La querella se fundamenta en la adjudicación de un contrato público por valor de más de 24 millones de euros, financiado parcialmente con fondos europeos, para el suministro de vehículos destinados al dispositivo INFOCA , el sistema público andaluz de prevención y extinción de incendios forestales.
Según se expone en la querella , los vehículos finalmente entregados por la empresa adjudicataria no cumplen los requisitos técnicos esenciales establecidos en el pliego de condiciones, siendo especialmente graves las deficiencias en
materia de movilidad todoterreno, capacidad de carga, estabilidad y elementos de seguridad activa y pasiva.
Estas irregularidades afectan directamente a la seguridad de más de 900 trabajadores y trabajadoras del INFOCA, entre ellos brigadas de primera intervención y personal técnico de emergencias ambientales, que deben operar en entornos de alta exigencia, incluyendo pistas forestales, zonas escarpadas y situaciones de riesgo por fuego activo.
Los informes técnicos incorporados a la querella alertan de que los vehículos suministrados presentan un riesgo elevado de vuelco, problemas de acceso en terrenos complejos y sobrepeso estructural, dificultando el cumplimiento de los protocolos operativos y poniendo en juego la integridad física del personal.
La querella presentada plantea que esta situación no obedece a un error técnico o logístico puntual, sino a una decisión consciente y contraria a derecho, que vulnera tanto la normativa de contratación pública como la legislación de prevención de riesgos laborales.
CGT confía en que el juzgado inicie una investigación rigurosa sobre unos hechos que, de confirmarse, constituirían una grave infracción de derechos laborales, una quiebra de la legalidad administrativa y un atentado directo contra los principios más básicos de seguridad en el trabajo.
A día de hoy, cuando Andalucía sufre temperaturas extremas, numerosos retenes no disponen del personal mínimo exigido ni de vehículos adecuados para intervenir en zonas forestales. De los aproximadamente 3.500 efectivos que debería tener el dispositivo INFOCA, faltan al menos 400 bomberos forestales. Muchos retenes operan con sólo 4 o 5 personas, cuando deberían contar con 7. Además, muchos bomberos forestales carecen de los preceptivos Equipos de Protección Individual (EPI), lo que los imposibilita para intervenir en un incendio forestal.
Los ecologistas responsabilizan a Moreno Bonilla y al consejero de presidencia
Por su parte, Ecologistas en Acción se pregunta cómo es posible que la Junta de Andalucía facilite a los retenes vehículos que sólo pueden circular por carreteras. Dicen que esta limitación "compromete tanto la eficacia del operativo como la seguridad del personal en caso de evacuación urgente". Y añaden que esta situación se debe "a la incompetencia de la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (ASEMA), en la que Moreno Bonilla integró al INFOCA, poniendo al frente al consejero de Presidencia Antonio Sanz".
Según la organización, "esta Agencia ha degradado un plan que era modélico, deteriorando sus medios y condiciones laborales de los bomberos forestales. ASEMA ha demostrado su incapacidad para cubrir las bajas en los retenes por jubilación o porque, por la edad, han pasado a segunda actividad. También se han demostrado incapaces de adquirir en tiempo los EPI y los vehículos todo terreno imprescindible para los bomberos forestales puedan desarrollar su función".