Desde hace unos días medios de comunicación nada sospechosos de pertenecer a “la caverna mediática” están poniendo en tela de juicio las actuaciones del instructor de la causa contra el fiscal general del Estado y la fiscala superior de Madrid. Extraña que se hubiese dado tanta prisa en citar como testigo al socialista Juan Lobato mientras se hacía el remolón a la hora de aceptar la petición de las defensas que pedían la comparecencia del jefe del gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Ha sido empezar a recordar las relaciones del juez Hurtado con el PP y la cosa ha cambiado radicalmente. El magistrado ya no apunta hacia Moncloa como parecía en los primeros momentos de la investigación, sino que ahora quiere saber qué hizo Miguel Ángel Rodríguez el cual, en las redes sociales, se ha vanagloriado de ir por delante de los jueces, de anticiparse a ellos y de conocer la estrategia que van a seguir en torno a este asunto. Y eso basta para que Hurtado le pregunte a qué está jugando porque todo este asunto parte de una idea diseñada por él. Está cada vez más claro que el famoso bulo en el que a Alberto González Amador el fiscal que llevaba su caso, Julián Salto, le había ofrecido llegar a un acuerdo de conformidad antes de que ni siquiera se abrieran las oportunas diligencias, salió del entorno del que dicen es el ideólogo y estratega de Díaz Ayuso. Por eso debe dar explicaciones en sede judicial.
El juez Hurtado es consciente de que le persigue su pasado. Y cada cierto tiempo le echan en cara que, durante su etapa en la Audiencia Nacional, defendió que el Partido Popular no debía ser condenado por financiación irregular en la trama Gürtel. Además, se opuso a que el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, declarase como testigo. Un Consejo del Poder Judicial caducado decidió ascender al magistrado al Tribunal Supremo. Y esa fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la izquierda que sacó adelante el decreto en el cual se les quitaba a los miembros del órgano de los jueces la potestad de nombrar discrecionalmente a jueces en tribunales superiores mientras permaneciesen en funciones. Carlos Lesmes, que poco después presentó su dimisión, abusó de esa discrecionalidad y uno de sus últimos ascensos fue precisamente el de Ángel Luis Hurtado al Supremo.
Y eso ha salido a la luz una vez fue designado instructor de la causa contra el fiscal general del Estado y la fiscal superior de Madrid. Su buen amigo, Manuel Marchena, con el que coincide en ideas políticas y sociales, le recomendó que no hiciese caso de todas las historias que se empezarían a contar sobre él. Sobre todo, ésa de que, en 2017 cuando cayó en sus manos la instrucción del principal caso de la Gürtel, Hurtado empleó sus esfuerzos en defender que Mariano Rajoy no debía comparecer como testigo para -según él- no perjudicar su labor como presidente del Gobierno. El magistrado agotó sus argumentos y se quedó solo: desde que la declaración no aportaba nada, hasta que se podía utilizar con "motivaciones políticas". Un año después, Hurtado se negó a firmar la sentencia que declaraba al Partido Popular “partícipe a título lucrativo” y ordenaba a Génova a pagar 240.000 euros. Meses después pasó lo que pasó. El líder de la oposición, Pedro Sánchez, reunió los apoyos suficientes para presentar una moción de censura contra Rajoy acusándole de corrupto.
Es curioso. El juez que redactó la sentencia, José Ricardo de Prada, sigue en la Audiencia Nacional y cada vez que los grupos progresistas han intentado promocionarle, bien como vocal del CGPJ, bien al Tribunal Constitucional, ha sido vetado por la derecha judicial seguramente siguiendo órdenes de Génova. En cambio, su antagonista en el tribunal, que tuvo que retirarse al quedarse solo en su defensa a Rajoy y al Partido Popular, acabó siendo ascendido a la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo. Eso sí, en los años que lleva allí pocas instrucciones ha llevado a cabo. Alguna denuncia de Hazte Oír contra Belarra, Montero y Meritxell Batet, y poco más. Tuvo que pasar un mal trago cuando sus compañeros le revocaron una sentencia que había firmado estando en la Audiencia Nacional en la que condenaba a cinco años de prisión a un supuesto yihadista.
A pesar de la posición cada vez mas radical de sus compañeros conservadores en la Sala Segunda, estos llegaron a pensar que la instrucción del caso García Ortiz tendría poco recorrido. Sobre todo, teniendo en cuenta que quedaba fuera de la investigación la nota de prensa elaborada por la fiscalía general del Estado “al no apreciarse actuación delictiva en la misma”. Pero Ángel Luis Hurtado la ha liado, muy al estilo de su compañero del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Primero ordenó el registro de las oficinas de la fiscalía general de la calle Fortuny y la intervención de todos los soportes digitales, incluidos los teléfonos móviles. Y fue demasiado lejos porque los análisis de datos no se limitaron a la semana de marzo donde se produjeron las filtraciones a la prensa de los datos de González Amador, sino “a los siete últimos años”. Y allí había muchos asuntos reservados, incluso algunos que podrían afectar a la seguridad del Estado. En manos de partes acusadoras como Manos Limpias y Hazte Oír, esa información podía suponer una bomba de relojería. El juez decretó el secreto del sumario en lo que se refiere a la parte de esos análisis y echó marcha atrás ordenando a los agentes de la UCO de la Guardia Civil que se limitasen a analizar las comunicaciones referidas a los días en que se produjeron las filtraciones a la prensa, concretamente el 13 de marzo de 2024.
Todas estas cosas han puesto en el disparadero al juez Hurtado quien, intentando acabar con las sospechas que recaen sobre su actuación, ha decidido aceptar las peticiones de la defensa y llamar a declarar no sólo a Miguel Ángel Rodríguez, a quien todos señalan como el instigador del desaguisado que se ha montado en torno a este tema, sino también a los periodistas que en esos días publicaron los datos que son objeto de investigación, principalmente El Mundo y la Sexta. Pero sigue faltando la clave de todo este asunto. Hay 17 funcionarios que tuvieron acceso a los correos electrónicos que se filtraron a la prensa, además del fiscal general y la fiscala superior. Esos funcionarios, muchos de ellos fiscales, tienen nombre y apellidos. Por qué no se les ha llamado a declarar es algo que forma parte de los misterios de esta instrucción. A Lobato se le llamó a declarar unas horas después de haberse tenido conocimiento de los mensajes que había mantenido con una asesora de Moncloa. A Rodríguez se ha tardado unos días más, igual que a los periodistas que publicaron las filtraciones. Y a los 17 funcionarios que tuvieron acceso a los correos ni siquiera se les ha citado.