Sumar sabe que, o aprieta el acelerador con propuestas atractivas para las clases trabajadoras, o el proyecto está liquidado, muerto y enterrado. Yolanda Díaz es consciente de que la izquierda a la izquierda del PSOE atraviesa por horas bajas y han saltado todas las alarmas. Su pulso con la patronal y las derechas para sacar adelante su ley de reducción de la jornada laboral, medida estrella de esta legislatura por lo que tiene de avance histórico, va en ese sentido. Pero tiene más conejos en la chistera. El estatuto del becario y la reforma del despido son los siguientes objetivos del Ministerio de Trabajo.
La reciente reforma laboral de Díaz ha derogado parcialmente las medidas que Mariano Rajoy instauró durante su mandato y que causaron tanto daño a los trabajadores. El objetivo se ha situado en la temporalidad, tratando de apostar por el contrato indefinido como modelo general y acabando con los innumerables contratos precarios que el PP estableció para dar satisfacción a los empresarios, siempre obsesionados con la flexibilidad laboral. Pero Díaz es consciente de que su reforma, tras los recortes de Moncloa, se quedó corta. No fue una derogación total del marco legal fijado por los populares, como había prometido en campaña electoral, sino una modificación parcial. Y le quedó un mal sabor de boca. De manera que ha considerado que es tiempo de volver a la carga para seguir recuperando derechos perdidos de la clase obrera.
La reforma Rajoy, y otras que han venido erosionando el Estatuto de los Trabajadores desde los años ochenta, fue letal en asuntos sensibles como los derechos por despido, que el Partido Popular liquidó casi de un plumazo. Con la excusa de que las empresas necesitaban mano de obra barata para remontar el vuelo en medio de una crisis económica galopante, la derecha optó por poner la brújula hacia el despido libre. No se llegó a ese punto, pero estuvimos cerca, y en cualquier caso se redujeron las cuantías de las indemnizaciones desde aquellos míticos 45 días de salario por año trabajado a 33 o incluso menos. Hoy Yolanda Díaz sueña con volver a aquellos momentos en que el trabajador se iba a su casa, tras ser rescindido, con un dinero algo más digno y decente.
Durante la negociación de la reforma de la ley laboral de la actual ministra de Trabajo, las fuerzas progresistas que formaban el bloque de legislatura entendieron que lo prioritario era acabar con la elevada tasa de temporalidad que lastraba nuestro mercado laboral, aparcando el espinoso asunto del abaratamiento del despido. No tocaba, pero ahora, con Sumar en graves problemas de conexión con los votantes, Díaz ha optado por dar el paso adelante. Aunque no será fácil. La negociación para reducir la jornada laboral está siendo traumática. Los sindicatos han estado en el barco desde el primer momento, pero la patronal de Garamendi no ha hecho más que torpedear el proyecto. El diálogo social está cortocircuitado y pese a que se han firmado más de veinte acuerdos sobre materia laboral en el período del Gobierno de coalición, retornar al punto de origen, a aquellos gloriosos 45 días de salario de indemnización, se antoja misión casi imposible hasta para Yolanda Díaz.
La reforma será “disuasoria” y “compensatoria”. Disuasoria para evitar que el empresario despida alegremente; compensatoria para que se adecúe a los parámetros de los derechos de los trabajadores. PSOE y Sumar pactaron en su día reforzar la protección por despido de los trabajadores para cumplir la legislación europea. La cuantía y los detalles concretos de la reforma aún no se conocen, pero la música gusta mucho a los sindicatos, que este fin de semana salieron a la calle para protestar contra el juego sucio de las derechas a costa de las pensiones.
Según El Economista, se trataría, por un lado, de “destopar” la indemnización máxima, superando los actuales 33 días por año trabajado hasta 24 mensualidades, en función del perjuicio causado al trabajador por el cese no justificado. En segundo lugar, fijar un tope mínimo (que hoy no existe), para evitar los empleos de usar y tirar: despidos de trabajadores recién contratados con una indemnización que resulta muy reducida, incluso aunque se declaren improcedentes.
ERC, Bildu y Podemos ya están presionando para ir con todas, incluso llevando el asunto a Europa, donde la protección laboral por despido es más robusta que en España. Falta que Pedro Sánchez acepte el órdago y no parece que esté por la labor de volver a los 45 días de antes de la reforma de Rajoy. La medida desencadenaría una auténtica guerra con la patronal, un escenario que provoca alergia al actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con quien la propia Díaz ha mantenido un rifirrafe a cara de perro a cuenta de la reducción de la jornada laboral. La ministra incluso llegó a sugerir que Cuerpo era “una mala persona” por no asumir los postulados de Sumar y los sindicatos. “El caso es que la reforma del despido es un melón arriesgado de abrir. Quedó fuera de la negociación de la reforma laboral de 2021 aunque tanto PSOE como Podemos llevaban en su programa electoral derogar el recorte impuesto por el PP en las compensaciones por los ceses declarados improcedentes en 2012, cuando bajaron de 45 días por año con un tope de 42 meses a 33 días por año y un tope de 24 meses. Una de las razones es que aquella polémica reforma fue tan aplaudida por Bruselas, en su momento, como lo fue la impulsada por Díaz una década después”, asegura El Economista. Un nuevo reto se plantea al Gobierno de coalición.