El primer Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA) de la Comunidad Valenciana, después de la DANA del 29 de octubre, como órgano asesor y vía de participación de instituciones y entidades públicas y privadas en materia de medio ambiente, ha abordado las consecuencias ambientales, residuales y humanas de la catástrofe, principalmente con la afección sobre la Albufera, las camas fluviales, el urbanismo y la gestión de los residuos.
Revisión del PATRICOVA
Un aspecto prioritario para las entidades ecologistas era pedir una moratoria de los planes urbanísticos en suelos no urbanizables afectados por la DANA, como así lo ha hecho la Generalitat, pero también de todos aquellos proyectos de otros puntos de la Comunidad Valenciana. Asimismo, han solicitado revisar profundamente el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitad Valenciana) y las actuaciones programadas en suelos con riesgo de inundabilidad de períodos de retorno de 500 años.
En el Parque Natural de la Albufera, la superficie afectada abastece a 170.000 metros cuadrados . Aunque la administración confirmó que ya no existen vertidos provenientes de las depuradoras y que los informes hablan de niveles bajos de contaminación del agua, las organizaciones ecologistas recuerdan que existen parámetros con menor transparencia, mayor conductividad y mayor temperatura que no se habían normalizado.
Asimismo, recuerdan que algunos datos sobre el amonio o los sólidos en suspensión no aparecían en los informes desde el 11 de noviembre. Por tanto, explican, para alcanzar los niveles de mejora de calidad, la Albufera necesitará de un aporte extraordinario de agua limpia del Júcar durante meses.
La Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera no se reúne desde la DANA
Por otra parte, Ecologistas en Acción ha manifestado: "no aceptamos la excusa para no reunir en la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera cuando ya habían pasado 50 días desde la DANA, y pedimos su convocatoria para ser informada y evaluar la situación desde ese organismo. En este sentido, los grupos ecologistas del CAPMA también recordaron la solicitud de una comisión de recuperación de la Albufera con las tres administraciones y la presencia de las partes interesadas (organizaciones ambientales, regantes, ayuntamientos…)".
Asimismo, las entidades medioambientalistas también han puesto el foco en erradicar el concepto de "limpieza de ríos y barrancos" y sustituirlo por unas restauraciones fluviales adecuadas que compatibilizan las funciones ambientales con la prevención de la inundación. Algunas soluciones al respecto podrían ser la ampliación de las camas de los ríos recuperando el espacio fluvial, la ampliación de las zonas de inundaciones como tanques de tormenta y áreas de retención de agua; la creación de corredores fluviales; la eliminación de la caña; la plantación de especias de bosque de ribera, así como de las barreras obsoletas, y todo ello acompañado de "pedagogía social y ciudadana sobre la población afectada o no".
Calidad del aire en la zona cero
En relación a la calidad del aire de la zona 0, las organizaciones han pedido "una implantación inmediata de un protocolo real y no un tonto banner sobre recomendaciones dirigidas a la población".
Por último, en cuanto a los residuos generados por la DANA -se habla de la generación de 1,5 toneladas en un día (el volumen anual en la Comunidad Valenciana es de 2 toneladas)- solicitan fijar el 23 de febrero de 2025 como fecha límite para retirar la acumulación y acopio de vehículos. En ese sentido, y a petición de Ecologistas en Acción, se empezará por los que sean más peligrosos y estén más cerca de las viviendas.
La filosofía del CAPMA
El resto de puntos del CAPMA "se trataron de forma rápida y escueta", apuntan las entidades, "como temas meramente informativos". En ese sentido, Ecologistas en Acción ha lamentado "que la Generalitat no cumple con el espíritu que regula el CAPMA, creado como una mesa de diálogo y participación sobre proyectos normativos futuros y en la que se invita a la sociedad civil a proponer mejoras y cambios en futuras leyes y regulaciones medioambientales". En cambio, el actual gobierno de Carlos Mazón "no quiere entrar en ese debate y prefiere utilizar el CAPMA como una entidad meramente informativa", afean al gobierno regional.