La Comisión Europea ha publicado recientemente la lista de “proyectos estratégicos” bajo el Reglamento de Materias Primas Fundamentales para acelerar la obtención de minerales considerados estratégicos para la transición energética y digital y otras industrias como la armamentística. La consideración de proyecto estratégico permite la tramitación acelerada de permisos de explotación e impide una participación efectiva de las poblaciones locales.
Estos proyectos también tendrán un estatus prioritario en procesos administrativos y judiciales y recibirán ayuda de la Comisión Europea para obtener financiación. Un aspecto "muy preocupante" es que una parte muy importante de los yacimientos de los llamados “minerales críticos” se encuentran muy cerca o dentro de zonas de protección especial como la Red Natura 2000 y los proyectos seleccionados podrán considerarse “de interés público superior”, debilitando la aplicación de las directivas ambientales de protección de la naturaleza.
Alertados por esta situación, numerosas organizaciones ecologistas y colectivos sociales de toda Europa se han dirigido a la Unión Europea solicitando información sobre estos proyectos para poder evaluar el impacto ambiental y social que causarán en el entorno. Ante la negativa de los organismos europeos a facilitar información básica relativa a estos proyectos mineros, 230 organizaciones (ONGs, bufetes de abogados y grupos formales e informales que trabajan en el estado de derecho, la protección del medio ambiente, los derechos humanos, el extractivismo…) han escrito una carta a la Presidente Metsola y a los Grupos Políticos en el Parlamento Europeo solicitando que se les permita ejercer su derecho de acceder a la información pública y ambiental.
Para las organizaciones firmantes "esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar a determinados proyectos una calificación que les brindará privilegios económicos y administrativos, tales como la tramitación acelerada de concesión de autorizaciones". Además, supone una vulneración del Convenio de Aarhus sobre información, participación y justicia ambiental.
Las organizaciones advierten de que las actuales políticas sobre minerales críticos, lejos de garantizar una transición ecológica justa, ahondan en las desigualdades sociales y territoriales existentes y pueden aumentar la desafección hacia las políticas climáticas. Tampoco resuelven sino que profundizan en el expolio de recursos del Sur Global, sin garantizar los derechos de los pueblos indígenas ni de las comunidades locales en estos países.
Demandan, con carácter inmediato, una revisión de los proyectos estratégicos seleccionados de forma que se garantice que no recibe esta calificación ningún proyecto con malas prácticas ambientales y sociales, ni proyectos ubicados en espacios naturales protegidos, así como en otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas. Asimismo, recalcan que es imprescindible un giro de 180º en las políticas sobre materias primas minerales de forma que se priorice la reducción de la demanda y el reciclaje de metales, y que se ponga en el centro de la toma de decisiones el bienestar de la población y su entorno.
“Para que la política minera de la UE sea creíble y sostenible, debe basarse en una planificación espacial estratégica que defina con claridad qué materias primas se necesitan, en qué lugares pueden extraerse sin poner en riesgo el medio ambiente ni las comunidades, y bajo qué condiciones deben desarrollarse. Esta planificación debe construirse con criterios de interés general y con una participación pública real y reforzada. No podemos dejar que el rumbo lo marquen propuestas dispersas impulsadas únicamente por los intereses particulares de las empresas”, afirman desde el conjunto de organizaciones firmantes de la carta.
Minas con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales
Las organizaciones y plataforma españolas firmante de la carta denuncian, además, que en España se hayan escogido minas con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales, como son las de Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz), y proyectos con amplia contestación social por sus previsibles impactos en espacios protegidos como los de Las Navas (Cáceres), Doade (Ourense) y El Moto (Ciudad Real).
Recuerdan que la mina de La Parrilla fue sancionada y cerrada en 2022 por carecer de autorización ambiental y por construir ilegalmente balsas de residuos mineros, mientras que la Mina de Las Cruces acumula más de 6.5 millones de euros en sanciones e indemnizaciones por extracciones ilegales de aguas del acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, masas de agua consideradas como reserva estratégica de emergencia para el consumo humano de Sevilla en caso de escasez. En el caso de la mina de Aguablanca, Denarius está liderada por empresarios con un amplio historial de vulneraciones de derechos humanos en sus explotaciones de oro y petróleo en Colombia.