El asesinato de Ruth y José, los dos hijos de José Bretón, no solo marcó un antes y un después en la conciencia colectiva sobre la violencia vicaria. También dejó una herida abierta en la sociedad y en su madre, Ruth Ortiz, que aún hoy sangra. Doce años después, sus confesiones han vuelto a abrir el dolor a través del libro El odio, y con él, la evidencia de que la ley llega demasiado tarde para proteger a quienes ya han sido víctimas.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado un anteproyecto de ley que pretende cerrar esa brecha legal: una ley que no solo castigue, sino que prevenga. Y lo ha hecho durante la inauguración del curso “Violencia vicaria: situación actual y retos” celebrado en San Lorenzo de El Escorial, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense.
La violencia que no acaba con la cárcel
“La violencia vicaria busca causar el mayor daño posible a una mujer a través de lo que más quiere: sus hijos. Y ese sufrimiento no termina con el encarcelamiento del agresor”, explicó Redondo. “Ese hombre sigue ejerciendo poder desde la sombra. Desde una carta, una entrevista, un libro. Y eso hay que pararlo”.
El anteproyecto, aún en fase de estudio en el Ministerio de Justicia, incluye medidas penales anticipatorias que permitirán a los jueces aplicar restricciones concretas. Una de ellas: impedir a los asesinos de violencia vicaria tener contacto con medios de comunicación o con periodistas que estén dispuestos a difundir su discurso.
El objetivo es proteger a las víctimas de una segunda agresión, esta vez emocional y pública, y evitar que el asesino convierta su crimen en una plataforma mediática. “No puede haber espacio para que el maltratador controle el relato”, subrayó la ministra.
Un cambio necesario en el marco legal
Redondo ha sido clara: la legislación actual no basta. Se necesita una respuesta jurídica que llegue antes de que haya conflicto de derechos fundamentales. “Estamos ante casos donde se enfrentan la libertad de expresión o creación con la protección de las víctimas. Y ahí debemos ser claros: no todo vale”, insistió.
La libertad artística, reconocida constitucionalmente, debe tener límites cuando revictimiza a quien ha sufrido una pérdida irreparable. La futura ley busca precisamente ese equilibrio. Para ello, el interés superior del menor se colocará en el centro de toda actuación judicial, en línea con lo que marcan organismos internacionales de derechos humanos.
Casos como el de Juana Rivas o Ruth Ortiz han revelado vacíos legales y sociales. “Debemos ser más ágiles. No podemos seguir legislando con los ojos en el pasado”, afirmó Redondo.
Una nueva generación de violencias
Pero la violencia vicaria no es el único frente. Ana Redondo también advirtió de la emergencia de nuevas formas de violencia: digital, simbólica, mediática. La renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género este mismo año ha incorporado estas agresiones que, según la ministra, provienen en muchos casos de sectores que “rechazan de plano los avances feministas”.
En este sentido, la ministra señaló a movimientos de hombres jóvenes que utilizan las redes sociales para difundir mensajes de odio y desprecio hacia las mujeres. Una violencia “salvaje” que requiere una respuesta urgente por parte del Estado y de toda la sociedad.
“Hay una generación dispuesta a defender con uñas y dientes los privilegios que creen perder. Pero nuestra responsabilidad es histórica: debemos construir una sociedad libre de violencia hacia las mujeres”, sentenció.
Más allá de la violencia vicaria
Durante su intervención, Redondo también abordó otros compromisos del Ministerio de Igualdad, como la protección de personas con discapacidad, tras el caso de la fiesta de Lamine Yamal. Recordó que la legislación prohíbe el uso de personas con discapacidad en espectáculos que atenten contra su dignidad.
“No se trata solo de evitar el sufrimiento físico, sino también el simbólico y el institucional”, insistió. El Gobierno ha aprobado recientemente un proyecto de ley que refuerza las garantías y derechos de las personas con discapacidad, con especial atención a su acceso al empleo, la formación y la vida independiente.
Un llamamiento a la responsabilidad democrática
La ministra concluyó con un mensaje claro frente a los recientes disturbios xenófobos en Torre Pacheco (Murcia), tras la agresión a un hombre por parte de varios jóvenes de origen magrebí. A raíz de este hecho, grupos de ultraderecha se desplazaron a la localidad y se enfrentaron a la población migrante local.
Redondo pidió “responsabilidad democrática” a todos los actores políticos y sociales, especialmente a quienes tienen representación pública. “España no es un país racista ni xenófobo, y no vamos a permitir que algunos lo conviertan en eso”, declaró.
“La convivencia se protege con leyes, sí, pero también con ética pública, con una ciudadanía crítica, y con líderes que no alimenten el odio, sino que lo enfrenten.”
Una ley para vivir sin miedo
La futura ley de violencia vicaria no es una respuesta al pasado, sino una apuesta por el futuro. Una norma que reconoce que la violencia contra las mujeres adopta formas múltiples y persistentes. Que la cárcel no es el final, y que la palabra del agresor no puede tener más eco que el dolor de la víctima.
Porque si algo ha demostrado el caso Bretón, es que el daño no termina con la condena. La violencia vicaria necesita ser prevenida, no solo castigada. Y para ello, la ley debe llegar antes. No después. Nunca después.