Según el Gobierno de Cantabria, los 41 lobos condenados a morir en un año representan un 20 % de la población, al asumir una media de 9 lobos por manada —una cifra que la mayoría de la literatura científica rebaja, al menos, a 7 lobos— y un total de 23 manadas. Sin embargo, según el censo oficial de Cantabria, el 40 % de las manadas detectadas son compartidas con comunidades vecinas y, de hecho, en cinco de ellas los cachorros se encontraron en Castilla y León.
Este doble conteo con regiones vecinas, a la hora de fijar los cupos, implicaría tasas de mortalidad superiores al 20 %, lo que podría provocar el declive de la población de lobos en Cantabria. Así lo advierte el informe científico “El lobo en España”, elaborado por dos reconocidos especialistas en la especie y publicado por WWF. Además, advierte el documento, se están matando ejemplares adultos (incluyendo hembras reproductoras) antes de que las manadas completen su ciclo reproductor, por lo que el impacto será mucho mayor y el porcentaje muchos más elevado del estimado.
En en el informe, la organización asegura que no existen datos sobre el número de lobos que mueren por otras causas —como atropellos o furtivismo—, pues aunque se recogen datos esporádicos, para tener estimaciones fiables es necesario el radio-seguimiento de ejemplares.
El doble conteo de las manadas compartidas a la hora de establecer cupos de caza y control y el desconocimiento de otras causas de mortalidad pueden tener un impacto sobre la población de lobos muy superior al que algunas administraciones han anunciado, según destaca el informe, en referencia a Cantabria.
Por eso WWF alerta de que este impacto insostenible "es incompatible con el mantenimiento de la población en un estado de conservación favorable, una obligación legal recogida en la Directiva de Hábitats de la Unión Europea para todas las especies protegidas por el Anexo V, entre las que se incluye el lobo en Cantabria". Además, tal y como el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha dejado muy claro, "no se pueden aplicar medidas de control a poblaciones de lobo, cuyo estado de conservación es desfavorable, como ocurre actualmente en España".
Una guerra sin cuartel a base de matar hembras en periodo de cría
"El Gobierno de Cantabria ha declarado una guerra sin cuartel contra el lobo, matando hembras en pleno periodo de cría, utilizando silenciadores o visores térmicos, sin ningún tipo de sensibilidad por la naturaleza”, ha asegurado el coordinador de conservación de WWF España. Además, ha anunciado que "la política de Cantabria contra el lobo es incompatible con la conservación de la especie, y seguiremos agotando todas las vías legales para detener estas matanzas".
Indemnizaciones entre las más generosas del país
Según WWF, Cantabria es una de las regiones de España que menos trabaja por la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, con un apoyo totalmente insuficiente para la aplicación de medidas preventivas. Por el contrario, las indemnizaciones por ataques de lobo están entre las más generosas del país, se pagan con rapidez y cubren conceptos como el lucro cesante o los gastos veterinarios, aunque su cobro no está vinculado de ninguna manera a la aplicación de medidas de protección del ganado.
Sáenz de Buruaga utiliza el Día de Cantabria contra el lobo
La obsesión contra el lobo del Ejecutivo cántabro, liderado por la popular María José Sáenz de Buruaga, alcanza cotas inimaginables por ridículas. Así ha vuelto a ponerse de manifiesto durante el discurso de la presidenta regional con motivo del Día de Cantabria, en el que ha vuelto a atacar al lobo. Entre las políticas de estos años, Sáenz de Buruaga ha destacado el apoyo al sector primario "de los ataques del lobo y de los ataques del Gobierno central", utilizando todos los recursos y "la más mínima oportunidad para revertir la decisión de rebajar la protección del lobo", y ha anunciado que el Gobierno de Cantabria va a solicitar la personación de la Comunidad Autónoma "como coadyuvante" en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo, "para defender los intereses de Cantabria, la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas y las competencias de la comunidad autónoma en materia de gestión del lobo".
