El juez Santiago Torres (Palencia, 1962) fue una rara avis en el siempre cerrado, corporativista y ultraconservador mundo judicial español. Durante su estancia en diferentes destinos fue conocido por asumir la instrucción de importantes casos de narcotráfico y corrupción en España, entre ellos el sumario contra el entonces todopoderoso presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, por el caso Camisetas instruido en 1998. Torres también fue el juez del caso Guateque (quedó sobreseído y él amonestado por un retraso en el sumario de 130.000 folios), el caso Alierta (contra el entonces presidente de Telefónica) o el que desarticuló el clan de los búlgaros. En julio de 2013 decidió abandonar la carrera por decisión propia para ejercer la abogacía. ¿Qué fue lo que vio, que le llevó a dejarlo todo y a salir corriendo? Solo él lo sabe, pero no sería de extrañar que, al margen de los factores personales (durante el caso Camisetas le hicieron la vida imposible y acabó sufriendo dos infartos), el fuerte hedor a corruptelas que invade los despachos de nuestra oficina judicial fuese lo que le llevó a tomar la drástica decisión de dejar una profesión abnegada, ingrata y llena de peligros.
Ahora que la opinión pública vive con estupor (y vergüenza ajena) los efectos del lawfare, de la guerra sucia judicial, de la politización de la justicia y de la llegada de la extrema derecha a los tribunales, en asuntos mediáticos que están en la mente de todos, es un buen momento para recordar las palabras de este profesional trabajador y honrado. Hace algún tiempo, concretamente en noviembre de 2023, Torres concedió una entrevista tan reveladora como enigmática a la Cadena Ser, donde decidió arremeter contra ese sector judicial al servicio del poder. Torres llegó a reconocer que hay “compra” de jueces en España (dijo conocer varios casos en Marbella) aunque el 99 por ciento de los magistrados aplican correctamente las normas. “Un juez es la última frontera de defensa de los derechos de los ciudadanos. Es el bisturí que utiliza el derecho para hacerlo. Si está contaminado, solo sirve para transmitir más enfermedades. Es un peligro, no es tristeza. Se ha confundido la defensa de la independencia judicial con el control de los conflictos de intereses, el control de los ingresos y régimen de vida y que solo se pueden poner querellas si hay pruebas objetivas”, argumentó el exjuez. De las palabras de Torres se pudo inferir que hay corrupción en el escalafón judicial español, ahora bien, ¿quién lucha para depurar a los responsables de las corruptelas y connivencias con el poder político? Nadie. Los jueces tienen poder absoluto y no hay ningún organismo oficial que los fiscalice a fondo, salvo otros jueces que están por encima de ellos, en el Consejo General del Poder Judicial, y a los que tampoco se vigila para que su labor se realice en condiciones de imparcialidad, independencia y objetividad. Es como poner a los lobos a cuidar de las ovejas.
“El sistema español no está preparado para el crimen organizado, bajo ningún concepto. Se dejan muchas cosas por el camino, es un sistema de la época de la carreta. Está basado sobre la figura de la instrucción porque proviene de una época en la que había analfabetismo y lagunas de coordinación y consistencia jurídica. Este sistema judicial está sobrepasado y no se acomoda a las necesidades criminológicas actuales. Vale para 'robaperas' y 'robagallinas', es decir, delitos flagrantes que ocurren en el momento. Para delitos económicos: hay muy pocos especialistas”, señaló.
Torres insistió en que uno de los problemas fundamentales del sistema en nuestro país es la incapacidad de perseguir delitos económicos, especialmente el blanqueo de capitales. “Es la base de la lucha contra el gran delito”, apunta. Al jurista le preocupaba la “falta de ánimo” de la judicatura por la marcha de la justicia.
Para Torres, su profesión es la “mayor consecución de nuestra civilización”. “Sé lo que son las presiones y el ejercicio de un cargo público, pero el nivel de presión que viví entonces no lo había conocido nunca. También mi familia. Me hizo ver que las presiones en un sitio pequeño son mucho más cerradas y peligrosas”, explicó el exjuez durante la entrevista. Torres llegó a decir que las presiones le llegaron a través de pasquines del ayuntamiento que le acusaban de “prevaricador” y “ladrón”, también en el periódico local; o cómo le quitaban la mirada los trabajadores de los juzgados. Las amenazas fueron en aumento: la policía municipal le mantuvo vigilado y a su mujer, todas las mañanas, dos personas la perseguían “ostentosamente”. A ese nivel, propio de estados mafiosos, hemos llegado ya.
“Creo que Jesús Gil actuó con semejante impunidad porque seguramente no se encontró con quien le mirara de cara en todos esos años”, dijo contundente el jurista. “Había pleitesía directa en los juzgados, era como una extensión del ayuntamiento. Los sitios pequeños tienen problemas de relaciones sociales que no se ven en otros sitios. Hay que verlo para creerlo”, añadió.
El hoy abogado tuvo que enfrentarse a numerosas querellas y casi dedicó “más tiempo” a defenderse que a trabajar. También recibió amenazas de muerte recientes, aunque no quiso dar más detalles. Todo aquello lo llevó al hospital. “Es el compromiso de la vocación. Es sencillamente que estaba dispuesto a cumplir el deber hasta las últimas consecuencias. Lo que había que hacer por encima de la conveniencia. Me hubiera convenido mirar hacia otro lado, hubiera sido más feliz, pero nunca consiguieron nada por el lado malo. Luego intentaron conseguirlo por el lado bueno”, señala el jurista.
“La Justicia para mí es una vocación de intentar dar a cada uno lo suyo, algo que he intentado llevar a cabo en todos los puertos en los que he servido. En algunas ocasiones lo he conseguido, en otras estoy seguro de que no”, aseguró. “Cuando estaba en el juzgado de instrucción número 32 de Madrid tenía entre 10.000 y 12.000 diligencias previas. De esas, había que quitar un porcentaje importante de denuncias sin autor conocido. Quizá llevaba 400 o 500 asuntos importantes. He tenido que llevar 70 presos o casos con 200 imputados”, relató el exjuez.