo aboga por que los detalles de la jornada laboral y su distribución continúen siendo temas de negociación en los convenios colectivos, aunque ve con buenos ojos el respaldo legislativo.
Por otro lado, Pepe Álvarez,secretario general de UGT, considera positiva la propuesta del gobierno, aunque aspira a una jornada de 35 horas semanales en esta legislatura. La última reducción notable en España fue en 1984, fruto de las demandas sindicales de la época.
Patronal
La postura empresarial, representada por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, es más reservada. Garamendi está dispuesto a dialogar, pero rechaza la imposición de una medida ya decidida políticamente. Argumenta que las necesidades de las jornadas laborales varían según el sector y deberían negociarse individualmente. Además, considera que esta reducción implicaría un aumento implícito en el salario mínimo interprofesional, afectando la negociación colectiva.
Finalmente, para hacer efectiva la reducción a 38.5 horas en 2024, el gobierno propone mejorar el registro horario obligatorio en todas las empresas desde mayo de 2019. Este registro, que documenta el inicio y fin de la jornada laboral, tiene como fin controlar las horas extras y garantizar los descansos adecuados. La falta de cumplimiento de esta normativa puede conllevar sanciones económicas significativas para las empresas.
Esta iniciativa abre un nuevo capítulo en la gestión laboral de España, buscando equilibrar las demandas de trabajadores y empresarios, mientras se adapta a las nuevas dinámicas de trabajo y productividad del siglo XXI.