El juez Peinado lo ha vuelto a hacer. Una nueva equivocación en una de sus instrucciones ha comprometido un sumario, en este caso un asunto de presunta corrupción del PP de Madrid. Según publica El País, “un error del juez Peinado obliga a cerrar la instrucción contra un alto cargo del Gobierno de Almeida”. Según el periódico de Prisa, “la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la prórroga que el magistrado acordó el 2 de abril en un procedimiento por malversación contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) porque el plazo para hacerlo había expirado más de dos meses antes, el 27 de enero”, según el auto. Se desconoce si el juez va a procesar o archivar a este alto cargo, Alfonso Sánchez Vicente, pero este error de Peinado tiene consecuencias para la averiguación de los hechos porque no se podrán practicar pruebas que habían solicitado las acusaciones populares.
Uno de los partidos personados en la causa, Más Madrid, ya ha anunciado que elevará una queja al Consejo General del Poder Judicial, órgano con potestad para sancionar a los jueces, por lo que consideran una “negligencia” de Peinado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias en la organización de un máster para la Universidad Complutense.
La reacción política no se ha hecho esperar. Desde el grupo de Más Madrid, Rita Maestre calificó el error del juez Peinado como “negligente e inaceptable”. Desde esta formación también han denunciado la falta de rigor procesal que ha impedido esclarecer posibles irregularidades en el uso de dinero público durante un periodo preelectoral. “Es una forma de indefensión ante un ejercicio cortijero y caprichoso de la Justicia”, asegura la representante del grupo parlamentario en el Ayuntamiento.
Además, el grupo parlamentario se ha personado en la causa con el fin de presentar la queja y acordar una nueva prórroga de la instrucción para que se investigue las presuntas negligencias que rodean al caso. Este no es el primer caso en el que el juez Peinado se ve envuelto en polémica. Su instrucción en el denominado caso Begoña Gómez ha sido duramente cuestionada por instancias superiores debido a la falta de pruebas claras y la presunta vulneración de derechos fundamentales. Según expertos en Derecho como Martín Pallín, Pérez Royo y Joaquim Bosch, la instrucción se está llevando a cabo sin unas bases jurídicas sólidas y bajo autos justificados por meras noticias de prensa. Precisamente ayer, la Fiscalía se opuso a que el Tribunal Supremo acepte la petición del juez Peinado de investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de falso testimonio y malversación en el marco del caso Begoña Gómez. Esa es la posición fijada por el fiscal del Supremo, Fernando Prieto, en el informe elevado a la Sala de Admisión, que ahora debe decidir si sigue la línea marcada por el Ministerio Público o, por contra, acceder a la petición de Peinado.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid dirigió hace dos semanas una exposición razonada al Supremo pidiendo que investigara a Bolaños al considerar que incurrió en dichos delitos por la contratación de la exasesora de Moncloa Cristina Álvarez como asistenta de Gómez. El juez cree que hubo malversación porque Álvarez terminó realizando tareas para actividades y negocios privados de la pareja del presidente socialista.
El archivo de la causa contra Sánchez Vicente representa un revés para quienes buscaban depurar responsabilidades políticas y jurídicas en el uso de fondos públicos. No obstante, el fallo también subraya la importancia de la observancia estricta de los plazos procesales como garantía para los investigados. Mientras tanto, el CGPJ deberá determinar si existió negligencia profesional en la actuación del magistrado Peinado.
Fuentes judiciales citadas por El País reconocen que este tipo de errores, aunque poco comunes, pueden tener efectos demoledores sobre una instrucción en curso. La controversia añade presión sobre el sistema judicial madrileño, en un momento de creciente tensión política y cuestionamientos a la imparcialidad de algunos jueces de instrucción. Especialmente en el juez Peinado, cuyo historial es de sobra conocido. En esta ocasión, el error de Peinado le va a salir caro a la Justicia, pero será una bendición para el PP. Otro milagro para la derecha se ha obrado en Plaza Castilla.