Se trata de viviendas capaces de generar, almacenar y gestionar su propia energía, de evitar los elevados precios de la energía durante la ola inflacionista y de no verse afectadas por un apagón histórico. Sin embargo, sufren la obligación de estar conectadas a la red convencional. Se obliga por normativa a las viviendas a engancharse a Red Eléctrica, aunque sean energéticamente autosuficientes y no necesiten ni den uso a esa conexión, lo que supone, en lugar de incentivar este tipo de soluciones sostenibles y visionarias, imponerles un gasto adicional innecesario.
Mientras las tecnologías avanzan para dotar a las viviendas de mayor autonomía y evitar que en situaciones como subidas generalizadas de los precios de la energía o incluso de cortes en el suministro, sus propietarios se ven afectados, pues esas normativas parecen no acompañar esta evolución, sino más bien frenar su desarrollo y expansión.
Aunque muchos ciudadanos lo desconocen, la normativa española impide que una vivienda funcione totalmente desconectada de Red Eléctrica, incluso si es autosuficiente desde el punto de vista energético.
La legislación, que no es reciente, pero sigue vigente y sin modificaciones actualizadas, obliga a que toda vivienda esté conectada a la red general, lo que ha generado una creciente indignación en el sector de la construcción sostenible.
Normativa obsoleta que penaliza la libertad energética
La medida, en vigor y sin actualizaciones desde hace años, vulnera el derecho de los propietarios a decidir cómo gestionan su consumo energético. Aquellos que optan por una vivienda 100% autosuficiente se ven forzados a asumir el coste de una conexión que, en muchos casos, no necesitan ni utilizan. Evidentemente, esta medida y el coste que conlleva frena a muchos propietarios a decidirse por una vivienda con autonomía energética.
Desde Grupo Index, una promotora referente en el desarrollo de viviendas energéticamente independientes, califican esta situación como "un obstáculo injustificado que frena el avance de la sostenibilidad real".
Viviendas autosuficientes, pero con conexión forzada
Grupo Index, que tiene proyectos activos y en comercialización en varios puntos de la Comunidades de Madrid, explica que el coste de esa conexión obligatoria puede superar varios kilómetros de euros por vivienda, dependiendo de la distancia al punto de enganche y la infraestructura necesaria en cada caso.
"No sólo es una imposición técnica, es también una carga económica injustificada para quienes han invertido en sostenibilidad y autonomía energética, y que puede ser un freno para muchos propietarios", afirman desde la promotora.
"Europa fomenta el autoconsumo y España lo frena"
"La normativa legislativa española necesita una revisión y actualización evidente, ya que mientras Europa promueve el autoconsumo, el almacenamiento y la descentralización de la producción energética, la legislación española sigue anclada en un modelo centralizado que no contempla escenarios de autosuficiencia real", explica esta compañía.
"El Estado debería garantizar la seguridad energética, no imponer una única vía. Hay modelos que funcionan sin conexión, y lo han demostrado en situaciones de emergencia. Seguir obligando a engancharse a la red no tiene sentido técnico ni ecológico", concluye.
Las soluciones energéticas para el sector residencial evidentemente enfrentan nuevos retos, incluso todo el sistema energético también, como se ha demostrado tras el gran apagón en España y los problemas en los trenes de las últimas fechas, por lo que el debate en torno a las normativas y necesidades sobre el suministro eléctrico también.
La compatibilidad de la normativa actual para casas autosuficientes con su futuro y su presente está en entredicho y el debate también, ya que los propietarios deben tener derecho a decidir cómo se alimenta de energía su vivienda. Además, de que las normativas vigentes deben ser coherentes con Europa y con las tendencias y desarrollos sostenibles que buscan todos los sectores productivos, incluida la vivienda y la construcción residencial.