Ecologistas en Acción ha presentado ante las 17 comunidades autónomas una reclamación contra la inactividad de los gobiernos autonómicos, exigiendo que adopten con carácter inmediato y urgente las estrategias autonómicas de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas, "pendientes desde hace tiempo y sin que las autoridades regionales hayan mostrado ningún interés". La organización ecologista ha advertido además de que no descarta "plantear los oportunos procedimientos judiciales en caso de que estas reclamaciones no fueran atendidas en tiempo y forma".
Según el artículo 15 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se prevé la elaboración de una Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas de forma conjunta por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, como documento de planificación estratégica que regule la implantación y el desarrollo de la Infraestructura Verde en España. Concretamente el apartado cuarto de dicho artículo obliga a las comunidades autónomas, basándose en las directrices de la estrategia estatal, a desarrollar “en un plazo máximo de tres años a contar desde la aprobación de dicha Estrategia estatal, sus propias estrategias, que incluirán, al menos, los objetivos contenidos en la estrategia estatal”. La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (ENIVCRE) entró en vigor el 14 de julio de 2021, habiendo superado el plazo establecido de tres años en el que las administraciones autonómicas tenían que haber aprobado sus estrategias autonómicas.
La ENIVCRE regula la implantación y el desarrollo de una red coherente y planificada de zonas naturales y seminaturales en el territorio estatal. Es un instrumento clave para la conservación y recuperación de los ecosistemas y establece líneas de actuación efectivas para combatir la pérdida de biodiversidad. Estudios científicos indican que España se encuentra entre los países que menos conectividad alcanza entre sus áreas protegidas y que el impacto a las poblaciones de mamíferos por la fragmentación de hábitats provocada por infraestructuras afecta al 97,7% del territorio estatal y puede suponer un descenso de sus poblaciones del 46,6%.
La aprobación de una Estrategia Nacional de Infraestructura Verde es una obligación derivada de acuerdos internacionales como la Estrategia Europea de Biodiversidad y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. El Marco Mundial establece en sus Metas 2 (Restauración de la Naturaleza), 3 (Áreas Protegidas) y 12 (Zonas Urbanas) compromisos específicos vinculados a la conectividad ecológica. Ecologistas en Acción acusa a las comunidades autónomas "de entorpecer su implementación, resultando no sólo en un incumplimiento legal, sino en una clara dejadez de sus responsabilidades para la conservación de la naturaleza. Su aplicación en los territorios locales es clave no sólo para salvaguardar los ecosistemas, sino también para contribuir a las necesidades humanas. Contiene líneas estratégicas para la reducción de los riesgos naturales derivados de los efectos de la crisis ecológica, mediante la conservación y restauración de la naturaleza".
Para Ecologistas en Acción resulta "muy preocupante" la inactividad de las administraciones autonómicas en el desarrollo reglamentario de esta y otras obligaciones derivadas de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.