El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha negado a responder ante el juez Hurtado, que le ha tomado declaración como imputado en un delito de revelación de secretos por la filtración de datos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El máximo representante del Ministerio Público ha guardado silencio al considerar que la instrucción es nula, sugiriendo de esta manera que está politizada para acabar con su carrera política.
Ortiz considera que la instrucción es “nula de pleno derecho”, ya que con el registro policial de su despacho de la Fiscalía General del Estado, en busca de correos electrónicos, se vulneraron sus derechos fundamentales. Además, el jefe de los fiscales no ha dudado en asegurar que el juez Hurtado está “predeterminado” políticamente, por lo que tenía muy claro lo que tenía que hacer: no prestar declaración y acogerse a su derecho constitucional.
Un argumento que también ha esgrimido la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien ha dicho que no se debería haber interrogado a García Ortiz porque no se ha resuelto su recurso contra el registro de su despacho.
Según fuentes de La Sexta, el fiscal general del Estado se ha sentado junto a los abogados de la defensa, y solo ha respondido a las preguntas del abogado del Estado que le defiende. Si bien se había mostrado dispuesto a hacer lo propio con las de la teniente fiscal del Alto Tribunal, la Fiscalía no ha formulado ninguna cuestión. De hecho, Ortiz no ha respondido al abogado del empresario Alberto González Amador porque ha omitido en su querella contra él, por revelación de secretos, todo lo relativo al correo difundido por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
La llegada del fiscal general del Estado al Tribunal Supremo se ha producido entre insultos como “sinvergüenza” o “lameculos”, proferidos por un reducido grupo de ultras. A su salida, lo han llamado “hijo de puta”.
García Ortiz ha declarado después de que la Sala de lo Contencioso del Supremo acordara este martes, por unanimidad, mantenerle al frente de la Fiscalía General, al desestimar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que pedía anular su nombramiento, informa Efe.
El juez rechazó posponer la declaración, tal como había pedido la Abogacía del Estado hasta practicar una serie de pruebas y diligencias, como la citación del propio González Amador o la intervención y volcado de datos del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, peticiones que el juez ha rechazado finalmente. Ortiz entiende que en el móvil del asesor de Ayuso está la clave de todo este embrollo, ya que fue el consejero de la presidenta de Madrid quien difundió el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Amador para rebajar penas por delitos fiscales cuando fue exactamente al revés, fue el abogado del empresario quien reconoció los delitos y propuso el acuerdo de conformidad. El fiscal general siempre ha mantenido que su actuación en este caso se ha limitado a ofrecer información pública a la prensa para aclarar el bulo de Rodríguez, negando haber aireado datos confidenciales del contribuyente investigado por Hacienda.
La expectación a las puertas del juzgado era enorme. Los hechos se remontan a los días entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía publicó por orden suya una nota informativa para desmentir una noticia de El Mundo del día 13 sobre que el fiscal ofrecía un pacto al letrado de la pareja de Ayuso, a partir de un correo enviado el día 12, cuando luego se demostró que era al contrario. Pero eso no es lo que investiga el juez, que tiene la vista puesta en los correos que el fiscal Julián Saltó se intercambió con el letrado, especialmente el del 2 de febrero en el que el abogado reconocía la comisión de “dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021” por parte de González Amador y que fue filtrado a la prensa.
Lo dejó claro en su auto de este lunes cuando dijo que “no se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando este circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia”. Porque “más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto, cuando la relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido, por parte del filtrador”, para que aparezca en determinados medios y ámbitos que “González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”.
El fiscal general encaraba el interrogatorio ante un magistrado que considera que “hay una base indiciaria para presumir la relevante participación” de García Ortiz en la filtración de ese correo, una afirmación a la que llega tras ser advertido por la UCO en un informe de su “participación preeminente” en los hechos.