El Parlamento Europeo ha aprobado con 453 votos a favor, 57 en contra y 123 abstenciones, su posición ante la propuesta de legislación sobre deforestación importada que la Comisión Europea presentó en noviembre de 2021 dando respuesta a una reivindicación histórica de la sociedad civil organizada.
La FAO estima que casi el 90 % de la deforestación está impulsada por la agroindustria. La UE es el segundo importador mundial de deforestación tropical y emisiones asociadas así como responsable, por lo menos, del 16 % de la deforestación asociada al comercio internacional, por un total de 203.000 hectáreas y 116 millones de toneladas de CO₂. España es el tercer país con mayor impacto dentro de la UE.
Las organizaciones ecologistas y de consumidores consideran un avance que el Parlamento Europeo haya votado a favor de incluir también la carne de cerdo, de oveja y cabra, las aves de corral, el maíz, el caucho, el carbón vegetal y los productos de papel impreso en el ámbito de aplicación del Reglamento. No ha cedido a las presiones de la industria y ha incluido el cuero, el producto de mayor deforestación por valor importado en la UE.
Exigencias del nuevo Reglamento
El nuevo Reglamento obligará a las instituciones financieras a que estén sujetas a requisitos adicionales para garantizar que sus actividades no contribuyen a la deforestación.
También se adelantará la fecha de aplicación retroactiva del Reglamento un año, al 31 de diciembre de 2019, frente a la posición del Consejo de la UE de retrasarla a finales de 2021.
Por otro lado se exigirá el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, y no sólo de las leyes estatales sobre derechos de la tierra.
Propuestas rechazadas
Las organizaciones valoran que el nivel de ambición expresado por el Parlamento Europeo va más allá de la decepcionante decisión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE del pasado 28 de junio. Sin embargo, a su vez lamentan que se hayan rechazado algunas enmiendas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI).
«La posición aprobada deja fuera aspectos como la protección de otros ecosistemas naturales como praderas, turberas y humedales, medidas que hubieran mejorado sensiblemente el Reglamento y que será necesario incluir cuanto antes. También preocupa, entre los colectivos ecologistas y de consumidores, que la propuesta de Reglamento no prevé —por el momento— un mecanismo de responsabilidad civil ni la posibilidad de reparación e indemnización», explican.
En el lado positivo, eurodiputadas y eurodiputados han mejorado el texto respecto al acceso a la justicia. Las enmiendas exigen un acceso justo, equitativo y oportuno a un tribunal u otro organismo público independiente e imparcial, que ofrezca recursos adecuados y eficaces. No obstante, no se ha contemplado un derecho adicional para demandar directamente a las empresas, «lo que significa que éstas seguirán siendo responsables sólo administrativamente y no en virtud del derecho penal o civil».
Negociaciones complejas
Tras el voto en el Pleno del Parlamento Europeo, comenzarán, posiblemente en octubre, las negociaciones o “trílogos” del texto entre Comisión, Consejo y Parlamento. Dichas negociaciones pueden presentarse complicadas, ya que la posición del Consejo es muy conservadora y, según actas confidenciales de julio a las que estas organizaciones han tenido acceso, no parecen tener voluntad de mejorar su posición.
Esta postura contrasta con la opinión de la ciudadanía europea que, en su mayoría (82%), cree que las empresas no deberían vender productos que destruyen los bosques del mundo y apoyan una ley en este sentido (81%), según refleja una encuesta publicada en septiembre. La ciudadanía espera que la UE tome todas las medidas necesarias para que su cesta de la compra no provoque la destrucción de hábitats naturales.
Amigos de la Tierra, CECU, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Mighty Earth, SEO/BirdLife, WWF y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo han instado a las instituciones europeas “a alcanzar una ley rigurosa y valiente que cumpla con los compromisos vinculantes de la UE para frenar la deforestación y la pérdida de biodiversidad, así como para proteger los derechos humanos y los bosques, esenciales en la lucha contra la crisis climática”.