Al menos dos comunidades gobernadas por el PP (Madrid y Galicia) pagaban la "canonjía" al despacho de influencias de Montoro

Los Mossos y la UCO investigan si hay más gobiernos populares que mantuvieron trato comercial con Equipo Económico

24 de Julio de 2025
Actualizado a la 13:16h
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Montoro y Aguirre en una imagen de archivo
Montoro y Aguirre en una imagen de archivo

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, Rubén Rus, sigue el rastro del dinero de Equipo Económico (EE), el despacho del exministro Cristóbal Montoro bajo sospecha de hacer rebajar fiscales a empresas afines. El magistrado está indagando en los pagos de compañías gasísticas y de otros sectores, pero también de instituciones públicas como los gobiernos regionales gobernados por el Partido Popular. Y tirando del hilo, ya ha encontrado dos conexiones: transferencias realizadas por la Xunta de Galicia en tiempos de Alberto Núñez Feijóo y otros pagos realizados por la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre. Cantidades que estarían por justificar y que la falta de transparencia impide, a esta hora, saber en qué concepto se abonaron a EE.

En cuanto al dinero de Galicia para la consultoría del exministro, entre el listado ingente de clientes para los que trabajó Equipo Económico figura la Xunta. Así lo muestra un Informe de la Agencia Tributaria recogido en el sumario, y en el que consta la cantidad de 172.838 euros transferida desde el Gobierno regional al bufete privado del exministro. El balance se ciñe al período 2008-2019, años en los que la Xunta estuvo gobernada por Alberto Núñez Feijóo, salvo 2008, todavía bajo el mandato del socialista Emilio Pérez Touriño. El listado recoge aquellos clientes cuyos importes totales superan los 60.000 euros.

Mientras tanto, algo más al sur, en Madrid, también eran generosos con el gabinete de Montoro. En el informe consta que la Comunidad de Madrid también habría realizado pagos que ascienden a 314.360 euros en el mismo período, que abarca los mandatos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, principalmente. “La relación entre la Comunidad de Madrid y Equipo Económico ya ha había salido a la luz en este caso a través de Madrid Network, la organización sin ánimo de lucro creada por el Gobierno de Esperanza Aguirre. En total, la Agencia Tributaria recoge pagos de Madrid Network a Equipo Económico de 1,8 millones de euros”, informa La Sexta. “El vínculo entre el despacho de Montoro, si bien no se sabían estas cifras millonarias, es conocido desde hace años, cuando ya se publicó que Madrid Network habría gastado cinco millones en lobbies, algunos vinculados al PP como Equipo Económico”, añade la cadena de televisión privada.

Cabe recordar que en la entidad creada por la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre trabajaron, entre otros, Isabel Díaz Ayuso. Su presidente esos años, Antonio Beteta, aparece en la causa, aunque no está imputado. “Los pagos en la etapa de Aguirre al despacho fundado por Cristóbal Montoro ascienden a más de 2,1 millones de euros, según el sumario. Los informes recogen los ya conocidos 1,8 millones de euros que pagó la agencia Madrid Network, pero los investigadores también han detectado pagos por más de 300.000 euros de la Comunidad de Madrid entre los años 2008 y 2011. La Policía Judicial afirma que, en esos años, Antonio Beteta fue el presidente de Madrid Network, pero también consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional. Por eso, la Policía Judicial infiere que los pagos debieron hacerse desde su departamento”, informa la cadena Ser.

La Agencia Tributaria, los Mossos d'Esquadra y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevan más de un lustro analizando las finanzas y los movimientos del despacho que fundó Montoro en 2006. Un despacho que se transformó en la puerta giratoria del Ministero de Hacienda, con la entrada y salida de algunos de sus colaboradores más estrechos cuando el polémico ministro estaba al frente del departamento, con José María Aznar y Mariano Rajoy. El juez sospecha que el gran atractivo de Equipo Económico para algunos clientes era su capacidad de sentarse a la mesa con Hacienda e, incluso, condicionar la redacción de normas para beneficiar a sus clientes.

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