Ecologistas en Acción advierte de que la designación como “proyectos estratégicos europeos” de seis minas en el Estado español, anunciada por la Comisión Europea el pasado mes de marzo, "está en el aire". Esta semana la firma jurídica alemana Green Legal Impact ha publicado un informe que cuestiona la legalidad de la decisión y que servirá de base para el recurso de revisión interna que planteará este mes la organización ecologista para anular la decisión.
El informe alerta de que la Comisión Europea "ha vulnerado su obligación de motivar una decisión que ha sido fuertemente cuestionada por la sociedad civil". Ecologistas en Acción ha tenido acceso a parte de las solicitudes de proyectos españoles y ha verificado que estas se apoyaban "en información falsa u omitían datos clave que hubiesen implicado la descalificación de los proyectos".
Según explica Cristóbal López, coordinador del Área de Minería de Ecologistas en Acción, "esto es algo que la Comisión sabe y por esto se ha negado a proporcionar copia de las solicitudes presentadas por estas empresas que tiene un amplio historial de infracciones”.
Entre los proyectos seleccionados por la Comisión, "sin justificación ni transparencia", están las minas de Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz), y proyectos con amplia contestación social por sus previsibles impactos como los de Las Navas (Cáceres), Doade (Ourense) y El Moto (Ciudad Real). Ecologistas en Acción consideran que las tres primeras "son casos paradigmáticos de malas prácticas y han sido sancionadas o condenadas por la vía penal por daños medioambientales y otras ilegalidades".
La mina de La Parrilla fue sancionada y cerrada en 2022 por carecer de autorización ambiental y por construir ilegalmente balsas de residuos mineros, mientras que la Mina de Las Cruces acumula más de 6,5 millones de euros en sanciones e indemnizaciones por extracciones ilegales de aguas del acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, masas de agua consideradas como reserva estratégica de emergencia para el consumo humano de Sevilla en caso de escasez. En el caso de la mina de Aguablanca, fue cerrada en 2015 por iniciar una explotación subterránea ilegal y actualmente está liderada por empresarios con un amplio historial de vulneraciones de derechos humanos en sus explotaciones de oro y petróleo en Colombia.
En base a estos hechos y a los recientes informes jurídicos, Ecologistas en Acción pretende anular esta decisión, al entender que "aumentará el clima de impunidad legal y de excepcionalidad a la hora de contaminar que ya domina la minería ibérica". Se espera que la Comisión Europea resuelva el recurso de revisión antes de acabar este año, lo que abrirá las puertas a presentar una demanda formal ante el Tribunal General de la Unión Europea. En paralelo, la organización ecologista mantiene varias demandas con las autorizaciones individuales de estos proyectos que ya han concedido las respectivas comunidades autónomas.
Esta semana, representantes de Ecologistas en Acción y de otras organizaciones europeas se están reuniendo en el Parlamento Europeo con eurodiputados de distintas fuerzas políticas para denunciar la opacidad de los proyectos estratégicos europeos e intentar frenar los proyectos extractivistas lesivos para los territorios.