El pasado mes de mayo, la Concejalía de Seguridad, Medio Ambiente y Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Valdemorillo, dirigida por Miguel Partida Casado, sobrino del alcalde de Villanueva de la Cañada, autorizó trabajos selvícolas que, según varios colectivos, afectaron gravemente a la vegetación y al ecosistema fluvial del barranco del arroyo San Juan, a su paso por las urbanizaciones de Puentelasierra y Jarabeltrán.
"La actuación arrasó con más de un centenar de árboles (pinos, encinas, enebros y fresnos) y arbustos (cornicabra, majuelos) y afectó al cauce y la ribera del arroyo de San Juan, tributario del río Aulencia. Los trabajos, con maquinaria pesada se prolongaron durante el verano, incluso durante las olas de calor, a pesar de considerarse actividad de alto riesgo de incendios", explican.
En junio, vecinos de las urbanizaciones afectadas denunciaron los hechos y se pusieron en contacto con los colectivos Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura. Tras una visita a la zona, comprobaron que la actuación -justificada como prevención de incendios- "se había extralimitado, tanto en cuanto al ámbito como en relación a las acciones recomendadas por la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Se habían afectado hábitats formados por matorrales termomediterráneos y pre-estépicos como la cornicabra, espárrago (hábitat 5330) y el bosques en galería de sauces y álamos de la ribera del arroyo San Juan (hábitat 92AO). Todos incluidos en la Directiva Hábitat y en el Espacio protegido Red Natura 2000, denominado Zona de Especial Conservación de la Cuenca del río Guadarrama", relatan.
Comprobada la situación, los colectivos ecologistas se dirigieron al concejal delegado de Seguridad, Medio Ambiente y Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Valdemorillo "para entender los motivos de tal desaguisado". Por ello, solicitaron la vista del expediente administrativo y de las autorizaciones preceptivas que deberían haberse emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo, al afectar el dominio público hidráulico del arroyo de San Juan y por la Consejería de Medio Ambiente, al haberse actuado sobre un espacio Red Natura 2000. Pero el Ayuntamiento no contestó, ni a esa ni a ninguna de las otras solicitudes presentadas hasta el mes de agosto. Fue entonces cuando presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo por vulneración del derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente regulado en la Ley 27/2006.
En septiembre de 2023, el Defensor del Pueblo instó al consistorio "a permitir la vista del expediente administrativo y a facilitar la información solicitada". Según los colectivos, lareacción municipal, fue remitir un escrito, a las asociaciones ecologistas, en el que se indicaba que volvieran a pedir cita con el concejal, "cita que ya se había pedido cuatro veces". Aun así, desde el 15 de septiembre hasta el 24 de octubre, reiteraron la solicitud hasta siete veces más. En total, desde el 3 de julio al 24 de octubre, ha realizado once solicitudes de cita con el concejal de Medio Ambiente para poder tomar vista del expediente administrativo. Sin embargo, hasta la fecha, denuncian que "el sr. Partida Casado sigue bloqueando el acceso a la información ambiental".
Por ello, las asociaciones ecologistas han vuelto a dirigirse al Defensor del Pueblo comunicando que el Ayuntamiento de Valdemorillo persiste en su opacidad ambiental.
Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, muestran su preocupación "por el desprecio a la legalidad y la transparencia que muestra el consistorio gobernado por Partido Popular y Vox". Además alertan de que "esta actitud desafiante se detecta en otros ayuntamientos de la región, lo que impide que la ciudadanía pueda comprobar si muchas de las decisiones municipales se ajustan o no, a la legalidad".