Tras las restricciones de la movilidad por la crisis de la COVID-19, las intensas y prolongadas olas de calor han disparado las puntas de ozono en todo el país, como advierte el informe «La contaminación por ozono en el Estado español durante 2022» elaborado por Ecologistas en Acción. Este analiza los datos recogidos en 490 estaciones oficiales de medición repartidas por todo el territorio español, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022.
El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte -en especial los vehículos diésel-, las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante secundario que en verano afecta a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.
Según el informe anual, el ozono sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español, y el más estrechamente ligado al cambio climático, por su relación con las altas temperaturas. Durante 2022, sus niveles han repuntado respecto a los dos años de la pandemia (2020 y 2021) como consecuencia de las tres intensas y prolongadas olas de calor del verano, el más cálido desde al menos 1961, aunque sin alcanzar en general las concentraciones habituales en los años anteriores.
El documento toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2022 a 46,8 millones de personas en el Estado español, el 98,7 % de su población, así como a 503.000 kilómetros cuadrados, el 99,7 % del territorio. Es decir, toda la población española salvo los habitantes del norte de Gran Canaria y de Tenerife y los de las ciudades de Logroño y Pontevedra habrían respirado un aire con más ozono del recomendado por la OMS.
Si se considera el valor objetivo trienal establecido por la normativa española y europea, más laxo que el de la OMS, la población que habría respirado aire contaminado con arreglo a los criterios del informe en el periodo 2020-2022 sería de sólo 1,3 millones de personas, un 2,7 % de la total, en el Prepirineu catalán y el Corredor del Henares, la Sierra Norte y las Cuencas del Alberche y del Tajuña madrileñas. La cifra más baja de personas afectadas desde la entrada en vigor del objetivo legal, por los bajos registros de los años 2020 y 2021.
La frecuencia de las superaciones de los estándares de la OMS y legal ha sido inferior a la de los años previos a la pandemia, con descensos de respectivamente el 24 % y el 26 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto del Estado, aunque en 2022 se han producido dos centenares de superaciones del umbral de información, coincidiendo con las olas de calor de mediados de junio y sobre todo de julio.
Aumento en la cornisa cantábrica
Durante 2022, los territorios más afectados por el ozono se reparten entre la Comunidad de Madrid y Cataluña, habiendo aumentado también en la cornisa cantábrica (Asturias, Cantabria y País Vasco), Illes Balears y el sur de Castilla y León. En cambio, los niveles de ozono se habrían reducido especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, el norte de Castilla y León, Comunitat Valenciana, el Valle del Ebro, Extremadura o Galicia.
Pese a la sustancial mejora de la situación en los últimos tres años, trece zonas de Andalucía, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad de Madrid, con siete millones de habitantes, han seguido incumpliendo el objetivo legal en el trienio 2020-2022, al excederlo en al menos una de las estaciones de medición ubicadas en su interior.
Cambio climático, factor determinante
El cambio climático se confirma como un factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por ozono, por el incremento de las temperaturas, el alargamiento progresivo de la duración del verano -estimado por la AEMET en un día al año- y la reducción de las precipitaciones, a sumar a otros “inconvenientes” ambientales entre los que, en 2022, hay que destacar en España los virulentos incendios forestales.
Un problema sanitario
La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado español, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Durante el verano de 2022, el Instituto de Salud Carlos III ha identificado 4.800 muertes atribuibles a las elevadas temperaturas y a la mayor exposición a contaminantes como el ozono. Las personas más afectadas son niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.
El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Sólo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2% del PIB agrícola.
Información a la ciudadanía no adecuada
La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Los gobiernos de Asturias, Extremadura y País Vasco no han advertido a la población de los episodios de este verano, como es preceptivo, mientras las restantes comunidades se han limitado a difundir avisos rutinarios. Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono, y sólo Valladolid ha aplicado medidas de limitación del tráfico en episodios.
Los planes autonómicos de calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios, según la legislación y el Tribunal Supremo. Pero diez comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco- siguen sin aprobarlos. A instancias de Ecologistas en Acción, los tribunales han sancionado la inactividad de los gobiernos de Castilla y León y Navarra, mientras la de Cataluña y la Comunidad Valenciana está pendiente de sentencia.
Cumplimiento de las obligaciones
Ecologistas en Acción ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que exija a las comunidades autónomas que cumplan con sus obligaciones en la materia y que agilice su propio Plan Nacional de Ozono, comprometido en 2015 y no retomado hasta 2020. Hasta la fecha se han desarrollado estudios sobre la dinámica regional del ozono en España, sin concretar los objetivos y las medidas del Plan Nacional.
Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el apoyo a las energías renovables en sustitución de las fósiles. También es necesario ampliar el Área de Control de Emisiones acordada para el Mar Mediterráneo, crear un Área de Control de Emisiones de los buques en el Océano Atlántico, reducir el tráfico aéreo y evitar nuevas ampliaciones de aeropuertos, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las grandes explotaciones ganaderas intensivas.
A dos meses para que venza el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, pocas han cumplido esta obligación legal, pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para ello. Ecologistas en Acción pide a los alcaldes «que prioricen la salud de sus vecinos sobre cálculos electorales poco justificados».
La crisis de la COVID–19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria y los edificios son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales, también en el caso del ozono. La dramática situación creada por la pandemia ha corroborado que la reducción de las emisiones de precursores sí es efectiva para combatir la contaminación por ozono.