El debate sobre la condonación de la deuda autonómica ha entrado en plena ebullición tras las recientes declaraciones de Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, quien lanzó una pregunta directa al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: “¿Está por condonar o por condenar?”. La cuestión ha generado un fuerte cruce de acusaciones y posicionamientos entre partidos, en un tema que afecta directamente a la economía de las comunidades autónomas y, por ende, a los servicios públicos que reciben millones de ciudadanos.
Pero ¿qué significa realmente “condonar” la deuda? Básicamente, se trata de perdonar total o parcialmente el dinero que una comunidad debe al Estado, aliviando su carga financiera y reduciendo los intereses a pagar. Esto permitiría liberar fondos para servicios esenciales como sanidad, educación o infraestructuras. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que esta medida podría superar los 83.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas.
Feijóo habla de “trampa”, el Gobierno de oportunidad
Feijóo ha sido claro: “La condonación es una trampa”. El líder del PP afirma que su partido está dispuesto a hablar de reestructurar la deuda, es decir, renegociar los plazos de pago, pero sin perdonarla. Para él, la condonación podría generar agravios comparativos entre comunidades y supone, en sus palabras, un trato injusto. Sin embargo, Pilar Alegría insiste en que la medida busca mejorar la situación financiera de todas las comunidades autónomas. “El PP presenta excusas peregrinas para no apoyar una medida buena para los ciudadanos”, sentenció.
Esta confrontación de ideas ha provocado que se hable no solo de cifras y economía, sino también de la implicación directa que estas decisiones tienen en la vida diaria de la gente. En términos sencillos: si una comunidad paga menos intereses por su deuda, tiene más dinero para invertir en colegios, hospitales y transporte público.
Ayuso y su “campaña de victimismo absurdo”
Uno de los puntos más candentes lo protagoniza Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acusó al Gobierno de imponer la condonación “a punta de pistola”. Ayuso sostiene que la medida perjudica a Madrid. Pero el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha respondido con contundencia: “Si perjudicar a Madrid es condonarle 8.644 millones de euros y ahorrarle el pago de intereses, que me perjudiquen todos los días”.
López acusa a Ayuso de liderar una “campaña de victimismo absurdo” y recordó que Madrid ha recibido 109.000 millones de euros en los últimos seis años, 30.000 millones más que durante el mandato de Mariano Rajoy. En palabras sencillas, López sugiere que Madrid no solo no se ve perjudicada, sino que se beneficia enormemente.
Galicia, Euskadi y otras comunidades: posiciones divididas
El debate sobre la condonación también se ha trasladado a Galicia, donde el diputado del BNG, Néstor Rego, ha tachado de “irresponsable” al presidente gallego, Alfonso Rueda (PP), por rechazar la medida. Rego destaca que Galicia podría ver reducida su deuda en 4.100 millones de euros, lo que aliviaría el presupuesto autonómico en 600 millones destinados actualmente al pago de intereses. “Esto podría destinarse a mejorar servicios públicos esenciales, pero Rueda parece más interesado en seguir la estrategia de Feijóo”, afirmó Rego.
Mientras tanto, el Gobierno vasco adopta una postura más cautelosa. María Ubarretxena, portavoz del Ejecutivo autonómico vasco, ha declarado que Euskadi analizará “la letra pequeña” de la condonación cuando se renueve la Ley del Cupo en 2027. Euskadi, al igual que Navarra, no se rige por el sistema de financiación común, lo que introduce un matiz adicional en este complejo debate.
El PSOE acusa al PP de “jugar con el bienestar de los ciudadanos”
Desde el PSOE, José Ramón Gómez Besteiro ha acusado al presidente de la Xunta de Galicia de ser “el único gallego que rechaza una condonación de 4.100 millones de euros”. Según Besteiro, estos fondos podrían utilizarse para “liberar peajes, invertir más en investigación sanitaria o facilitar soluciones habitacionales a los más necesitados”. La crítica del PSOE se centra en que el PP está priorizando la estrategia política sobre el bienestar ciudadano.
Por su parte, Castilla-La Mancha ha aceptado con “triple satisfacción” la condonación de casi 5.000 millones de euros, aunque ha mostrado su desacuerdo con el reparto del impuesto a la banca. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha afirmado: “Reconocemos lo que está bien, que es la condonación, pero también lo que está mal: repartir los impuestos en función de la riqueza de las regiones”.
Aragón pide más y denuncia la dependencia de Ayuso
Desde Aragón, Jorge Pueyo, diputado de Chunta Aragonesista, considera que la propuesta de condonación de 2.124 millones de euros para su comunidad es “insuficiente” y acusa al presidente autonómico, Jorge Azcón, de actuar como una “marioneta” de Ayuso. Pueyo insta a Azcón a “defender los intereses de Aragón” y reclama una reestructuración completa de la deuda, al tiempo que alerta sobre la infrafinanciación que sufre la región.
¿Qué significa todo esto para los ciudadanos?
En términos sencillos, la condonación de la deuda autonómica significa liberar a las comunidades de parte de su deuda con el Estado. Esto reduciría los intereses a pagar, permitiendo destinar ese dinero a servicios públicos como sanidad, educación o infraestructuras. Por ejemplo, si Galicia condona 4.100 millones de su deuda, podría ahorrar hasta 600 millones en intereses, fondos que podrían invertirse en beneficios directos para la población.
Sin embargo, el rechazo del PP a esta medida abre un debate: ¿es esta condonación realmente beneficiosa para todos, o podría generar desigualdades entre comunidades? Para algunos, se trata de una oportunidad para aliviar la carga financiera. Para otros, una estrategia política con trampa.
El desenlace de esta polémica se definirá en el Congreso. Pero lo que está claro es que el debate ha puesto sobre la mesa un tema que, aunque suene complejo, afecta directamente al bolsillo y al bienestar de millones de ciudadanos.