El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este miércoles la condonación de 83.252 millones de euros de deuda autonómica. Sin embargo, la reunión estuvo marcada por el boicot de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP), cuyos representantes se levantaron de la mesa y abandonaron el encuentro antes de la votación. Esta decisión impidió un debate real sobre una medida que podría aliviar la carga financiera de las autonomías.
La propuesta del Gobierno busca aliviar la deuda que las comunidades autónomas han acumulado en los últimos años, en gran parte por el sistema de financiación establecido durante la crisis financiera de 2008. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el objetivo es ofrecer una solución que permita a las autonomías reducir los intereses que pagan y destinar esos fondos a servicios esenciales como sanidad y educación. “Se trata de una propuesta histórica que beneficiará a todas las comunidades, sin distinción de colores políticos”, aseguró.
El PP se retira en bloque
En plena discusión sobre el reparto de los ingresos generados por el nuevo impuesto a la banca, los consejeros de Hacienda de las 14 comunidades gobernadas por el PP se levantaron y abandonaron la sala. Miguel Corgos, consejero de Galicia, argumentó que la medida es una “imposición” del PSOE pactada con los independentistas catalanes. “Las comunidades no socialistas hemos sido relegadas a meras comparsas de un acuerdo ya cerrado en otros foros”, criticó.
Rocío Albert, consejera de Madrid, también atacó la iniciativa del Gobierno, asegurando que “lo que necesitamos es una nueva financiación autonómica, no una condonación de deuda decidida de espaldas a muchas comunidades”. Por su parte, Carolina España, responsable de Hacienda en Andalucía, afirmó que su comunidad “no tiene problemas de deuda, sino de financiación justa” y acusó al Gobierno de premiar a los independentistas.
Un alivio para las comunidades más endeudadas
A pesar del boicot del PP, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la condonación con el apoyo de las comunidades socialistas, incluyendo Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña.
Alícia Romero, consellera de Economía de la Generalitat de Catalunya, defendió la medida señalando que una gran parte de la deuda autonómica es consecuencia de la crisis de 2008 y de la infrafinanciación de algunas regiones. “Catalunya podrá ahorrar 1.550 millones de euros en intereses, lo que nos permitirá reforzar los servicios públicos y reducir la dependencia del Fondo de Liquidez Autonómico”, explicó.
La medida afecta especialmente a autonomías con altos niveles de deuda, como Andalucía (18.791 millones de euros), Catalunya (17.104 millones), la Comunidad Valenciana (11.210 millones) y Madrid (8.644 millones). Estas regiones podrán destinar los fondos que ahora se utilizan para pagar intereses a mejorar sus presupuestos para servicios esenciales.
Montero acusa al PP de "cobardía política"
Tras la reunión, María Jesús Montero acusó al PP de evitar un debate sincero sobre la financiación autonómica. “Los dirigentes del PP han defendido durante años una condonación de deuda, pero ahora que el Gobierno toma la iniciativa, prefieren marcharse en lugar de votar en contra. Es un esperpento político”, sentenció.
La ministra también señaló que el PP no ha presentado ninguna propuesta alternativa para reformar el sistema de financiación autonómica. “Si no están de acuerdo con la condonación, deberían traer una propuesta concreta en lugar de utilizar el enfrentamiento político como estrategia”, criticó.
Las comunidades del PP: entre la confrontación y la aceptación
A pesar del rechazo frontal del PP, algunos consejeros autonómicos dejaron abierta la posibilidad de aceptar la condonación una vez que sea aprobada en el Congreso.
Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda de Murcia, declaró que “será necesario analizar las condiciones”. Elena Manzano, de Extremadura, también indicó que su decisión dependerá de “los términos finales de la propuesta”. Solo Baleares se mostró tajante al afirmar que rechazará la condonación incluso si se aprueba en el Congreso.
¿Qué implica la condonación?
La condonación de deuda significa que el Estado asumirá parte de la deuda acumulada por las comunidades autónomas en los últimos años, especialmente entre 2009 y 2013, cuando la crisis financiera obligó a muchas regiones a recurrir al endeudamiento para financiar servicios básicos.
El Gobierno ha calculado la condonación basándose en la población de cada comunidad y en su nivel de endeudamiento. Además, se han aplicado ajustes para compensar a las regiones más perjudicadas por el actual sistema de financiación.
El debate sigue abierto
El siguiente paso será la presentación de un proyecto de ley en el Congreso, donde el Gobierno necesitará el apoyo de otras fuerzas políticas para aprobar definitivamente la medida. Además, Hacienda iniciará reuniones bilaterales con cada comunidad para negociar los detalles de la condonación.
Mientras tanto, el PP enfrenta un dilema: rechazar la medida por razones políticas o aceptar los beneficios económicos para sus comunidades cuando la quita de deuda sea un hecho. La respuesta final dependerá de cómo evolucione el debate en las próximas semanas.