Ron demostró que no existe conexión entre la ampliación de capital y la resolución del Popular

La declaración de Ángel Ron en la Audiencia Nacional dejó claros muchos puntos clave del Caso Popular. En primer lugar, el ex presidente expuso la desconexión existente entre dos hechos que no están conectados: la ampliación de capital de 2016 y la resolución, es decir, que el primero en nada influyó en la decisión adoptada por la JUR y ejecutada por el FROB.

Para ello, Ron se apoyó, en primer lugar, en que tanto la Junta Única de Resolución, como el FROB, el Banco Central Europeo (BCE) y el Ministerio de Economía afirmaron, cada cual en su momento, que el Popular era una entidad solvente en el momento de la resolución y que la misma se debió a una crisis de liquidez que se desarrolló durante el segundo trimestre de 2017. Ron dejó muy claro que el propio equipo de Emilio Saracho afirmó que la ratio de liquidez excedía en un 80% el mínimo regulatorio en el primer trimestre.

Ron hizo mucho hincapié en lo que afirma el informe de los peritos del Banco de España respecto a la solvencia del Popular, el patrimonio de más de 11.000 millones de euros y una capacidad de generación de beneficios recurrentes antes de provisiones de 1.150 millones de euros al año. También hizo mucha fuerza en el hecho de que los peritos afirmaran que el Popular estaba en condiciones de cumplir con los objetivos para 2018 de ampliación de 2016.

Por tanto, la única causa plausible y real de la resolución del Popular no hay que buscarla en épocas anteriores a febrero de 2017, sino a los meses en que Emilio Saracho presidió la entidad. La única causa real fue la salida masiva de depósitos durante el segundo trimestre de 2017, siendo particularmente fuertes las que se originaron a partir del 31 de mayo, fecha en la que se produjo la filtración a Reuters desde la JUR a la que Saracho no le dio ninguna importancia.

Según se indica en el informe pericial del Banco de España, la ruina de 1,2 millones de personas fue provocada por «la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva». Ron hizo mucho hincapié en este punto puesto que el propio informe desvincula de manera absoluta las consecuencias de la resolución de la ampliación de capital de 2016.

El ex presidente del Popular, además, insistió en el hecho de que los administradores anteriores a Saracho dejaron medidas para reforzar la solvencia del Banco que eran perfectamente ejecutables y que hubiesen evitado la resolución del Banco, y que los objetivos de la ampliación eran cumplibles con las operaciones planificadas por el Consejo anterior.

Hay que destacar el hecho de que el juez Calama, cuando Ángel Ron daba estos datos, interrumpió varias veces señalando que no era necesario recalcar lo obvio.

Ron incidió mucho en uno de los aspectos que señala el informe del Banco de España y que muestra cómo no existe conexión alguna entre la ampliación de capital y la resolución: «a pesar de que aparentemente el BCE conocía el carácter de estimaciones de las provisiones necesarias, nos llama la atención que en la declaración de posible insolvencia del 6 de junio de 2017 no se señalara el carácter provisional de estos importes o que los ratios de solvencia mejorarían por las operaciones de ventas de sociedades en curso o, incluso, por una posible ampliación de capital».