Santos Cerdán lleva más de dos meses privado de libertad bajo una sospecha que la justicia aún no ha probado de manera convincente. Su defensa clama inconstitucionalidad, denuncia una instrucción indefinida e insiste en que esta medida cautelar excede cualquier lógica penal. En juego no están solo sus derechos, sino también los fundamentos de un sistema judicial democrático.
La prisión preventiva devora los plazos legales
Cerdán ingresó en prisión provisional el 30 de junio por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias e integración en organización criminal pueden conllevar pena de prisión y se fundamentó, según el juez instructor, en un supuesto riesgo de destrucción de pruebas. Sin embargo, su defensa señala que esa justificación caducó al cumplirse los seis meses legalmente establecidos para mantener esa medida si no hay indicios sólidos de manipulación. El Supremo ya denegó excarcelarlo, pero ahora el caso llega ante el Tribunal Constitucional, donde se examinará la admisibilidad del recurso de amparo, que acusa a la prisión provisional de ser inconstitucional.
Investigación sin acotamiento, señalamiento político y erosión de derechos
La defensa lamenta que el caso se haya desplegado como una causa general más que un procedimiento penal concreto, cuestionando si se penaliza su trayectoria política desde 2014 más que una conducta presuntamente delictiva puntual. Además, denuncian "pruebas contaminadas": grabaciones cuya procedencia exige ser acreditada, audios incautados sin garantías y testimonios que podrían haber sido manipulados en prisión. A esto se suma la petición, sólida y razonable, de interrogar a los protagonistas del informe de la UCO —las personas encargadas de elaborar el documento clave—, para determinar si hubo presión indebida o colaboración con la Fiscalía. Según la defensa, la prisión coercitiva se ha convertido en una herramienta de investigación antes que una medida excepcional.
Contexto y reflexión progresista
La prisión provisional no debe ser una pena anticipada ni una herramienta de propaganda. En un Estado de derecho auténtico, su objetivo es limitado: impedir la reiteración delictiva, la fuga o la destrucción de pruebas. Pero cuando se excede el plazo sin prueba sólida, su continuidad compromete los cimientos del sistema penal democrático. Que un político de primera línea sea mantenido en prisión por sospechas vagas —más vinculadas a su figura e implicaciones políticas que a evidencias concretas— erosiona tanto su dignidad como la credibilidad institucional del proceso.
La exigencia de su defensa resuena no solo como una batalla personal, sino como una defensa de la justicia contra el poder. En pleno otoño judicial, donde crecen las preguntas sobre transparencia, accountability y garantías procesales, la liberación de Cerdán puede ser una señal fresca: de que la ley sigue vigente y protegiendo frente al exceso. Si no, corremos el riesgo de sumar otro caso a la lista en que la libertad se convierte en privilegio, la justicia en instrumento y la política en acusación permanente.