Las cuentas de Vox no están claras. En los últimos años ha habido informes del Tribunal de Cuentas alertando de que el partido ultra tiene que aclarar sus balances contables. Pero nadie ha dado el paso de meter la lupa en esa documentación. El pasado mes de julio, sin ir más lejos, el Pleno del Tribunal de Cuentas acordaba imponer dos sanciones a la formación política Vox por infracciones muy graves previstas en el artículo 17. Dos a) de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, consistente en haber recibido o aceptado donaciones finalistas en la fiscalización de las cuentas anuales de los ejercicios 2018-2019.
¿Por qué se le ha dado manga ancha al monstruo? Quizá por miedo a Santiago Abascal, quizá porque se ha considerado, erróneamente, que Vox no suponía una amenaza para la democracia. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación contra Vox por presunta financiación irregular, después de que el PSOE interpusiera una denuncia contra la formación de Santiago Abascal el pasado mes de diciembre al considerar que utilizada métodos para captar fondos de manera opaca, además de fondos extranjeros de modo ilegal.
Así lo ha adelantado El Independiente y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, que han señalado que el fiscal jefe Alejandro Luzón ha acordado iniciar un procedimiento reservado contra Vox esgrimiendo que hay base para indagar en la supuesta financiación irregular.
El PSOE presentó el pasado 13 de diciembre una denuncia contra Vox ante la Fiscalía General del Estado por financiación irregular tras haber hecho un análisis “exhaustivo” de la financiación de la formación liderada por Santiago Abascal y concluir que podría estar incurriendo en un delito de financiación ilegal de partidos políticos recogido en el artículo 304 bis del Código Penal.
Los socialistas aseguraron haber constatado que, al menos desde el año 2020 hasta la actualidad, en las mesas informativas que Vox despliega a lo largo de todo el territorio español se incorporan una serie de elementos de captación de ingresos económicos a modo de “huchas” o “cajas de caudales”, junto con una serie de elementos de merchandising “con el objetivo de captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco”.
Una práctica “absolutamente irregular” (a juicio del PSOE) que podría haber recaudado 5 millones de euros, que se suman a la ausencia de contabilidad en la que deberían de registrarse “las donaciones anónimas y las ventas promocionales”. En la denuncia también incluyen el préstamo de 6 millones y medio de euros concedido por la entidad MBH Bank Nyrt, un banco húngaro cuyo principal accionista es un fondo estatal húngaro y vinculado al primer ministro, Viktor Orban. Según los socialistas, este préstamo infringe la normativa que prohíbe a los partidos recibir financiación de organismos, entidades o empresas públicas extranjeras.
El banco húngaro señalado por financiar a Vox tiene como mayor accionista a Corvinus International Investment, una firma de inversión controlada al 100% por el Estado magiar presidido por Viktor Orbán. Se trata, además, de una de las firmas que estuvieron detrás de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Magyar Vagon sobre el fabricante de trenes Talgo, que el Gobierno vetó por razones de “seguridad nacional”.
Los de Abascal reconocieron haber recibido nueve millones de euros del banco húngaro MBH para financiar campañas electorales de las elecciones municipales y generales de 2023, asegurando que las entidades bancarias españolas se negasen a prestarles dinero porque “no quieren financiarles”.