El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está dispuesto a resistir ante la operación de acoso y derribo que contra él han iniciado las derechas. Ortiz está convencido de que hizo lo correcto en todo momento, es decir, tratar de desmontar un bulo propalado respecto a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Y con la lógica en la mano, tiene razón el responsable del Ministerio Público, ya que no fue la Fiscalía la que propuso un pacto con rebaja de penas por delito fiscal al compañero sentimental de la lideresa, tal como se dedicó a difundir el entorno de Ayuso, sino al revés.
A partir de ahí, las derechas vieron terreno abonado para derribar el gran pilar del sanchismo en la Justicia española. Desde entonces PP y Vox se han dado a la caza de brujas, pero ahí sigue Ortiz, aguantando contra viento y marea. Entiende que la razón está de su parte y que más pronto que tarde la verdad objetiva y judicial resplandecerán. Dimitir ahora sería tanto como claudicar ante lo que está siendo una operación de Estado contra él y contra Sánchez, una maniobra política orquestada desde los despachos de Puerta de Sol, sede de la Comunidad de Madrid. Tiene sus argumentos Ortiz frente a quienes le reprochan que no haya presentado ya su dimisión. Conceder su muerte civil, condenarse él mismo a su ruina personal y profesional, sería tanto como dejarse vencer por quienes utilizan la mentira y el bulo como forma de entender la política.
El reciente escándalo protagonizado por Miguel Ángel Rodríguez, asesor personal de Ayuso, quien tras el programa de Jordi Évole sobre la pandemia escribió un tuit poniendo en duda los testimonios de los hijos de ancianos fallecidos en las residencias madrileñas, revela el nivel de degradación moral al que está llegando esta gente. Y aunque MAR ha pedido perdón por jugar con el dolor de las víctimas, ahí quedará la infamia. En ese contexto, no debe ceder el fiscal general. Claudicar sería tanto como asumir una injusta derrota ante los demagogos y cínicos. Darle un triunfo a lo peor de la política. A los malvados del nuevo trumpismo que se abre paso en todo el mundo. La prueba de a lo que nos enfrentamos es que a Ortiz se le imputa por revelación de secretos de un contribuyente (el tal Amador) cuando sus datos personales y su sumario o expediente judicial van de mano en mano por todas las redacciones de la caverna mediática sin que pase nada. El doble rasero empieza a ser insoportable.
Ortiz aseguró ayer en el Senado que, aunque dimitir “sería más cómodo” desde el punto de vista personal, no va a hacerlo porque estaría “haciendo una concesión a los delincuentes” y colocaría a la institución en una “situación de debilidad”, informa Efe. “El fiscal general ni huye ni se esconde”, dejó claro García Ortiz en respuesta a las duras críticas, “algunas innecesarias”, recibidas por las portavoces de PP y Vox en la comisión de Justicia de la Cámara Alta, en la que comparece este miércoles para dar cuenta de la Memoria de la institución.
Críticas con las que las senadoras le han reprochado por qué no deja su puesto estando investigado en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos en relación a la causa abierta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por fraude a Hacienda. El fiscal general contestó de forma directa: dimitir sería lo más cómodo desde el punto de vista personal y familiar, pero con ello “estaría haciendo una concesión a los delincuentes” que verían una debilidad en la institución, cuando “la Fiscalía debe mostrarse fuerte, muy fuerte”.
Cuestionado por su decisión de no contestar a las preguntas del juez del Supremo durante su comparecencia, el fiscal general afirmó que “no es ninguna afrenta a nadie”, sino una decisión amparada por un derecho constitucional que pertenece a todos. Y se mostró especialmente duro al responder a las críticas vertidas sobre la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que lleva el procedimiento en el que él está investigado, y quien dejó claro que no es su subordinada, un “insulto” para una fiscal con cuarenta años de carrera.
“Debo defender la honorabilidad de todos y cada uno de los fiscales de este país”, reivindicó García Ortiz. También a los compañeros que llevaron la causa del procés, dijo para sacudirse la crítica de algún senador que le achacó su falta de apoyo. Si algo quiso dejar claro, como hizo en otras intervenciones, es que él no puede saltar en la arena política para defenderse porque con ello perdería la neutralidad. Por eso, “hasta cierto punto es fácil meterse con el fiscal general”.
“No hablamos el mismo lenguaje”, alegó, y por ello, aunque desgranen todas las pruebas que “supuestamente” le incriminan, no puede contestar. Hablar de su causa penal implicaría una “interferencia” en la justicia y crear “juicios paralelos”, ha añadido. García Ortiz también invitó a una reflexión sobre las acusaciones populares, que no tienen objetivos públicos, como la Fiscalía, sino particulares, que pueden implicar desde defender una opción política a dar material a medios de comunicación o defender determinados valores respecto a otros.
En su opinión, el ejercicio de la acción penal merece una reflexión porque el proceso penal tiene que trascender esos intereses. A lo largo de su intervención, fueron varias las veces las que salió en defensa de la institución, como cuando expresó su criterio en asuntos complejos como la amnistía o la conocida como ley del solo sí es sí, donde ha criticado que algún portavoz haya mostrado “un desprecio para un trabajo que ha sido alabado por el Tribunal Supremo”, aunque no lo haya seguido.