Los indicios fundados sobre millonarias adjudicaciones de contratos a dedo en la Xunta de Galicia no se van a investigar, al menos de momento, en los tribunales de Justicia. Al mismo tiempo, el PP ha cerrado cualquier tipo de posibilidad de transparencia en la asamblea regional. El poder judicial y el político maniatados por un partido, el PP, que lo tiene todo atado y bien atado en aquella comunidad autónoma.
De nada han servido las portadas de los periódicos regionales y nacionales sobre el tremendo escándalo que habla de adjudicaciones presuntamente irregulares ni que la oposición (PSOE y BNG) haya arreciado en sus denuncias y críticas sobre nepotismo, clientelismo y enchufismo a familiares y empresas afines. En cualquier país del entorno europeo, al menos se habría abierto una investigación. Aquí, en España, sigue habiendo un bastión que impide indagar en las cuentas de la derecha.
Así las cosas, el PSOE ha hecho un llamamiento a Alberto Núñez Feijóo para que comparezca por voluntad propia en la comisión de investigación sobre la contratación pública de la Administración autonómica, “en la que pretendemos arrojar luz sobre las sombras que existen en torno a la figura del expresidente gallego y hoy líder de la oposición”, según un comunicado de Ferraz. Hasta el momento, nada de nada. Feijóo hace oídos sordos a la petición, lo cual nos lleva a sospechar aquello de que quien calla otorga. Forma parte de las obligaciones y responsabilidades de cualquier político aclarar cualquier sombra de sospecha. Así funcionan las cosas en democracia. Por desgracia, el líder del Partido Popular prefiere dar la callada por respuesta y esconder la cabeza debajo del ala mientras siguen reproduciéndose los rumores de que la Xunta ha podido regar con millones de euros al entorno personal y profesional del hombre que aspira a gobernar España algún día.
Según los socialistas, las investigaciones periodísticas dejan entrever conexiones “poco explicadas” en la contratación de la Xunta con “familiares del señor Feijóo”, que implican millones de dinero de los impuestos de los gallegos y gallegas. “Feijóo pretende rehuir las explicaciones aprovechando la mayoría absoluta del PP, pero es ineludible que se siente a responder preguntas sobre su gestión al frente de la Xunta de Galicia y su forma de entender las contrataciones públicas”.
Las investigaciones periodísticas no dejan lugar a dudas. Hay sospechas fundadas y razonables de que la Administración gallega favoreció a según qué empresas y personas. A saber, el Grupo Eulen y la hermana de Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, directora de esta compañía en el noroeste desde el año 2016. Desde el inicio del mandato del presidente popular en 2009, esta empresa ha recibido más de 37 millones de euros en adjudicaciones de la Xunta. En 2015, alcanzó un récord de 6,2 millones de euros en contratos. Entre 2018 y 2023, según una investigación de El Salto, obtuvo 1.311 contratos menores por un valor de 4,8 millones de euros y, según el BNG, un total de 55 millones de euros en encargos durante ese periodo. ¿Se respetó la ley de contratos del Estado que marca los procedimientos a seguir según concurso público y oposición? Nada se sabe, todos es oscurantismo y falta de transparencia. El Gobierno de la Xunta asegura que toda la documentación está en regla, pero a día de hoy ni documentación ni regla. La opinión pública sigue sin saber los entresijos del dinero de Eulen.
Pero hay más. Universal Support y otro familiar directo de Feijóo. Ignacio Cárdenas Botas, cuñado del dirigente conservador, es director comercial de esta empresa. Durante la pandemia, entre mayo de 2020 y octubre de 2021, Universal Support recibió 19,2 millones de euros en contratos a dedo, según denuncias del BNG. Sobre su cuñado también existen sospechas por presuntamente utilizar una filial para ganar contratos por valor de 15 millones de euros vinculados al servicio de emergencias 112 de la Xunta, adjudicados tanto durante el Gobierno de Feijóo como el de Alfonso Rueda, según ha informado el diario Público.
Finalmente está el caso del sobrecoste en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Este centro sanitario de Vigo fue señalado por el Consejo de Cuentas de Galicia como un modelo de “concesión ineficiente”, generando un sobrecoste estimado de 470 millones de euros.
Demasiados indicios de despilfarro y favoritismo clientelar. La Justicia debería haber entrado de oficio en este mayúsculo caso que huele a corrupción por todas partes. ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la UCO de la Guardia Civil? ¿Dónde están los jueces de instrucción que como Juan Carlos Peinado (encargado de la instrucción contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez) tiran de la manta, con gran celo profesional, al menor indicio de irregularidades cuando hay socialistas por medio? Es evidente que hay un doble rasero en la Justicia española, a la que le preocupa mucho la legalidad del famoso máster universitario de la primera dama, pero muy poco que millones de euros del erario público vayan a enriquecer a terceros y a levantar emporios familiares que se perpetúan durante décadas.