Un año más, tras un análisis de los aproximadamente 8.000 kilómetros de las costas del Estado español, Ecologistas en Acción ha presentado su informe Banderas negras. Se trata de un estudio que recopila las 48 banderas que la organización ecologista otorga a puntos concretos del litoral español, dos por provincia y dos por cada ciudad autónoma. De esta forma, se denuncia un caso de contaminación y otro de mala gestión ambiental en cada uno de estos lugares aunque, tal y como afirma la organización, “por desgracia podrían ser muchos más”.
El número de banderas negras otorgadas en función de su naturaleza asciende a 13 en cuanto a urbanización de la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre; 12 por vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración; 9 por afecciones a la biodiversidad, 5 debido a la acumulación de basuras, plásticos y microplásticos en la costa; 4 por obras portuarias o de defensa costera innecesarias o mal gestionadas; 3 por contaminación química; 1 por daños al patrimonio histórico y cultural en DMPT, y 1 al proyecto de almacenamiento geológico de CO2 que presenta graves daños ambientales y sociales.
En esta edición, la organización ecologista ha puesto el foco en el problema de apropiación y ocupación del espacio público marítimo-terrestre en el litoral del Estado español, una práctica muy extendida por parte de particulares adinerados y sociedades mercantiles.
A pesar de tratarse de actuaciones ilegales, muchas veces algunas Administraciones no hacen cumplir la Ley de Costas. Es el caso de la bandera negra a los propietarios de la urbanización privada en la isla de Toralla, en Vigo, “que consideran que toda la isla es de su propiedad y, con el consentimiento institucional, niegan el libre acceso tanto al litoral como al interior de la isla”, según explica el informe.
En otros casos, Ecologistas en Acción denuncia que "es el propio Estado quien privatiza encubiertamente un espacio público y otorga concesiones a empresas privadas para usos mercantiles que restringen el libre acceso a la población". El informe relata varios de los casos de este tipo que se repiten en toda la costa, como por ejemplo: Isla Pancha (Ribadeo), donde además se hace un uso indebido del espacio, ya que este pertenece a la Red Natura 2000; en los aparcamientos que invaden elParque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, (Cantabria); o con los chiringuitos en Andalucía que, lejos de ser instalaciones temporales, cada vez invaden más el DPMT construyendo incluso sótanos y privatizando el uso de un espacio que es y debe ser público.
Por otro lado, la sobreexplotación turística, con sus resorts de lujo e instalaciones de ocio exclusivas, está detrás de muchas de las usurpaciones de espacio público y suele ser constantemente señalado, año tras año, en el informe Banderas negras. Este año repite en las Islas Canarias la denuncia por la construcción del Hotel RIU Palace Tres Islas en las dunas de Corralejo, en La Oliva (Fuerteventura).
La costa andaluza es, asimismo, objeto de apropiación indebida, con ejemplos como: la bandera negra Costa de Trafalgar en la provincia de Cádiz; el crecimiento urbanístico en zonas inundables con destrucción de hábitats en el humedal del Salar de los Canos (Almería); o la presión urbanística en la playa tarifeña de Los Lances.
Si hablamos de territorios, Cataluña es donde hay más presión urbanística en el litoral. De hecho, los pocos espacios naturales que quedan son objeto de proyectos mercantiles, como el pinar de la playa de La Farella o la parte final del río Rec d’en Feliu (ambos en Girona) donde el plan del gobierno municipal de Llançà pretende urbanizar estos terrenos, a pesar de ser zona inundable y de alto valor ambiental en el umbral del Parque Natural de Cap de Creus.
La bandera negra a la finca "ilegal" de Feijóo
Una de las banderas negras más destacada de este año "por apropiación del espacio público marítimo-terrestre" es la otorgada al matrimonio formado por Alberto Nuñez Feijóo y Eva Cárdenas, por ocupación de espacio público en la playa de O Con, costa de Tirán, en el municipio de Moaña. Aunque la superficie ocupada no representa una gran extensión como en otros casos, dicen desde la organización que "sí es muy relevante que el infractor consorte sea el expresidente de la Xunta y actual presidente del Partido Popular de España".
La Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, acaba de recibir las competencias en la gestión de los usos del litoral, tras un polémico y judicializado traspaso de competencias del Gobierno central. Para Ecologistas en Acción, este ejemplo "confirma que la oleada de reclamación de competencias en el litoral realizadas por las autonomías en los que gobierna el Partido Popular no tenían como fin hacer cumplir la Ley de Costas, sino perpetuar la ocupación y apropiación del espacio público realizada por una minoría acaudalada"
Un año marcado por la DANA
Tras un año marcado por la DANA, el informe también pone el foco en el crecimiento urbanístico en zonas inundables. Sus páginas abordan el caso de Valencia, donde ya se están publicando banderas azules en prácticamente todas las playas afectadas por los residuos de la DANA, sólo siete meses después de la tragedia.
Ecologistas en Acción considera que estas banderas azules son una “grave irresponsabilidad ya que no se han terminado las actuaciones de recuperación y limpieza de las playas valencianas. Además, y sobre todo, no hay resultados analíticos sobre el estado de arenales y lecho marino que han recibido residuos y sustancias contaminantes durante meses”.