El pasado viernes, el empresario Javier Pérez Dolset aseguró en el programa Todo es mentira, de Cuatro, que tiene identificadas 177 operaciones ilegales de las cloacas del Estado, entre las que ha destacado una de ellas: la que provocó la salida del rey Juan Carlos de nuestro país. “El rey emérito se tuvo que ir de España como resultado de esta operación”, aseguró.
Pérez Dolset, el hombre que aparece como interlocutor en las grabaciones de la militante socialista Leire Díez supuestamente organizando una trama para desacreditar a la UCO y a fiscales presuntamente en la órbita del PP, dejó caer que tiene en su poder información de “cosas mucho peores”, pero tendrían que alargar la entrevista hasta las nueve de la noche. No tenemos prisa, le dijo Risto Mejide con sorna. Y el industrial dio un anticipo.
“Ponen en marcha a la policía a investigar al rey emérito, al grupo de las cloacas, Corina y alguna persona más. Recopilan toda la información que pueden, dosieres que aparecen dentro de la documentación de la causa de Villarejo que hemos desencriptado, audios y tal. A continuación, eso se le entrega a uno de los que están en esta trama, Mauricio Casals, que se va al secretario de Estado y a algún ministro y le plantea una serie de exigencias bajo la amenaza de circular esos papeles. Papeles que en parte han terminado circulando”, confiesa.
A día de hoy, no sabe “si las amenazas se han satisfecho o no” pero “la realidad es que el rey emérito se tuvo que ir de España como resultado de esa operación y eso está todo grabado y documentado”, asegura Javier Pérez Dolset.
Las revelaciones de Pérez Dolset son extremadamente graves, ya que está hablando de todo un jefe del Estado que se tuvo que ir de España, no ya por sus problemas con Hacienda –esa ha sido siempre la versión oficial–, sino por otros asuntos que no han trascendido, “por una operación”, tal como revela el testigo.
¿Qué operación, quién la orquestó, qué trama tan sórdida terminó con Juan Carlos I fuera de España? ¿Estaba al corriente la Casa Real? Hay demasiadas preguntas sin respuestas, pero hasta el momento, lo que sabemos es que un empresario dice tener en su poder diez mil horas de grabaciones obtenidas de las cloacas del Estado y que afectan a la seguridad nacional, también a la Monarquía. Audios que está dispuesto a poner en manos de la Audiencia Nacional para que los investigue. Audios que podrían tener que ver con un chantaje monumental.
En un escueto comunicado, la Casa Real señaló que “Su Majestad el rey don Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad”. Ahora bien, nunca se aclararon suficientemente los motivos de un traslado que no se entendió bien. Obviamente, unas declaraciones de Hacienda, que el monarca regularizó, aunque extemporáneamente y fuera de tiempo, no parecen una causa de peso. Oficialmente, el monarca justificó su decisión por la repercusión pública de “ciertos acontecimientos pasados” de su vida privada y para facilitar a su hijo la tranquilidad y el sosiego que requiere el ejercicio de sus funciones. Ahora se disparan las conjeturas, y todo porque Casa Real, pese a lo que se dijo en su día, no gestionó el episodio con la debida transparencia exigible en un Estado democrático.
El destierro es una medida drástica acorde a conductas graves. Y esa decisión la tomó el rey abdicado, por su cuenta y riesgo, sin dar explicaciones a las demás instituciones del Estado. Nadie lo echó del país, como sí ocurrió con Alfonso XIII tras la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. Juan Carlos decidió instalarse en Abu Dabi, bien lejos de España. ¿A qué le tenía tanto miedo? ¿A unas cuantas declaraciones de Hacienda que no tramitó? Se antoja extraño cuando menos, más cuando él mismo regresa a la “Corte de Galicia”, de cuando en cuando, para participar en las regatas de Sanxenxo.
Es evidente que el caso Leire ha dado un vuelco, un giro de 180 grados, y que lo que aparentemente apuntaba a un asunto sucio de los fontaneros del PSOE para desprestigiar a la UCO (que busca corrupción del Gobierno y de Pedro Sánchez hasta debajo de las piedras) ha pasado a convertirse en una rama de aquello que se dio en llamar la Policía Patriótica y que sumió al Partido Popular en un lodazal de vergüenza.