El caso Montoro se ha llevado en secreto desde hace siete años. Mejor dicho, el juez de Tarragona Rubén Rus lo ha llevado en secreto. Astutamente, el magistrado instructor ha blindado el sumario, protegiéndolo, hasta que ha reunido pruebas concluyentes. Y el escándalo de los despachos de influencia para favorecer con rebajas fiscales a empresas afines ha terminado por estallar.
Sin embargo, no ha sido una tarea fácil. El juez se ha tenido que enfrentar a uno de los hombres más poderosos de la España de Rajoy: todo un superministro de Hacienda. Y ha habido intentos y presiones para que dé carpetazo al asunto. “La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la intervención de cuatro teléfonos móviles en el caso Montoro, que acordó el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, y que le tumbó la Audiencia de Tarragona”, asegura ElNacional.cat. Así consta en el sumario de este caso de corrupción, en el cual el juez investiga al exministro de Hacienda por supuestamente haber cobrado comisiones a cambio de aprobar reformas fiscales a un grupo gasístico.
En varias resoluciones, según el citado medio catalán, el magistrado Rus hace referencia a la negativa de la Fiscalía Anticorrupción a pinchar teléfonos, pero también al hecho de que ha dado su visto bueno a investigar un total de 321 cuentas y 339 productos bancarios. El juez levantó, el miércoles pasado, el secreto de la investigación, que mantenía desde agosto de 2018, y ha imputado a Montoro, junto con 27 personas más, nueve de ellas de su gabinete en el Ministerio de Hacienda en el segundo mandato del PP con el presidente Mariano Rajoy. Cabe recordar que por aquellas fechas el fiscal general del Estado era José Manuel Maza, un conservador próximo a los postulados del PP. Fue nombrado en noviembre de 2016 y ocupó el cargo hasta su fallecimiento en noviembre de 2017. La investigación del caso Montoro comenzó por esos días, cuando los Mossos d’Esquadra encontraron, de forma fortuita, un correo electrónico durante un registro en una empresa gasista. Ese mensaje, fechado en diciembre de 2013, mencionaba que “la vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.
El 16 de mayo de 2017, el Congreso de los Diputados censuró a Maza como fiscal general del Estado por actividades sospechosas destinadas a obstruir ciertos casos de corrupción. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, también fueron recusados. Este último dimitió de su cargo el 1 de junio de 2017. La recusación no tuvo efectos vinculantes.
“El juez de Tarragona ha recibido el apoyo del Departamento de Delincuencia Organizada contra la Corrupción de la Unidad Central (UCO) de la Guardia Civil, y también de los Mossos d'Esquadra y de la Agencia Tributaria. Por ahora, sin embargo, no hay un informe final sobre el total de dinero de las comisiones que habría cobrado el equipo de Montoro porque se sostiene que habrían creado un entramado societario para cobrar a escondidas a las empresas por los cambios legislativos hechos para favorecer al sector”, añade ElNacional.cat.
En la resolución, el juez detalla que Equipo Económico ha declarado a la Agencia Tributaria que ha cobrado unos 779.705 euros entre los años 2011 y 2019 por el asesoramiento que en realidad, según el juez, era para obtener una reducción de la base impositiva del sector en el impuesto eléctrico (con la ley 28/2014) y en el IAE (con la ley 6/2018).
Aparte, en el periodo investigado, entre 2008 y 2017, el beneficio neto de Equipo Económico y Global Afteli ascendió a 47.981.629,9 euros, según ha informado la cadena Ser, este lunes, aunque no significa que sean las comisiones ilegales.
El magistrado imputa siete delitos a Montoro y a los 27 encausados: cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Cabe recordar que Equipo Económico ha presentado un recurso en la Audiencia Provincial de Tarragona contra el juzgado que investiga su participación en una trama de favores a empresas, y niega haber pagado jamás a ningún funcionario. Montoro y su grupo reclama que se archive la causa por defectos de forma, ya que según ellos se han aportado correos electrónicos obtenidos de forma irregular y contrariamente a la ley. ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar esta línea de defensa? Habrá que esperar a que avance la instrucción para saberlo.
En un comunicado, el despacho señala que ayer presentó un recurso de apelación dirigido a la Audiencia Provincial de Tarragona, denunciando las “graves irregularidades advertidas en la causa desde su inicio”. El comunicado explica que los cambios normativos que se analizan en la causa, y que “supuestamente pudieran ser ilegales” según el juez, “fueron aprobados por las Cortes Generales, siguiendo los exigentes trámites previstos en nuestro ordenamiento, lo que implica la participación de distintos órganos consultivos”.