Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que en política la estabilidad pesa más que la coherencia. Tras una de las crisis más delicadas en el seno del Gobierno de coalición por la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí, el presidente ha optado por salvar el acuerdo con Sumar desautorizando públicamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero sin pedir su dimisión. El episodio, que ha puesto a prueba los límites del pacto de Gobierno, deja una herida en la credibilidad del Ejecutivo y, en especial, en la del propio presidente, que se había comprometido a no comprar armamento a Israel mientras continúe la ofensiva sobre Gaza.
Contradicciones que explotan
El origen del conflicto reside en un contrato firmado por Interior durante la Semana Santa con Guardian Homeland Security, una empresa armamentística israelí, para la adquisición de munición destinada a la Guardia Civil. La operación, por valor de seis millones de euros, se formalizó pese a que el propio Sánchez había prometido en el Congreso vetar cualquier compra de armas a Israel.
El problema estalló cuando la Cadena SER hizo pública la firma del contrato, generando una inmediata reacción de rechazo por parte de Sumar y un gran malestar en La Moncloa. El presidente, que ha querido abanderar internacionalmente la causa palestina, se encontró de repente con una decisión administrativa de su propio Gobierno que contradecía su discurso y su política exterior. La respuesta fue tajante: desautorizar a Marlaska y anunciar la cancelación del contrato, buscando una fórmula legal que evitara un conflicto jurídico.
La salida encontrada consiste en que un organismo ajeno a Interior, la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso, impida la entrada del material en España, lo que sirve como justificación para anular el contrato sin incurrir en una ilegalidad.
Un ministro blindado pese al desgaste
La figura de Marlaska no es nueva en las polémicas. Desde su nombramiento en 2018, ha sobrevivido a diversas crisis, como la tragedia en la valla de Melilla o los desencuentros con Unidas Podemos en materia de migración y seguridad. Pese a los roces internos y las críticas de organizaciones sociales y socios parlamentarios, Sánchez ha mantenido siempre su respaldo al ministro, al que considera un perfil técnico y de confianza.
Esta vez, sin embargo, la situación rozó el límite. Fuentes del Ejecutivo reconocen que el presidente estaba "muy enfadado" con el Ministerio del Interior por no haber informado previamente de la formalización del contrato, algo que consideran una torpeza política de alto voltaje. Aun así, Sánchez optó por proteger a Marlaska, convencido de que una dimisión en este momento abriría una crisis aún mayor en la coalición, debilitando al Gobierno y dándole munición —nunca mejor dicho— a la oposición.
Sumar e Izquierda Unida, al límite
Desde Sumar, y especialmente desde Izquierda Unida, la indignación fue inmediata. Yolanda Díaz trasladó personalmente a Sánchez el malestar de su espacio político y la necesidad de corregir el error cuanto antes. La presión fue tal que IU llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de salir del Ejecutivo si no se anulaba el contrato con Israel.
La Moncloa reaccionó con rapidez: en menos de 24 horas, la versión oficial pasó de que era "legalmente imposible" rescindir el contrato a anunciar una cancelación por razones de interés general. Una rectificación exprés con la que se intentó calmar los ánimos en la coalición y evitar una ruptura justo en la antesala de la cumbre de la OTAN, donde España deberá reafirmar su compromiso con el gasto militar del 2% del PIB.
El desgaste de la causa palestina
Uno de los efectos colaterales más graves de esta crisis es el daño a la imagen de Sánchez como líder internacional en defensa de la causa palestina. Su compromiso con el reconocimiento del Estado de Palestina y su condena al Gobierno de Netanyahu habían sido celebrados por diversos actores internacionales y sectores de la izquierda europea. Sin embargo, esta compra de balas a una empresa israelí, en plena ofensiva militar sobre Gaza y Cisjordania, pone en entredicho su credibilidad.
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha documentado que, desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre, el Gobierno español ha adjudicado 46 contratos a la industria militar israelí por más de 1.000 millones de euros. Aunque algunos aún no están formalizados, organizaciones pacifistas exigen su cancelación inmediata para no contribuir, aunque sea indirectamente, al conflicto.
Más tensión a la vista
La crisis parece haber sido desactivada de momento, pero en el horizonte ya se vislumbran nuevas fricciones. La principal será el debate sobre el aumento del gasto en defensa que debe concretarse en los próximos meses. Izquierda Unida ya ha advertido que no está dispuesta a aceptar un presupuesto militar inflado, y Junts se muestra reacio a apoyar otras medidas clave como la ley de reducción de jornada, cuyo debate comenzará en breve en el Congreso.
En resumen, la decisión de Sánchez de salvar a Marlaska responde a un cálculo político inmediato: evitar una implosión de la coalición. Pero el coste no es menor. La fractura interna, el desgaste de la credibilidad del Ejecutivo y el daño a su discurso internacional dejan una sensación amarga incluso entre los votantes más fieles.
Pedro Sánchez ha priorizado mantener la estabilidad del Gobierno frente a las exigencias de coherencia política. La rectificación sobre el contrato de balas ha evitado, de momento, la ruptura con Sumar, pero deja un mensaje inquietante: en la política de coalición, a veces la lealtad interna se impone al compromiso público. Y eso, para muchos, tiene un precio.