El intento de Junts per Catalunya de obligar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza se ha topado con un muro en el Congreso. La Mesa de la Cámara Baja, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, ha decidido aplazar la decisión sobre si admitir o no a trámite la proposición no de ley (PNL) registrada por el partido de Carles Puigdemont. El movimiento, que no tiene efectos jurídicos pero sí un fuerte simbolismo político, queda así congelado mientras el órgano estudia en profundidad el informe de los letrados.
Según fuentes parlamentarias, el debate no se resolverá a corto plazo. Aunque los servicios jurídicos no rechazaron la propuesta de Junts de forma tajante, su informe plantea dudas técnicas que la Mesa prefiere analizar con detenimiento. El argumento oficial de PSOE y Sumar es que la complejidad jurídica de la iniciativa requiere “tiempo de estudio”, una postura que, de facto, frena la ofensiva independentista.
Una decisión que divide
La Mesa, que regula el funcionamiento del Congreso, está formada por nueve miembros: PSOE y Sumar suman cinco, mientras que el PP tiene cuatro. Los populares, en línea con su estrategia de presión contra el Gobierno, se han mostrado a favor de tramitar la iniciativa de Junts. “Es un debate necesario”, afirmó Borja Sémper, portavoz del PP, quien acusó a Sánchez de “esconderse” para evitar someterse al escrutinio del Congreso.
La proposición de Junts plantea una situación insólita en la democracia española. Aunque la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno, el partido independentista busca forzar un pronunciamiento político del Pleno que, si prosperase con el apoyo de PP y Vox, pondría al Ejecutivo en una posición delicada.
Según fuentes de la Mesa, si la iniciativa llegara a votarse, no tendría valor jurídico, pero su carga política sería innegable: una especie de censura simbólica a Pedro Sánchez. De ahí que el PSOE y Sumar se hayan tomado su tiempo, conscientes del riesgo que supone abrir la puerta a este tipo de debates.
Un informe ambiguo
El informe de los letrados del Congreso, lejos de despejar las dudas, ha generado interpretaciones contradictorias. Los juristas no rechazan de pleno la propuesta de Junts, pero advierten de que admitirla podría tener “un impacto en la confianza generada con la investidura” entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.
A pesar de la falta de precedentes, los letrados plantean dos escenarios. Por un lado, podría admitirse a trámite si Junts reformula la PNL para aclarar que no obliga jurídicamente al presidente a someterse a una cuestión de confianza. Por otro, la Mesa podría rechazarla alegando que el debate carece de sentido al no tener efectos reales.
Conversaciones discretas
Mientras tanto, fuentes cercanas al Gobierno aseguran que hay contactos discretos con Junts para intentar rebajar la tensión. Los socialistas buscan que el partido de Puigdemont reformule su propuesta o incluso la retire, evitando así un desgaste innecesario en el Congreso. Sin embargo, Junts mantiene su posición firme y vincula este movimiento a su estrategia de presión sobre el Ejecutivo para lograr avances en sus demandas.
La proposición de Junts forma parte de una ofensiva más amplia que incluye la amenaza de no respaldar los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno no cumple con sus exigencias. La relación entre el PSOE y sus socios independentistas atraviesa un momento delicado, y la iniciativa en el Congreso es solo un síntoma de esa tensión creciente.
El calendario juega a favor de la izquierda
La decisión de la Mesa de aplazar la admisión a trámite no retrasa, en la práctica, el posible debate. El calendario del Congreso establece que las proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios solo pueden debatirse en fechas concretas. En el caso de Junts, su próximo turno no sería hasta finales de febrero.
Este margen de tiempo permite al PSOE y a Sumar enfriar el debate y buscar una salida negociada. Para los dos partidos que sostienen al Gobierno, aceptar la propuesta supondría abrir un debate que el PP y Vox aprovecharían para cuestionar la estabilidad del Ejecutivo. Rechazarla, en cambio, podría ser utilizado por Junts como un argumento más para intensificar sus exigencias.
Por ahora, la cuestión de confianza solicitada por Junts queda en suspenso. El PSOE y Sumar ganan tiempo mientras estudian los informes y negocian con los independentistas. Pero la decisión final sigue en el aire y amenaza con reavivar las tensiones entre el Gobierno y sus socios de investidura.