Carlos Mazón contiene la respiración ante la declaración de su exconsellera de Interior, Salomé Pradas, imputada por la jueza de Catarroja por la nefasta gestión de la riada del 29 de octubre. Lo que pueda decir su subalterna en sede judicial resulta de la máxima importancia para su futuro personal y político. Y Mazón se siente seguro y a salvo. Además, cree que, tras su pacto con Vox (con el que ha tragado con todo el ideario ultraderechista a cambio de los votos voxistas a la aprobación de Presupuestos) el patio político valenciano está controlado. No es así. La jueza Nuria Ruiz se ha propuesto llegar al fondo del asunto y tiene meridianamente claro quién fue el responsable de que las alertas por dana no llegaran a los teléfonos móviles de la población: el Gobierno autonómico. La titular de Catarroja no parará hasta que Mazón se siente en el banquillo y dé las explicaciones oportunas. Si no lo ha citado ya es sencillamente porque es un político aforado y porque gozará de esa condición hasta que el TSJ le levante la inmunidad. Eso ocurrirá más pronto que tarde, aunque el president, tras meses de mentiras, crea que ya ha pasado lo peor y que se encuentra fuera de peligro. Un espejismo que puede costarle caro.
De ahí que la declaración de Pradas se antoje trascendental. El entorno de la consellera ha deslizado que “se sabrá toda la verdad”, un aviso a navegantes que anticipa una idea: la extitular de Interior (ya cesada por Mazón) no piensa comerse el marrón de una negligencia con resultado de 228 muertes. El caso no es ninguna broma, al contrario, una sentencia condenatoria supondría muchos años de cárcel. Y Pradas hará lo que sea necesario para hacer comprender a la jueza que ella solo cumplía órdenes del jefe. Incluso decir la verdad, aunque con ella caiga Mazón.
Todo eso lo sabe el president. Fuentes próximas a la Generalitat aseguran que el barón valenciano del PP espera “tranquilo” porque cree que Salomé Pradas no dispone de prueba alguna que lo incrimine en un delito de homicidio imprudente. Error. Si aún no se ha dado cuenta de que la consellera es una bomba de relojería con piernas para él, es que está más fuera de la realidad de lo que parece. Hay conversaciones telefónicas entre ambos, órdenes, llamadas perdidas, mentiras tapadas y, sobre todo, largas horas en las que el presidente valenciano, en lugar de estar al frente del Cecopi, en el puesto de mando tratando de solucionar problemas, estuvo ausente, probablemente manteniendo una larga comida de toda la tarde, con una conocida periodista, en el restaurante El Ventorro. Todo ese material explosivo va a terminar en manos de la jueza de Catarroja.
El Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja ha citado a declarar como investigados el próximo 11 de abril a la exconsellera y al ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. En una providencia notificada este lunes a las partes, la magistrada cita también como testigo a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (PP), el 14 de abril, y el 29 del mismo mes a dos técnicos.
Por otro lado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano en un comunicado, la instructora ha dictado este lunes un auto en el que deniega la solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià de requerir datos sobre los vehículos oficiales usados por Mazón y sus escoltas entre las 8 horas del 29 de octubre y las 8 horas del día siguiente. La magistrada justifica esta negativa en la condición de aforado de Mazón, por lo que “no es factible” la “realización de diligencias de investigación sobre su actuación”.
Al respecto, la instructora recuerda que el president tiene la condición de aforado, por lo que el juzgado de instrucción no puede ordenar la práctica de diligencias de investigación sobre su actuación respecto de esta causa. Igualmente, deniega la misma solicitud de diligencias respecto de la entonces consellera de Justicia e Interior y de su secretario autonómico, pues “no consta que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión” del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) “o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso”, así como con respecto del director y el subdirector general de Emergencias, porque estos dos últimos cargos “no ostentan la condición de investigados”.
En relación con las posibles grabaciones de audio por parte de integrantes de la reunión del Cecopi de aquel 29 de octubre, considera que deben ser estos quienes manifiesten si poseen ese material y si “voluntariamente prestan su conformidad” para aportarlas al proceso una vez se les reciba declaración. Tanto la providencia como el auto notificados este lunes no son firmes y contra ellos caben recurso. La jueza Ruiz investiga los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia en una catástrofe que dejó 225 fallecidos, 3 desaparecidos y miles de afectados.