Cuando en abril pasado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de pobreza energética de Cataluña que abandera la regidora de Barcelona, Ada Colau, lo argumentaba bajo la premisa de que contenía artículos que excedían las competencias de la Generalitat y que podrían vulnerar el derecho a la igualdad de todos los españoles.La vicepresidenta aseguraba que había leyes similares en otras comunidades como Andalucía, Canarias, Navarra y el País Vasco, donde en tres de ellas el Constitucional había acordado ya su suspensión por entender que podía causar daños “de carácter irreparable”.Se trata sin duda de un problema social abordado de manera política en un conflicto de competencias que se prolonga en el tiempo sine die sin que las distintas administraciones responsables pongan medidas concretas que eviten que millones y millones de españoles pasen frío en sus casas.Parece evidente a estas alturas que este problema es más una cuestión de talante político que de cuantía económica ya que el PSOE, uno de los aliados del PP y de Ciudadanos en la última proposición no de ley aprobada en octubre pasado, cuantifica en solo 130 millones de euros de los Presupuestos la cantidad que sería necesaria para que ningún español padeciera los rigores del invierno en sus hogares. Curiosamente esta cantidad de dinero es aproximada a los gastos que conlleva convocar y gestionar unas elecciones generales en este país.Una muestra más de la evidencia de que este conflicto social se ha politizado hasta límites insostenibles se produjo el pasado mayo, cuando el Constitucional volvió a suspender parcialmente la ley de pobreza energética del Gobierno catalán pese a que el parlamento autonómico había promovido una nueva redacción de la norma. Apenas un mes antes el TC anuló, también parcialmente, el decreto-ley de Cataluña que impedía a las empresas eléctricas y gasistas cortar la energía a familias que no podían pagar el consumo.
PP, PSOE y C’s se parapetan para no tocar a las eléctricas contra la pobreza energética
14
de Noviembre
de
2016
Actualizado
el
02
de julio
de
2024
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Partido Popular, PSOE y Ciudadanos se miran unos a otros para saber quién tiene la culpa de no evitar que hoy existan cinco millones de españoles que pasan frío por no tener recursos económicos para calentar sus hogares. Lo que sí tienen claro estos tres grupos parlamentarios es que a las eléctricas ni tocarlas.Es precisamente lo que quiere abordar Unidos Podemos, que sean las compañías energéticas las que cubran esta situación extrema de millones de hogares españoles. ¿Cómo? Con las ingentes cantidades de dinero que han cobrado de más por los denominados costes de transición de la competencia, estimados en unos 3.000 millones de euros. Este dinero no ha sido reclamado en ningún momento ni por los gobiernos del PSOE ni por los del Partido Popular.A día de hoy, el último movimiento dado a nivel parlamentario para frenar esta situación extrema de uno de cada diez hogares en España fue la aprobación el 4 de octubre de una proposición no de ley acordada por PP, PSOE y Ciudadanos. En ella se garantiza de forma excepcional que las empresas energéticas no cortarán el suministro eléctrico en aquellos domicilios donde vivan personas enfermas que necesiten equipos eléctricos. Asimismo, las eléctricas deberá obligatoriamente avisar a cualquier familia en riesgo de exclusión social antes de ordenar el corte para que los servicios sociales de las diferentes administraciones certifiquen esta situación de vulnerabilidad.Y el parlamento apenas va más allá, descontando que el PP asume por primera vez que existe un problema de pobreza energética en España al que tiene que hacer frente de una manera u otra. Pero el último acuerdo de la Cámara Baja se limita a invocar futuros y vagos pactos inconcretos con las empresas eléctricas para que no corten el suministro en toda la época de frío a los catalogados como consumidores vulnerables. Esta proposición no de ley contempla también un bono social eléctrico para hogares con muy bajo nivel de ingresos.Hasta ahora, todas las iniciativas que distintas autonomías como la catalana o la castellanomanchega, o ayuntamientos como el de Barcelona, han intentado poner en marcha de forma unilateral sin contar con la ayuda estatal han tenido como única respuesta del Gobierno del PP la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional.Cuando en abril pasado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de pobreza energética de Cataluña que abandera la regidora de Barcelona, Ada Colau, lo argumentaba bajo la premisa de que contenía artículos que excedían las competencias de la Generalitat y que podrían vulnerar el derecho a la igualdad de todos los españoles.La vicepresidenta aseguraba que había leyes similares en otras comunidades como Andalucía, Canarias, Navarra y el País Vasco, donde en tres de ellas el Constitucional había acordado ya su suspensión por entender que podía causar daños “de carácter irreparable”.Se trata sin duda de un problema social abordado de manera política en un conflicto de competencias que se prolonga en el tiempo sine die sin que las distintas administraciones responsables pongan medidas concretas que eviten que millones y millones de españoles pasen frío en sus casas.Parece evidente a estas alturas que este problema es más una cuestión de talante político que de cuantía económica ya que el PSOE, uno de los aliados del PP y de Ciudadanos en la última proposición no de ley aprobada en octubre pasado, cuantifica en solo 130 millones de euros de los Presupuestos la cantidad que sería necesaria para que ningún español padeciera los rigores del invierno en sus hogares. Curiosamente esta cantidad de dinero es aproximada a los gastos que conlleva convocar y gestionar unas elecciones generales en este país.Una muestra más de la evidencia de que este conflicto social se ha politizado hasta límites insostenibles se produjo el pasado mayo, cuando el Constitucional volvió a suspender parcialmente la ley de pobreza energética del Gobierno catalán pese a que el parlamento autonómico había promovido una nueva redacción de la norma. Apenas un mes antes el TC anuló, también parcialmente, el decreto-ley de Cataluña que impedía a las empresas eléctricas y gasistas cortar la energía a familias que no podían pagar el consumo.
Cuando en abril pasado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de pobreza energética de Cataluña que abandera la regidora de Barcelona, Ada Colau, lo argumentaba bajo la premisa de que contenía artículos que excedían las competencias de la Generalitat y que podrían vulnerar el derecho a la igualdad de todos los españoles.La vicepresidenta aseguraba que había leyes similares en otras comunidades como Andalucía, Canarias, Navarra y el País Vasco, donde en tres de ellas el Constitucional había acordado ya su suspensión por entender que podía causar daños “de carácter irreparable”.Se trata sin duda de un problema social abordado de manera política en un conflicto de competencias que se prolonga en el tiempo sine die sin que las distintas administraciones responsables pongan medidas concretas que eviten que millones y millones de españoles pasen frío en sus casas.Parece evidente a estas alturas que este problema es más una cuestión de talante político que de cuantía económica ya que el PSOE, uno de los aliados del PP y de Ciudadanos en la última proposición no de ley aprobada en octubre pasado, cuantifica en solo 130 millones de euros de los Presupuestos la cantidad que sería necesaria para que ningún español padeciera los rigores del invierno en sus hogares. Curiosamente esta cantidad de dinero es aproximada a los gastos que conlleva convocar y gestionar unas elecciones generales en este país.Una muestra más de la evidencia de que este conflicto social se ha politizado hasta límites insostenibles se produjo el pasado mayo, cuando el Constitucional volvió a suspender parcialmente la ley de pobreza energética del Gobierno catalán pese a que el parlamento autonómico había promovido una nueva redacción de la norma. Apenas un mes antes el TC anuló, también parcialmente, el decreto-ley de Cataluña que impedía a las empresas eléctricas y gasistas cortar la energía a familias que no podían pagar el consumo.
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