El Congreso de los Diputados enfrenta una jornada crucial con la votación de tres reales decretos, entre ellos el denominado decreto ómnibus, una medida que incluye desde la subida de las pensiones hasta ayudas por desastres naturales. La aprobación de este paquete, clave para el Gobierno, está en el aire, dependiendo del apoyo de formaciones como Junts o, en un giro inesperado, del Partido Popular. La jornada se perfila como un desafío para la Pestabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que lidia con un Parlamento fragmentado y negociaciones tensas.
Un decreto cargado de medidas sociales
El decreto ómnibus, compuesto por 140 páginas de disposiciones, ha generado intensos debates por su contenido heterogéneo. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
- Revalorización de pensiones: Incremento del 3% para las contributivas y del 9% para las no contributivas, beneficiando a más de 12 millones de personas.
- Ayudas al transporte público: Extensión de la gratuidad en abonos para ciertos colectivos.
- Apoyo a damnificados: Subvenciones para afectados por la DANA y el volcán de La Palma.
- Cesión al PNV del palacete en París: Una concesión que ha generado críticas por parte de la oposición.
A pesar de la relevancia social de estas medidas, la oposición, encabezada por el PP y Vox, ha calificado el decreto de "estafa política" y "chantaje parlamentario". Según el portavoz del PP, Miguel Tellado, “el Gobierno ha cedido demasiado a los partidos nacionalistas, convirtiendo al PNV en el partido aprovechategui”.
La negociación con Junts y el PP
La llave para la aprobación del decreto está en manos de Junts y, potencialmente, del PP. Aunque Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, aseguró que “hay conversaciones con todos los grupos”, el apoyo de Junts sigue siendo incierto. Desde Moncloa han apelado a la responsabilidad de la formación de Carles Puigdemont, recordándoles que votar en contra supondría “reducir las pensiones de los catalanes”.
En cuanto al PP, las señales son contradictorias. Por un lado, han mostrado disposición para apoyar la subida de las pensiones, pero, por otro, rechazan la cesión del palacete parisino al PNV. La abstención parece ser la opción más probable, aunque la decisión final se tomará en el último momento.
El fin del gravamen energético, otro escollo
Uno de los puntos más polémicos es la continuidad del impuesto a las energéticas, una medida introducida en 2022 que ha generado una fuerte oposición empresarial. Su prórroga está en riesgo debido a la negativa del PNV y la falta de consenso con Junts. Para Podemos, la eliminación del gravamen sería una traición, lo que pone en peligro su apoyo a los Presupuestos Generales de 2025. Según Javier Sánchez Serna, portavoz de la formación, “el PSOE ha incumplido sus compromisos, generando desconfianza”.
Críticas cruzadas y presiones políticas
En el pleno, las acusaciones y recriminaciones han sido la norma. Desde el Gobierno, Bolaños y Pilar Alegría han insistido en que los diputados tienen la responsabilidad de mejorar la vida de los ciudadanos. “Quien vote en contra deberá explicar por qué está en contra de subir las pensiones o garantizar el transporte público gratuito”, señaló Alegría.
Por su parte, Vox ha tildado el decreto de “trampa legislativa”, mientras que el PP acusa al Gobierno de usar medidas sociales como moneda de cambio para contentar a sus socios. El portavoz de Bildu, Oskar Matute, criticó al Ejecutivo por no haber ofrecido garantías suficientes a los grupos que apoyaron el impuesto a las energéticas.
Un examen decisivo para el Gobierno
La votación de este miércoles es un termómetro de la estabilidad del Gobierno de coalición. Con una mayoría parlamentaria ajustada, Sánchez enfrenta el desafío de sacar adelante medidas esenciales mientras lidia con una oposición beligerante y socios críticos.
La jornada será una prueba de fuego para el Ejecutivo, que deberá demostrar su capacidad de negociación y liderazgo en un Congreso marcado por la fragmentación política. Todo apunta a que las decisiones de última hora serán determinantes, tanto para el futuro del decreto ómnibus como para la continuidad de la agenda legislativa del Gobierno.